¿Dónde se gradúan los jueces?

En su mayoría se originan de universidades privadas, pero entre más alto es su rango, la presencia de graduados de la Universidad de Costa Rica (UCR) se incrementa.

Esa es una tendencia general sobre el origen educativo de los jueces costarricenses que hace el Primer Informe Estado de la Justicia , del Programa Estado de la Nación (PEN).

El nuevo estudio da seguimiento al Poder Judicial con mayor profundidad que lo ha venido haciendo el tradicional Informe Estado de la Nación .

Su financiamiento proviene de recursos del Poder Judicial y del PEN, y contempla el análisis de indicadores de entre 1900 y 2013.

Por licenciatura, el 36%, de un total de 1.232 jueces, viene de la UCR, la única universidad estatal que ofrece ese grado de titulación.

Las demás son de centros privados, con una mayor acumulación (11%) de egresados de la Universidad Federada.

Del total de jueces, 41 ocupan el puesto más alto (llamado “juez 5”, según la clasificación del Poder Judicial). Entre ellos, 31 son de la UCR (75%).

Cabe advertir que el hecho de que a mayor estatus en el escalafón de jueces haya más presencia de graduados de la UCR, no necesariamente está asociado con el origen del título.

Entre múltiples factores que pueden participar, los jueces de altos rangos tienen mayor edad (experiencia) y carrera judicial recorrida, tal y como lo requiere su puesto, y es muy probable que quienes ostentan estos cargos se graduaron de licenciados en leyes cuando la oferta de título por universidades privadas era mucho más baja que la actual.

¿Qué se requiere para ser juez?

Los requisitos para ser juez en Costa Rica son muy diversos. Lo mínimo es tener una licenciatura en leyes y pertenecer al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Sin embargo, el informe llama la atención en que, si bien existe un curso oficial para ser juez, este es opcional.

“En otros países como España, Italia y Alemania, al juez se le somete a un proceso de inducción y entrenamiento intensos, pero, a diferencia de nuestro país, el curso es obligatorio para el puesto”, explicó Marco Feoli, abogado, investigador del tema.

El Poder Judicial introdujo cambios para darle más objetividad a la selección de jueces, sostiene el informe, sin embargo los magistrados (jueces de rango máximo) conservan un enorme poder de decisión para nombrar a jueces de mayor rango (“juez 4” y “juez 5”).

“Antes de la reforma de inicios de los noventa, cada cuatro años los jueces podían ser removidos a instancia de los magistrados. Esto pone a dudar sobre cuánto independencia de criterio podía tener un juez con respecto a su superior”, sostiene Feoli.

“Ha habido avances, sin embargo los magistrados conservaron una cuota importante en los nombramientos. Uno esperaría que sean los consejos superiores los que nombren a los jueces, para que así el vértice del Poder Judicial se limite a lo jurídico y no influya en esas decisiones”.

¿Y las especialidades?

Del total de sentenciadores, 191 cuentan con un título de especialización (15%), la mayoría egresados de la UCR.

Cerca del 50% tiene una maestría (538 jueces), con mayor concentración en la Universidad Nacional, con la que el Poder Judicial suscribió un convenio por la Maestría de Administración de Justicia.

Solamente 41 jueces tienen un título de doctor. De estos, 17 son graduados de la Escuela Libre de Derecho (41%) y solamente ocho se doctoraron fuera del país, todos con puestos de jueces de alto rango (“juez 4” y “juez 5”).

La investigación de Feoli señala la carencia de información sobre el impacto que tienen los posgrados en el rendimiento de los jueces.

“Debe admitirse que los estudios de posgrado no son inusuales entre los jueces costarricenses. De lo que no se tiene información es del impacto, más allá del puntaje obtenido en los concursos, sobre su desempeño”, dijo.

Cada grado de escolaridad tiene un puntaje, utilizado para que los funcionarios compitan por puestos en el Poder Judicial.

Feoli agrega: “Tampoco se tienen datos acerca de si estas características del perfil académico de los jueces se diferencian del abogado promedio costarricense”.