Entre la empresa y la manifestación callejera. Así transcurren ahora los días de Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Costarricense de Agricultura y Agroindustria (CCC).
Sáenz reafirma la justicia de su causa, en favor de la reducción del impuesto de bienes inmuebles para todos los agricultores, que es ahora la principal inquietud y demanda del sector.
Es la mayor preocupación, pero no la única. Sáenz asegura que años de abandono están propiciando que el sector agrícola se convierta en una bomba inmensa, a pesar de que muchos no lo han entendido.
Y afirma que ahora se han unido y se levantarán, para tratar de evitar que detone.
¿Por qué un empresario exitoso decide liderar un movimiento social tan complejo como el agrícola?
Porque Costa Rica está a las puertas de una catástrofe social, si no se corrige el cobro de impuestos sobre los terrenos agrícolas.
“Así como están las cosas, los pequeños productores se convertirán en vendedores, los medianos en pequeños y los grandes en medianos”.
“Perderemos la economía de escala que, en teoría, era la que nos iba a permitir tener éxito en los tratados de libre comercio”.
Muchos dirigentes agricultores son políticos, ¿ha pensado usted en dar el paso de la política empresarial a la política electoral?
Trabajo por principios, no pretendo nunca meterme en política electoral. Si estoy en política empresarial es porque el depositario del saber, desde los tiempos de Aristóteles, es el empresario de cualquier nivel. Somos los que sabemos sufrir para pagar impuestos y hacerle frente a todas las cargas.
“Estoy en esto porque empecé a ver con preocupación la separación que hay entre la moral pública y la ética privada. La sociedad, así, se desbarranca. Tenemos que fortalecer las redes de sostenimiento social, para aprovechar los beneficios de la apertura comercial. En la empobrecida zona rural costarricense, el agro es el que genera empleos”.
Afirman los opositores a disminuir el impuesto sobre los terrenos agrícolas que las grandes transnacionales serán las beneficiadas con el proyecto de ley en trámite. ¿Qué tiene que decir al respecto?
A esa gente le digo que desconocen el sector agrícola costarricense, porque las grandes transnacionales no son productoras, son comercializadoras.
“Esas empresas compran el aceite, compran el banano, la naranja y los exportan.
“Si elevamos el nivel de costos de los productores nacionales esas empresas no pagarán más y obligarán al productor a absorber el costo, porque si no se irán a comprar a Honduras o Guatemala, creando un gran desequilibrio social en Costa Rica, porque solo el banano y la palma generan 80.000 empleos entre ambas actividades”.
“Esta forma de calcular el tributo sobre los terrenos implica una reforma agraria a la inversa”.
Entonces, ¿los grandes merecen el mismo trato que los pequeños cuando se habla del agro?
He escuchado a gente que dice que las grandes empresas agrícolas no le pagan a la Caja. Bueno, que las cierren. Se habla de que no procede un trato diferente para las empresas agrícolas grandes, pero no se habla en esos términos cuando se trata de zonas francas o de las empresas de servicios.
¿A qué plazo ven ustedes los perjuicios en caso de que los diputados decidan no disminuir el impuesto sobre bienes inmuebles?
En tres o cuatro años usted empezará a ver un verdadero caos y un vacío social. La gente que ya declaró el valor de su propiedad está salvada. Pero es una bomba inmensa lo que viene, nadie lo ha entendido.
“Hay muchos finqueros que afirman haber negociado con las municipalidades un valor menor del terreno, lo cual no se puede hacer, porque los van a obligar a pagar de acuerdo con la plataforma vigente. Negociar impuestos se presta para cualquier tipo de corrupción e inseguridad jurídica. Eso lo estamos denunciando”.
¿Tienen noticias de empresarios agrícolas que hayan tirado la toalla por el ambiente adverso que se prevé para la producción?
El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE agrícola) ha caído durante los últimos meses con mucha fuerza, la agricultura es una actividad de largo plazo. Lo que usted ve hoy es el producto de decisiones tomadas hace tres o cuatro años. Entonces, la caída del sector va a ser lenta, pero sostenida en el tiempo.
¿Por qué consideran injusto el cobro del impuesto de bienes inmuebles, si todos aquellos dueños de propiedades lo deben cancelar sin chistar?
Porque está mal calculado para los agricultores, porque no hace diferencias entre un terreno para urbanizar y uno para cultivar. Es un impuesto muy injusto jurídicamente, porque no incluye el factor de uso diferenciado que se ordenó incluir desde el 2007 y porque va directo al activo patrimonial más importante del agricultor: la tierra.
“Un hotel con tres hectáreas de terreno es muy grande. Esa misma extensión, para pastoreo, solamente serviría para tener tres vacas”.
¿Les ha faltado a los agricultores mayor poder de convencimiento para lograr la aprobación del proyecto para diferenciar el uso del suelo?
Creo que no. Pienso que algunos diputados se han valido de ese proyecto para sus fines políticos.
“Si ellos lo que quieren es que importemos la leche, la carne, el arroz y los vegetales, bueno que lo digan”.
“Pero que no usen el argumento de que se preocupan por nuestra seguridad alimentaria, mientras que, con la otra mano, empujan subirnos la base del costo a los agricultores”.
¿Cambió el sector después de la que llamaron “Madre de todas las Marchas”?
Sí, inmensamente. Ahora tenemos una mesa agropecuaria. Se consolidó la lucha por rescatar la importancia de la agroindustria como generador de bienestar social.
Sembrando la polémica
Agro aún es motor: “Costa Rica es el primer país de América en diversidad de exportación de cultivos. El PIB agroindustrial es un 15% y el agrícola un 8% de la producción total, empleamos al 32% de la población económicamente activa”.
80% y no 50%: “Las municipalidades no tendrán pérdidas porque el 80% del factor de ajuste solo se aplicará a las propiedades que han sido tasadas con el valor máximo de las plataformas. Más bien serán beneficiadas con la actualización del valor de todas las propiedades”.
Política: “Costa Rica necesita una política nacional agrícola de Estado, no de gobierno”.
Fuente Álvaro Sáenz