BCR opera seis fideicomisos de obra pública; desde OAS no se habla de concesiones en Costa Rica

Por: Manuel Avendaño Arce 17 julio, 2016
 Planta Hidroeléctrica Toro 3
Planta Hidroeléctrica Toro 3

La concesión, una palabra que parece estar maldita en Costa Rica desde el episodio con OAS y la carretera a San Ramón, pierde terreno frente al fideicomiso como una opción para construir obra pública en el país.

El fideicomiso no le gana a la concesión solo por ser más expedito en el papel, sino porque actualmente no está en los planes del Gobierno construir una calle o una obra mediante esa figura.

Así, hay que entender que el fidecomiso es un contrato privado que enfrenta menos trabas y se desarrolla en menor tiempo que una concesión.

 Terminal de Contenedores de Moín
Terminal de Contenedores de Moín

Especialistas en contratación administrativa coinciden en que, en el papel, el fideicomiso tiene “leves” ventajas sobre la concesión, pero ambas figuras deben usarse para el desarrollo de obra pública.

Lo cierto es que que hay luces y sombras alrededor de los fideicomisos y las concesiones.

 Fideicomiso le gana terreno a la concesión en proyectos de obra pública
Fideicomiso le gana terreno a la concesión en proyectos de obra pública

Fideicomiso... una opción

El fideicomiso gana poco a poco terreno en Costa Rica como una opción utilizada por las instituciones públicas para construir obras de diversa índole.

El abanico es grande y se pueden encontrar proyectos de salud, energía, edificios, carreteras y hasta redes de fibra óptica.

Pero, ¿qué es un fideicomiso?

Es un contrato mediante el cual una institución traspasa un capital –un terreno o una finca– a un fiduciario (banco) para que este desarrolle un proyecto en beneficio de un tercero. Ese tercero puede ser la misma entidad que traspasó el capital inicialmente.

En un ejemplo específico, la Universidad de Costa Rica (UCR) pactó un contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) para construir un nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Sociales.

La UCR le cedió los derechos legales del terreno al BCR y este banco construyó el nuevo inmueble que empezó a operar en octubre del 2014.

El BCR contrató la empresa constructora y asumió todos las etapas del proceso y ahora alquilará mensualmente ese edificio a la UCR por un plazo definido con los costos de mantenimiento incluidos en ese contrato.

Cuando ese periodo de arrendamiento termine, el banco transfiere el edificio a la UCR como un activo.

Actualmente, el BCR opera seis fideicomisos de obra pública que permitieron construir la Planta Hidroeléctrica Toro 3, la Planta Térmica Garabito, la Planta Hidroeléctrica Torito 2.

Están en proceso otros fideicomisos para construir los nuevos edificios de la Asamblea Legislativa, otros de la UCR, el Poder Judicial y el Tribunal Registral.

El ICE construyó su torre de telecomunicaciones en Sabana Sur con un fideicomiso y también desarrolló la red de fibra óptica de alta velocidad con el proyecto ICE-Range-BCR que costó ¢30.800 millones.

El Banco Nacional también ejecuta varios proyectos de fideicomisos, pero destaca el de infraestructura educativa con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este proyecto pretende construir 79 nuevos centros educativos y 29 espacios culturales y deportivos en zonas con bajo índice de desarrollo humano en el país.

¿Por qué gana el fideicomiso?

En el papel, el fideicomiso tiene ventajas sobre la concesión.

Los concursos para seleccionar una empresa constructora son más sencillos y requieren menos tiempo, se usan mecanismos para financiar la obra más fácilmente y se respetan los plazos establecidos previamente.

Especialistas en contratación administrativa consultados por EF, coinciden en que el fideicomiso tiene “leves” ventajas sobre la concesión.

German Brenes, gerente de Servicios Legales de Deloitte, aseguró que elegir entre un fideicomiso o una concesión depende de muchos factores como el tipo de obra que se va a construir, la posibilidad de tener financiamiento y los plazos en que se necesita ese proyecto.

Para Allan Nicoleyson, especialista en contratación administrativa de Central-Law, los fideicomisos son buenas figuras para algunos proyectos, pero las concesiones han demostrado ser exitosas en otros países.

“El éxito de una concesión está en las personas que lideran los proyectos y en su conocimiento”, agregó Nicoleyson.

Lo cierto es que en Costa Rica no se volvió a hablar – ni siquiera a pensar– en concesiones desde que se finiquitó el fallido contrato con OAS para ampliar la carretera entre San José y San Ramón.

Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo que los fideicomisos son útiles para construir obra pública, pero no deben ser la única vía, ni la apuesta del país.

“Las concesiones incluso se pueden desarrollar con fideicomisos”, apuntó Villalta.

Empero, el Gobierno le apostó a la figura del fideicomiso para desarrollar dos importantes proyectos: la ampliación de la carretera a San Ramón y la modernización del servicio de tren urbano.

La luces sobre los fideicomisos muestran varios proyectos ya construidos y operando.

Las sombras sobre las concesiones se evidenciaron recientemente en los atrasos que tuvo que sortear APM Terminals para iniciar la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

El Gobierno utiliza estas dos figuras para construir diferentes obras.

Fideicomisos

Fideicomiso inmobiliario UCR-BCR: $166 millones para construir nuevos edificios en el campus universitario.

Fideicomiso ICE-RANGE-BCR: ¢30.800 para desarrollo de red de fibra óptica de alta velocidad.

Fideicomiso titularización inmobiliaria ICE-BCR: $50 millones para construir nuevo edificio de telecomunicaciones del ICE en Sabana Sur.

Fideicomiso planta hidroeléctrica Toro 3 JASEC-ICE-BCR: $193 millones para generar 49 megavatios y abastecer de energía a 65.000 hogares de diferentes zonas del país.

Concesiones

Carretera San José–Caldera (ruta 27): Construcción de 79 kilómetros de vía con un costo de $144 millones, tardó 32 años para completarse.

Terminal de Contenedores de Moín (TCM): Proyecto cuesta $1.000 millones y está en manos de la concesionaria APM Terminals por 33 años.

Carretera San José–San Ramón: En abril de 2013 el Gobierno puso punto final al contrato de concesión por $524 millones con la empresa OAS para ampliar la ruta. El Estado tuvo que pagar finalmente $28,5 millones a la firma concesionaria para finiquitar el contrato en marzo del 2014.

Fuente BCR, CNC, MOPT y Ley General de Concesión de Obra Pública.