Los taxistas europeos ganan una primera batalla contra Uber

Bruselas.- Uber es una empresa de transporte ordinaria, por lo que las autoridades pueden exigirle las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis en los países europeos, estimó este jueves el abogado general del TJUE, un reclamo de las asociaciones de taxistas.

"A pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al ámbito del transporte, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas" a nivel nacional, indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

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La asociación profesional de taxistas Élite Taxi interpuso en 2014 ante un tribunal de Barcelona (noreste de España) una demanda contra Uber Spain por competencia desleal, en concreto por UberPop, una plataforma digital que ponía en contacto a conductores no profesionales y clientes.

Antes de pronunciarse sobre el caso, el juzgado de Barcelona decidió preguntar al alto tribunal europeo sobre cómo calificar la actividad de Uber en base al derecho europeo y, en este sentido, el abogado general Maciej Szpunar señala que responde al ámbito del transporte.

Para Szpunar, pese a que una parte del servicio de Uber se presta "por vía electrónica", su actividad "no está regulada por el principio de libre prestación de servicios en el marco de los 'servicios de la sociedad de la información'".

"Uber controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano", como imponer a los conductores requisitos para el desarrollo de la actividad, y el transporte "es sin lugar a dudas la prestación principal y la que le confiere su sentido económico", explicó.

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Los magistrados europeos suelen seguir las opiniones emitidas por los abogados generales de cara a la decisión final, que se espera en los próximos meses y con la que sientan una base jurídica en todo el bloque.

La asociación de taxistas Élite Taxi celebró las conclusiones del abogado general, al considerar que es un día que permanecerá "en la memoria de muchos taxistas durante mucho tiempo", en palabras de la abogada Montse Balaguer, del despacho SBC que los defiende.

En base a la opinión del abogado general, "todos los operadores que quieran prestar un servicio de transporte deben introducirse en el mercado español con igualdad de condiciones", dijo a la AFP Balaguer, para quien esto es "un impulso de positivismo, de energía y esperanza" para el sector del taxi.

Este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio, está en el ojo de mira de taxistas de todo el planeta, ya sea en España, Portugal y varios países latinoamericanos como Argentina, donde la justicia condenó en abril a un conductor de Uber por ejercicio ilegal de la actividad.

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Uber, cuya actividad fue suspendida por la justicia española en 2014, regresó a Madrid en marzo de 2016 con un servicio de UberX más reglamentado, y la española Cabify está disponible en varias ciudades del país.

Esta última aplicación denunció recientemente el "hostigamiento brutal" a sus conductores en varias ciudades, entre ellas Sevilla, donde el martes de la semana pasada se incendiaron nueve de sus vehículos en plena Feria de Abril.

Para la plataforma surgida en Estados Unidos, "estar considerada como una empresa de transporte no cambia las reglas actuales a las que están sujetos en la mayoría de países europeos", indicó un portavoz de Uber France.

Sin embargo, el vocero aseguró que esto afectará "a las necesarias reformas de leyes obsoletas que privan a millones de europeos del acceso a una carrera fiable con un clic".

Para la presidenta de la comisión de Transportes en la Eurocámara, la eurodiputada ecologista Karima Delli, "esta decisión es importante", ya que Uber "se hace pasar desde hace mucho tiempo por [una empresa] de economía colaborativa".

Pero, en la práctica, "se aprovecha de que la Comisión Europea haya rechazado hasta el momento legislar" al respecto "para practicar una competencia desleal con los otros servicios de transporte y un dumping social sobre sus conductores".

El ejecutivo comunitario rechazó comentar la opinión del abogado general, aunque un portavoz recordó que, durante las audiencias ante la TJUE, indicaron que "los servicios de Uber en España no constituyen únicamente un servicio de la sociedad de la información".

Uber, valorada en unos $70.000 millones, se vio sacudida en los últimos meses por numerosos escándalos desde casos de acoso sexual a la renuncia de varios altos directivos.