El Poder Ejecutivo firmará este viernes un decreto para aclarar que los fotocopistas pueden ofrecer el servicio de copias de textos educativos, es decir, con fines académicos, sin que esto les signifique un riesgo de ir a la cárcel o de recibir alguna sanción económica.
Fernando Ferraro, ministro de Justicia y Paz, reiteró que en Costa Rica no es necesario reformar la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual N°8039 para garantizar la excepción académica, la cual ya está reconocida tanto en tratados internacionales como en la normativa nacional.
"Trabajamos en una reforma al actual reglamento de la Ley con la integración del artículo 35 bis. Es un texto muy constructivo el cual atiende las inquietudes de las diferentes partes, las cuales se concentran en un punto en común: el tema del ánimo de lucro", manifestó Ferraro a través de un comunicado oficial.
Por su parte, Francisco Chacón, ministro de Comunicación, aclaró que el elemento determinante es que no exista afán de lucro de parte del estudiante, aunque exista por parte del fotocopista.
Se esperaba el decreto fuese firmado este miércoles; sin embargo, el Gobierno decidió posponer su firma a la espera de que las diferentes partes interesadas, entre ellas el Movimiento Fotocopiando para Estudiar, terminara de hacer sus consultas internas con sus agremiados sobre el contenido del texto.
"El Gobierno accedió a concederles tiempo con el propósito de tener un documento que cuente con el apoyo de todas las partes", manifestó Chacón.
Justamente este grupo universitario en conjunto con 13 diputados solicitaron un resello al proyecto de ley (N°17.342), vetado por presidencia el pasado 26 de setiembre, por considerar que el texto de la reforma no es lo suficientemente claro y se presta para ambigüedades.
"No basta con la excepción con fines académicos, pues el servicio de fotocopiado está marginado de la excepción. Lo que está en juego es la seguridad jurídica de los diferentes centros de fotocopiado del país", aseguró a EF Luis Pablo Orozco, vocero del Movimiento el 9 de octubre anterior.
Será el viernes el límite dispuesto por el Gobierno para tener a mano todas las observaciones de los representantes de las organizaciones involucradas y proceder a la firma del decreto.