Contralora afirma estar ‘sorprendida’ con ‘insistencia’ de Recope en desarrollo de la Refinería y defiende actos administrativos cuestionados por Recope

Por: Gerardo Ruiz Ramón 6 junio, 2014
La contralora Marta Acosta adelantó que mantiene cada uno de los argumentos que cuestiona Recope en una demanda presentada a finales de abril contra la decisión de la Contraloría de paralizar el desarrollo de la refinería de Moín.
La contralora Marta Acosta adelantó que mantiene cada uno de los argumentos que cuestiona Recope en una demanda presentada a finales de abril contra la decisión de la Contraloría de paralizar el desarrollo de la refinería de Moín.

El expresidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) Litleton Bolton, acusó a la Contraloría General de la República (CGR) por coadministrar y exceder sus competencias en el caso del proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Moín, en conjunto con el Gobierno de China.

La demanda la presentó Bolton el 24 de abril, como uno de sus últimos actos antes de dejar la presidencia ejecutiva de Recope, el 8 de mayo, cuando Luis Guillermo Solís y su Gabinete asumieron el poder.

El litigio lo dio a conocer la contralora, Marta Acosta Zúñiga, el jueves ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, órgano al que acudió a entregar el informe anual de labores de la Contraloría, órgano auxiliar del Congreso en el control de la Hacienda pública.

Este viernes Marta Acosta declaró que está “sorprendida” con la “insistencia” de Recope en el desarrollo de la refinería conjunta con China, proyecto que tiene un costo superior a los $1.500 millones.

“Estoy sorprendida por la actitud y por la insistencia de Recope. Han presentado una gran cantidad de recursos en sede administrativa y este nuevo proceso que plantean le costará al país una gran cantidad de fondos públicos”, afirmó.

La acusación

En la demanda, Bolton argumenta que los dos actos administrativos en los cuales la CGR obligó a Recope a paralizar el desarrollo del proyecto de refinería con China, además de exceder las potestades contraloras, tienen defectos como la falta al carecer la entidad de conocimientos técnicos de la industria petrolera.

En la petitoria al Tribunal Contencioso Administrativo, Bolton exige que se suspenda el impedimento que dictó la CGR para que Recope utilice el estudio de factibilidad del proyecto de refinería que realizó la empresa HQCEC y el Análisis de riesgo y factibilidad financiera de la refinería, que realizó la empresa WorleyParsons.

No obstante, Marta Acosta afirmó que la Contraloría se mantiene en firme en la posición vertida en ambos actos administrativos y anunció que defenderá sus argumentos para frenar la refinería ante los Tribunales.

En la demanda, Recope acusa al órgano contralor de tener falta de competencia para dictar criterio en aspectos técnicos relacionados con la refinería.

Asimismo, la entidad autónoma asegura que los actos administrativos que impiden el avance del proyecto conjunto con China tienen “errores de bulto” “vicios groseros de nulidad” y “severas inconsistencias” en sus fundamentos.

En esencia, la Contraloría con las órdenes de referencia sobrepasa sus atribuciones competenciales, puesto que según su fundamento constitucional de creación, su ámbito de actuación se refiere al control del presupuesto de las entidades y el verificar ex post las actuaciones relacionadas con la Hacienda Pública”, se lee entre los argumentos de Recope.

Gestión ante Casa Presidencial

La contralora no hizo comentarios sobre los señalamientos de fondo que constan en la demanda, pues la CGR no ha sido notificada de la misma. Sin embargo, subrayó que la entidad posee todas las competencias para hacer señalamientos sobre la factibilidad financiera del proyecto de ampliación de la refinería limonense.

“La Contraloría ha sido muy clara en que los estudios de factibilidad financiera son tema nuestro y así lo vamos a defender en los Tribunales”, contestó.

La jerarca de la CGR lamentó que el control que ejerce la entidad se haya judicializado.

“Es muy importante ponerle la debida atención a este tipo de juicios pues le cuestan muchos millones de colones al Estado, así como un desgaste a las entidades públicas”, sostuvo.

Dos diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Ottón Solís, de Acción Ciudadana (PAC) y el jefe de fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara, enviaron sendas cartas al presidente de la República Luis Guillermo Solís, en las que le solicitan que ordene a la presidenta ejecutiva de Recope, Sara Salazar, que retire de inmediato la demanda contra la Contraloría.

Tanto Solís como Guevara han sido críticos del proceso de negociación con el Gobierno de China, así como de los estudios en los que Recope basa la factibilidad y rentabilidad de la inversión.