Documento vendría a solventar vacío jurídico en esa materia

Por: Andrea Rodríguez V. 15 diciembre, 2016
El INS puso al cobro el marchamo 2017 para 1,4 millones de vehículos a partir de este 1.° de noviembre.
El INS puso al cobro el marchamo 2017 para 1,4 millones de vehículos a partir de este 1.° de noviembre.

Un nuevo decreto ejecutivo fue firmado la mañana de este jueves con el objetivo de regularizar las alianzas entre sector público y privado.

Se tata del decreto N° 39.965, denominado "Reglamento para los contratos de colaboración público - privada". La elaboración del documento contó con el visto bueno de varias instituciones públicas y el apoyo de la Cámara Costarricense de la Construcción.

Según explicó el Ejecutivo, los contratos de colaboración público - privados son una herramienta esencial para que el Gobierno desentrabe su rezago en infraestructura.

"Espero ver obras concretadas muy pronto bajo este modelo. La firma de este decreto es un primer paso de un camino largo y complejo que se había iniciado desde administraciones pasadas. Es un documento concensuado que refleja el interés de las partes", dijo en conferencia el presidente de la República Luis Guillermo Solís.

Con el decreto, se establecen las normas, pautas y procedimientos para la ejecución de proyectos bajo esta figura. Señala, además, procesos de implementación y define las funciones de las partes asociadas.

"El nuevo reglamento define por contratos de colaboración público privado aquellos en que la Administración involucra y encarga en un tercero - una persona jurídica privada- el financiamiento, desarrollo y explotación de obra pública", se lee en el documento.

El decreto cuenta con el aval de la Contraloría General de la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Tarea pendiente

Costa Rica se catalogó como un país apenas emergente en el desarrollo de estas alianzas, según la cuarta edición del informe Infrascopio, que evalúa la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para llevar a cabo asociaciones público-privadas (APP) en infraestructura.

Carencias a nivel de marco regulatorio, voluntad política y capacidad pública para planear y supervisar las APP, son las áreas débiles reconocidas localmente.

De entre 19 países analizados, Costa Rica se ubicó en la posición 10 con un puntaje de 39 puntos (de un máximo de 100). En la región, Chile encabeza la lista con 76,6 puntos.

“La mayoría de las alianzas en Costa Rica han sido muy cortoplacistas, casi filantrópicas, más de tipo unidireccional, donde el sector privado pone el dinero y el sector público sus contactos. Aquí hay oportunidades. Tenemos el desafío de potenciarlas aún más”, comentó Aitor Llodio, director ejecutivo de la fundación Aliarse.

El índice fue elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) y cuenta con el apoyo financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo.

Vacío Legal

Carlos Arguedas, abogado de la firma Consortium Legal y quien estuvo presente en la actividad, explicó que a la fecha ya existen figuras contractuales que permiten hacer diferentes modalidades de alianzas público privadas como las concesiones de obra pública, pero bajo ciertas limitaciones. Entre ellas, que están reguladas en una ley solo para el desarrollo de obra y para ciertos sectores institucionales.

"Lo que no había era una figura general que pudiera ser utilizada por la totalidad de los sectores y por ámbitos de proyectos bastante más amplios que no fueran únicamente obra civil sino tecnología y otros tipos de desarrollo. Entonces el decreto crea una base más general para desarrollar con mayor seguridad jurídica este tipo de asuntos que estaban muy sectorizados", continuó Arguedas.

¿Se necesitaría a futuro una Ley?. Arguedas no descarta esa posibilidad pues cunado se emite una norma se deben de evaluar los resultados y pueden llegar a sobresalir algunos aspectos puntuales que requieren de algún refuerzo legal.

"No hay que perder de vista que ya tenemos una ley, la Ley de Contratación Administrativa, este decreto funge como una adhisión reglamentaria dentro del marco de la ley", concluyó el especialista.