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Costa Rica deberá elaborar un protocolo de adhesión donde identificará áreas específicas en las que deberá hacer nivelaciones de cara al ingreso a la OCDE. Algunas de ellas serán en temas de materia fiscal, comercio y educación. ( ARCHIVO PARA EF)
El eventual ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) promete ser el inicio de un cambio en la gestión del Estado costarricense actual hacia una sustentada en la eficiencia y transparencia.
Costa Rica acortó este abril su camino hacia la adhesión definitiva al organismo, al recibir una invitación formal y unánime de parte de las 34 naciones que la integran. El país inició con la solicitud para vincularse a la OCDE desde el 2010.
Con ello, los beneficios de alcanzar esa membresía ya se barajan.
Datos como referencia
En primera instancia, una silla en la organización supondría un cambio en la manera en que las organizaciones que integran el Estado toman sus decisiones.
El ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, lo denomina como la migración hacia un modelo de gestión por datos.
“Podemos visualizar y operativizar una transformación del Estado para que pueda gestionar su actividad a partir de datos y de evidencia objetiva”, detalló el ministro, quien lidera en la actual administración el proceso de adhesión.
Una de las exigencias de la OCDE para el país será trabajar en el orden y la facilitación de la información sistematizada.
“La organización llega a conocer cómo nosotros gestionamos nuestros datos. Da fe de que la política no está metida en las mediciones a cargo del Banco Central, por ejemplo. En otras palabras: si las exportaciones caen, esa información se hace pública; en otros países, se alega un atraso en las estadísticas”, enfatizó el jerarca.
Desde adentro
Costa Rica implementó en octubre de 2013 un plan de acción que tenía por objetivo lograr la invitación formal de la OCDE a través de la colaboración de 27 instituciones nacionales.
El plan demandó un diagnóstico por parte de las entidades en 15 áreas, de los que se derivarían recomendaciones para mejorar algunos aspectos de la gestión.
Esa transformación “desde adentro” marcaría así un nuevo paradigma y señala la dirección hacia la que Costa Rica debería de aspirar.
Ronald Saborío, exembajador de Costa Rica ante la OCDE y la Organización Mundial del Comercio (OMC), subrayó ese punto como uno de los beneficios más palpables para el país.
A su criterio, son las reformas que desde la OCDE se motivan, lo que se convierte a largo plazo en una serie de buenas prácticas, que si Costa Rica las adopta, y están hechas para ser implementadas, le permitirá al Estado dar saltos sobresalientes.
“Costa Rica podrá compararse con los países más avanzados a la hora de diseñar sus políticas públicas, someter nuestras políticas y sus resultados a estudios de la OCDE y al examen detallado por parte de los expertos en cada materia de los países más avanzados”, comentó Saborío.
Sometidos a revisión
La adhesión a la organización asegura, además, que estas mediciones y comparaciones con países de mayor desarrollo se realicen de manera periódica.
A la fecha, Costa Rica ha solicitado la elaboración de 12 diagnósticos o revisiones en colaboración con la OCDE, en temas que van desde apertura de mercados hasta la agricultura y pasando el sistema estadístico desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el Banco Central.
De ese total, ya se cuenta con información detallada en dos de ellos: uno de políticas de competencia y otro de gobernanza pública, el cual saldrá a la luz a finales de abril del presente año.
Las otras revisiones se encuentran en fases iniciales o intermedias y podrían pasar hasta 24 meses antes de conocerse los resultados.
“Hoy Costa Rica tiene que pagar por cada uno de esos estudios un monto que ronda los $300.000. De pertenecer a la Organización esas evaluaciones se harán de manera periódica y veremos los resultados de esas mediciones en forma global”, detalló Mora.
Cuando el país forme parte de la OCDE, el costo individual de estos estudios será sustituido por el de la membresía a la entidad, que puede rondar los $2,5 millones por año, según cálculo preliminares de Mora.
El monto a cancelar por membresía se calcula mediante una fórmula que toma en cuenta varios aspectos como el tamaño de la economía de cada miembro.
De Costa Rica depende
La meta para el Ejecutivo es clara: finalizar la presente administración con el proceso de adhesión concretado durante su periodo en el poder.
Es una meta autoimpuesta pues la organización no especifica límites de tiempo para el proceso de adhesión. Por ejemplo, en 2007 Rusia y la OCDE aprobaron una hoja de ruta para la incorporación de este país a la organización. Algo que ocho años después sigue sin concretarse.
En el caso de Costa Rica, el paso siguiente es la creación y cumplimiento de un protocolo de adhesión.
Ese documento deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa y será elaborado en conjunto con la secretaría de la organización.
En principio, hasta que las debilidades contenidas en ese documento sean subsanadas por el país, la incorporación a la organización sería definitiva.
“El ingreso a la OCDE se trata de asumir responsabilidades frente a nuestras propias obligaciones, se trata de asumir compromisos y sostenerlos en el tiempo, se trata de promover más acuerdos nacionales para hacer valer los instrumentos que firmamos e involucra a toda la sociedad”, recordó la expresidenta Laura Chinchilla, durante cuyo mandato se comenzó el acercamiento con la organización (2010-2014).
Conozca la OCDE
Qué es: Se fundó en 1961 y trata de un foro donde los gobiernos trabajan en conjunto para compartir experiencias y buscar soluciones comunes.
Quiénes la integran: Está compuesto por 34 países miembros. Se calcula que entre ellos representan alrededor de un 70% del mercado mundial.
Campo de acción: La Organización aborda más de 15 áreas temáticas, en las que se incluyen administración pública, ambiente, energía, educación, empleo, finanzas, transporte e inversión, entre otros.
Ejemplos de trabajo: La OCDE produce indicadores sociales, económicos y ambientales que pretenden servir como herramienta para la toma de decisiones de los países miembros. Recolecta y analiza datos.
Fuente Consulta EF.
