Libertad económica no vuelve más rico al país

Costa Rica es la 25.ª nación con más libertad económica del mundo y ese es un buen indicador para volcar el interés de otros países hacia el nuestro.

Esa libertad, sin embargo, no se traduce en tanta riqueza para sus ciudadanos como para la mayoría de países calificados como los más libres del mundo por el Instituto Fraser, uno de los think tank (buró de expertos) mejor rankeados del planeta.

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Costa Rica está $26.000 por debajo del promedio del resto de esas 25 naciones.

Las cifras del Banco Mundial indican que este país tiene tanto ingreso per cápita como el promedio de los países a los que el Fraser Institute ubica en el tercer cuartil. Es decir, los que son mucho menos libres que Costa Rica.

Mientras el país tiene una calificación de 7,63 y se ubica en el primer cuartil, la máxima calificación obtenida por las naciones del tercer cuartil es de 6,97.

El instituto mide aspectos como el tamaño del Estado, las regulaciones, el respeto a la propiedad privada, la moneda sana y la libertad para hacer negocios.

Si se comparan los niveles de ingreso y los de libertad económica, se observa una correlación: mientras más libres son los países para hacer negocios, también se vuelven más ricos (con excepción de algunos casos como China, por ejemplo, que está en el puesto 111°).

Costa Rica tiene calificaciones superiores a la media en la mayoría de rubros tomados en cuenta, excepto en el tamaño del Gobierno y la cantidad de regulaciones.

¿Y por qué es menos rica? Algunas razones son obvias: la mayoría de naciones con los que se roza en los primeros lugares tienen grandes fuentes de riqueza y ya están en la lista de países desarrollados.

El estudio apunta otras dos causas: el tamaño del Gobierno y el exceso de regulaciones.

En efecto, si resultara injusto compararlo contra naciones ricas como Estados Unidos, Qatar y Singapur, otros indicadores muestran que esta costa podría ser más rica, pero la asfixian las deudas, la tramitología y la planilla del Estado.

Costa Rica contra sí mismo

Si se compara contra sí mismo, el país lleva un ritmo de crecimiento positivo del ingreso per cápita anual, desde hace 20 años.

Sin embargo, en el 2015 ese ritmo ha comenzado a bajar las revoluciones. El segundo trimestre del 2015 ha reportado el menor crecimiento interanual de los últimos cuatro años.

Otro indicador que puede traerse abajo los niveles de ingreso del país es el déficit fiscal: el Estado aumenta su gasto público más de lo que crecen sus ganancias. Para lograrlo, se endeuda y esa deuda le cuesta cada vez más caro a los costarricenses.

En el 2014, el déficit cerró en 5,6% del PIB, la cifra más alta de los últimos 20 años.

Con el tiempo, el Gobierno gasta una parte cada vez más grande de su presupuesto en pagar la deuda y pierde capacidad para atender las necesidades en infraestructura, salud, educación, medio ambiente...

LEA: Pago de deuda estruja el gasto social y económico del Gobierno.

“En resumen, las razones que justifican su existencia”, apunta el economista Melvin Garita, investigador asociado del estudio.

Es allí donde pierde oportunidad para aumentar su productividad.

Una cifra que demuestra este comportamiento es el presupuesto presentado por el Gobierno para el 2016, que recortó en un 11% los gastos de capital en relación con el del 2015. Es, además, el mayor recorte para el plan autorizado del 2016.

La inversión en capital es precisamente la que se hace en infraestructura, compra de terrenos, construcción de carreteras.

LEA: Presupuesto del 2016 recorta con fuerza gasto de capital .

“Buena parte de la competitividad del país va a depender de ese rubro, no solo del esfuerzo que hacen las empresas privadas”, explicó el expresidente del Banco Central Eduardo Lizano.

Regulaciones que duelen

El exceso de regulaciones es un punto de fuerte dolor contra la libertad económica del país.

Fue el rubro en el que Costa Rica recibió la peor calificación en el Reporte de Libertad Económica y uno de los aspectos que, según los investigadores, son más determinantes en el juego contra la productividad del país.

Los obstáculos para emprender, obtener crédito o contratar empleados se observan, desde el estudio, como desincentivos para crear nuevas fuentes de ingreso.

“Es un problema que está identificado desde hace tiempo”, dijo Garita.

El programa Impulso del Gobierno, presentado en octubre por el presidente Luis Guillermo Solís, busca atacar este problema recurrente al tiempo que estimula la actividad económica.

El Presidente propuso reducir la cantidad de trámites necesarios para obtener permisos ambientales y sanitarios, así como agilizar su aprobación, mediante la modernización de instituciones como la Secretaría Técnica Ambiental (Setena).

Una medida que aplaudió el sector industrial al tiempo que pidió acelerar otras, como la simplificación de trámites tributarios en Hacienda y la modernización de puestos fronterizos.

También las barreras comerciales no arancelarias le merecen un regaño al Gobierno por parte del Reporte, que calificó este rubro con un 4,78 de 10 puntos.

La medición tiene que ver con la reducción de la capacidad de productos importados de competir en el mercado nacional.

Sin embargo, la dificultad para emprender por el exceso de regulaciones no es el punto más rojo del informe.

Las peores calificaciones que recibió el Estado por parte del Reporte están más bien en las regulaciones relacionadas con el trabajo y el acceso al crédito.

En términos crediticios, los industriales y los investigadores del informe coinciden en pedirle al Estado que disminuya las condiciones para acceder al crédito y apure la titulación de tierras sin dueño para que las familias puedan acceder a hipotecas.

LEA: Garantías mobiliarias mejoran acceso al crédito.

En cuanto a los puntos rojos salariales, la sugerencia del investigador es reducir el salario mínimo para que más personas tengan acceso al trabajo en condiciones legales mínimas.

También aflojar en la duración de los contratos laborales.

Es un punto álgido si se toma en cuenta la gran brecha que existe entre los salarios del sector público y el sector privado del país.