Una propuesta pretende bajar el mínimo para penalizar anomalías sobre tributos

Por: Silvia González 12 marzo
 No toda diferencia en impuestos debería clasificarse como figura penal
No toda diferencia en impuestos debería clasificarse como figura penal

Como parte de los esfuerzos del Ministerio de Hacienda para el fortalecimiento de las facultades de fiscalización y recaudación fiscal, recientemente se han realizado importantes reformas a la normativa tributaria.

Algunos de estos son los requerimientos de información, el acceso a los datos bancarios, la reciente aprobación de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, la cual trajo a la mesa de discusión el registro de accionistas y sanciones administrativas no solo al contribuyente sino a sus asesores, entre otros.

Todo lo anterior, como una reacción del Gobierno en busca de combatir la defraudación fiscal y motivados con la información –que fue publicada en medios de comunicación– donde se expusieron supuestos mecanismos que buscaban una defraudación fiscal utilizando figuras jurídicas del exterior.

De paso se señaló automáticamente a todos los contribuyentes como posibles sospechosos, y se desató, a la vez, una campaña agresiva de búsqueda de recursos para las arcas del Estado, que ya se venía acumulando desde gobiernos atrás.

Más cambios

En este mismo sentido, actualmente en la Asamblea Legislativa, se encuentra en estudio bajo el expediente 20.225, una reforma al artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, en donde se pretende en esta misma línea, bajar el umbral existente en la actualidad de 500 salarios base a 200 salarios base, para determinar si un caso es o no delito.

El problema es que cuando hablamos de delito, ya no es una sanción pecuniaria, sino que tiene como pena de 5 a 10 años de prisión, de comprobarse que existió un fraude a la Hacienda Pública, es decir, que según la reforma propuesta, si en una fiscalización se determina una diferencia de impuestos, sin incluir intereses ni multas, por un monto superior a ¢85.240.000, podría ser cuestionado y el proceso elevarse al Ministerio Público.

En tiempos actuales, y ante una economía creciente cualquier empresa o mediano contribuyente, podría generar una diferencia de esta magnitud, pues corresponde a un monto de referencia bajo en contraste con las normas jurídicas de fondo, las cuales son antiguas y no se adaptan muchas veces a la realidad económica del mercado tan cambiante que enfrentamos.

Permite a la Administración recurrir a las más creativas interpretaciones, exponiendo al contribuyente al peor escenario para ejercer su derecho de defensa en un asunto penal.

Discrepancia o delito

La materia tributaria es tremendamente técnica, y salvo que estemos ante un caso que resulte en un evidente fraude (pasar gastos de personas muertas o una doble facturación), la vía penal no puede convertirse en el lugar idóneo para discutir una diferencia de criterio, una interpretación de la normativa contable, o una discrepancia sobre la solidez de un elemento probatorio, por citar unos ejemplos.

Por ahora es claro que el orden, la transparencia de las transacciones y el cumplimiento fiscal, son acciones a seguir para evitar cuestionamientos de esta naturaleza, que al final, tiene incluido un daño reputacional que incide de forma negativa en el ejercicio de la defensa y la continuidad del negocio.

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