Los cinco principales candidatos a la presidencia de la República no ven un nuevo paquete fiscal como la primera alternativa para solucionar el problema del faltante de recursos económicos en el Estado.
Por el contrario, durante el debate presidencial de Telenoticias de Canal 7 emergió que, para acometer el déficit fiscal, en los planes de los aspirantes primero se encuentran propuestas como frenar el crecimiento de la planilla del Estado, controlar mejor los gastos que hace el Estado, revisar las exoneraciones fiscales y hacer crecer la economía como medio para aumentar la recaudación tributaria.
Así, el candidato del Movimiento Libertario, Otto Guevara, afirmó que esta última ruta y suspender las contrataciones de personal en las instituciones del Estado son algunas de las alternativas a las que echaría mano para frenar el crecimiento del endeudamiento público.
Johnny Araya, aspirante del Partido Liberación Nacional (PLN), se inclina por crear una nueva institución pública para controlar los ingresos y los egresos estatales, la Agencia Nacional para la Administración Tributaria.
En segundo lugar promovería crear parámetros para evaluar la calidad del gasto público y para calificar la gestión de las instituciones.
En materia de nuevos impuestos, Araya impulsa un plan fiscal que “no sea traumático, progresivo y simple”, además de generar un crecimiento en la actividad económica para mejorar el flujo de recursos a las arcas públicas.
José María Villalta, candidato del Frente Amplio, por su parte, contestó que sus tres medidas principales para reducir el déficit fiscal serían contener el despilfarro de los recursos del Estado, fortalecer la capacidad de control de las autoridades tributarias y en tercer lugar, impulsar una reforma tributaria que se enfoque en reformar el Impuesto sobre la Renta para aumentar su tasa entre un 5% y un 10% para gravar a aquellos sectores que generen más ganancias.
Aparte de intentar ganar la confianza de los contribuyentes, Luis Guillermo Solís, candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC), sostuvo que durante su eventual gobierno intentaría impulsar una revisión a las actuales exoneraciones fiscales para determinar si benefician al país.
Otras alternativas
Más tarde, durante la segunda mitad de su eventual administración, Solís planearía echar a andar un plan de reforma fiscal para aumentar los impuestos de forma progresiva.
El candidato de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza, en tanto, dijo que se enfocaría, en primera instancia, en frenar el crecimiento del gasto ordinario del Estado, respetando el equilibrio que ordena la Ley de Presupuestos Públicos.
Piza y Otto Guevara son los dos candidatos que descartan por completo aumentar la carga tributaria existente.
En el segmento de preguntas entre los candidatos Johnny Araya consultó a Guevara cómo pretende compensar la reducción de impuestos que planea concretar, a lo que el libertario contestó que mediante el crecimiento económico que generaría más recursos al Estado vía recaudación tributaria.
El liberacionista calificó la propuesta guevarista como irresponsable y populista, al querer reducir al Estado a la mínima expresión.
En otro intercambio, José María Villalta demandó a Johnny Araya aclara cuáles medidas concretas impulsaría para frenar la corrupción en el gasto público.
Ante la pregunta, Araya dijo que ha criticado los hechos de presunta corrupción que sucedieron durante la apertura de la trocha fronteriza con Nicaragua y en otros proyectos; acto seguido, dijo que garantizaría el buen uso del dinero del Estado nombrando un Gabinete con gente proba en honestidad y acercando más a la ciudadanía a la fiscalización de grandes proyectos de obra pública.
En la réplica, Villalta afirmó que las actuaciones de Araya durante su gestión como alcalde de San José, entre el 2007 y el 2011, alejó a la ciudadanía de la fiscalización de la labor municipal y casi no recibió audiencias, entre otras falencias relacionadas con el uso de los recursos.
Durante las preguntas, Luis Guillermo Solís le pidió a José María Villalta aclarar cómo haría para no desfinanciar al Estado con su propuesta para eliminar el tope de cesantía en el sector público.
En su respuesta, Villalta no aclaró cómo protegería las arcas estatales, empero, afirmó que mientras el país no tenga un seguro de desocupación el aumento en la cesantía surge como la única protección para los trabajadores.