Después de lograr la aprobación en primer debate en 2014, apoyo decrece

Por: Andrea Rodríguez V. 7 agosto, 2016
 El proyecto de ley 17.742 es uno de los únicos tres proyectos, desde el 2006, que han logrado llegar a la Asamblea mediante la ruta de la recolección de firmas.
El proyecto de ley 17.742 es uno de los únicos tres proyectos, desde el 2006, que han logrado llegar a la Asamblea mediante la ruta de la recolección de firmas.

El proyecto que pretende crear un marco de protección más moderno para el agua, está lejos de fluir por los pasillos de la Asamblea Legislativa.

El texto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (expediente 17.742) llegó al Plenario Legislativo en abril del 2010 mediante iniciativa popular.

El proyecto contó con el respaldo de cerca de 170.000 ciudadanos. Fue hasta el 31 de marzo del 2014, durante la administración Chinchilla Miranda, que el proyecto recibió aprobación en un primer debate legislativo.

Se trataba del último día, por ley, para poder realizar la votación.

Lo que parecía el allanamiento del camino para el proyecto, no fue más que el cumplimiento de un mero trámite.

Julio Antonio Rojas, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), recuerda que solo se actuó ante la premura y que la discusión se alejó en ese momento del fondo del proyecto.

Hoy, seis años después, el texto carga en sus espaldas dos artículos que atentan contra la Constitución Política y las filas de sus simpatizantes decrecen.

Hay previsiones en el texto que no se discuten, y que por el contrario, son bien recibidas por los actores del Plenario.

Entre ellas, reconocer el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano y modernizar un marco legal que data de 1972.

Sin embargo, unos 16 puntos frenan una aprobación definitiva.

Varios de ellos involucran al sector productivo, incluido el agropecuario. Uno de los temas polémicos es la creación de zonas de retiro.

“Mientras solo sea el campesino el afectado yo ese proyecto no lo voto”, afirma Ottón Solís, legislador del partido Acción Ciudadana.

Entonces, ¿qué le espera al proyecto?

Las soluciones planteadas son varias, y ninguna contempla su aprobación inmediata.

Las sugerencias van desde la creación de un nuevo texto para el proyecto, hasta hacerle todas las modificaciones necesarias al documento actual para subsanar los puntos en discusión.

Que alguno de los planteamientos tenga efecto dependerá de más diálogo y acuerdos, que tampoco se vislumbran lleguen en el corto plazo.

Camino tortuoso

La iniciativa de ley es uno de los únicos tres proyectos, desde el 2006, que han logrado llegar a la Asamblea mediante la ruta de la recolección de firmas.

Los otros textos son los proyectos de Ley de Bienestar Animal, que se encuentra en el congreso desde el 2012, y el de Conservación de Vida Silvestre.

Esta última ha sido la única de las tres iniciativas que ha logrado convertirse en ley, y tardó cuatro años en aprobarse.

Los vicios en el fondo de los proyectos representan una de las causas que han impedido que este tipo de proyectos avancen. El caso de la ley de aguas no es la excepción.

Puntos críticos

En un documento emitido por la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) se engloban las principales críticas al proyecto de ley.

Esta organización está compuesta por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Unión de Pequeños y Medianos Agricultores Nacionales (Upanacional), el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (Upiav).

Estas observaciones han logrado acogida entre bancadas como la del Movimiento Libertario y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Las observaciones al texto llegaron a ser del conocimiento de los legisladores en julio pasado, desde entonces, las fracciones aseguran se han lanzado a revisar nuevamente el proyecto y replantear sus posiciones.

De acuerdo con ese listado de observaciones, la creación de una Dirección Nacional del Agua (DINA) podría llegar a debilitar funciones de instituciones ya creadas y dejaría por fuera la participación de un ministerio como el de Agricultura.

Por otra parte, la reducción de las zonas de protección fijadas en la ley es otro de los temas controversiales.

Sin embargo, sobre este punto, la Sala Constitucional refutó la decisión del Congreso de disminuir el área de resguardo, de 100 metros a 20 metros, pues violaba el artículo 50 de la Constitución Política.

“A como está el proyecto, no lo vemos compatible con la producción. Queremos equilibrio entre producción y conservación”, sostuvo Guido Vargas, presidente de Upanacional.

Al mismo tiempo, las críticas se enfocan en considerar que el proyecto convierte el recurso hídrico en mercancía.

De este último criterio es la diputada Ligia Fallas, de Acción Ciudadana, quien afirma que se estaría a las puertas de comercializar el recurso y hasta la posibilidad de que se llegue a privatizar.

“El proyecto no está creando nada que ya en la actual legislación no esté regulado”, sostuvo Fallas.

Al margen de la discusión, el proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Luis Guillermo Solís.

“Instamos a todos los sectores a apoyar la aprobación de este proyecto de Ley del recurso hídrico. En especial a las señoras y señores legisladores, quienes tienen esta responsabilidad histórica”, puntualizó en su momento el mandatario.

Para el 25 de agosto próximo, los legisladores confirmaron que se sostendrá una reunión de trabajo con todos los actores que han manifestado su interés por el proyecto de ley, con el único objetivo de finiquitar el futuro de la iniciativa.

Puntos de la discordia

Esto es lo que solicitan quienes se oponen al proyecto.

Lo que se pretende

Que el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara) no pierda sus competencias.

Que no se deje por fuera al Ministerio de Agricultura (MAG) y el Ministerio de Salud en materia de aguas. Se pide que el MAG también sea rector del recurso.

Que no se elimine el concepto de flujo intermitente. Es decir, que se concentren esfuerzos en la efectiva protección de las quebradas permanentes.

Se solicita la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica. Se considera que dichos consejos no son necesarios ya que las funciones que se le están atribuyendo las pueden ejercer las Asadas actualmente.

Eliminar las Áreas de Protección del Sistema Nacional de Información para la Gestión del Recurso Hídrico.

Mantener las áreas actuales de la Ley Forestal, con lo cual se garantiza un balance entre la producción y la conservación del recurso hídrico.