¿Y si sus ahorros financian calles?

Persiste la idea de invertir estos fondos, y otros, para construir calles, autopistas y puentes

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Ante la gran brecha de inversión en infraestructura del país, desde las elecciones presidenciales del 2014 da vueltas entre los políticos la idea de usar fondos de pensiones, ganancias de seguros y bancos públicos para invertir en carreteras, autopistas y puentes.

La iniciativa equivale a plantearle a una persona lo siguiente: “¿Qué le parece si gastamos los ahorros de su vida en carreteras en espera de obtener réditos futuros por esa inversión?”.

Sea como sea, en tales escenarios hay que ser muy cauteloso. Sin importar el origen de los fondos (públicos o privados), cualquier inversión debe cumplir con una estructura atractiva y segura para ambas partes.

“Existe una falsa expectativa, se cree que esos fondos no requieren del mismo ambiente y de un sistema de inversión privada apropiado. Esa visión es equivocada”, advierte Federico Villalobos, economista experto en inversión público-privada.

El diputado Fabricio Alvarado, del partido Restauración Nacional propone, en un nuevo proyecto de ley (número 19.664), que las ganancias de los bancos públicos, del Instituto Nacional de Seguros (INS), las pensiones del Magisterio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sean invertidas por una empresa pública en carreteras.

Las obras serían supervisadas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

Sin embargo, Villalobos dice que hay que cuidar estos tres aspectos para que la inversión tenga sentido: el proyecto debe estar bien estructurado, debe participar una empresa seria y confiable, y el Gobierno debe dar una garantía al inversionista del manejo apropiado de los fondos.

Por ejemplo, en el caso de invertir en la Ruta 27, menciona, un inversionista sabe que, si pone su dinero ahí, la empresa contratada, Globalvía, tiene el incentivo de usar bien esos fondos, pues de ellos depende su lucro.

Sin embargo, en el caso de la carretera a San Ramón, no existe esa empresa.

El gerente general de BAC Pensiones, José Manuel Arias, reconoce que la creación de esta empresa pública “si se crea correctamente, puede dar buenos frutos; si no, no”.

Arias advierte que es importante dejar claros los costos y riesgos de cada proyecto, que se revele la información de forma amplia para que los inversionistas puedan tomar decisiones.

“Falta dar forma a los proyectos: que se cuantifique la inversión y los flujos esperados; que se les pongan fechas, alcance, riesgos y garantías; que se estructure un prospecto”, agregó.

Complejo

Recurrir a los fondos de pensiones y ganancias públicas para invertir en carreteras es una práctica común y con casos de éxito a nivel global. Naciones desarrolladas como Canadá y Estados Unidos la utilizan con frecuencia.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en Costa Rica, esas naciones tienen grandes inversionistas y un sistema de inversión privada en infraestructura consolidado.

En América Latina, México, Perú, Chile y Colombia son ejemplos de naciones que ha utilizado estas soluciones. En diversos informes se advierte que, en el caso de pensiones, no se trata de modelos sencillos.

“Sin embargo, no en todos los casos se han observado resultados de éxito. Este tipo de proyectos alcanzan un nivel de complejidad importante, requiriéndose de equipos multidisciplinarios especializados que los estudien proyecto a proyecto, lo que ha dificultado en algunos casos su correcta evaluación”.

Así se lee en el informe “Balance y proyecciones de la experiencia en infraestructura de los fondos de pensión en América Latina” de la empresa BBVA, generado en el 2012 tras un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pese a ese escenario, la necesidad de fondos para más y mejor infrastructura vial trae de regreso a los políticos estos fondos.

El rezago

No es para menos. El Estado tiene una inmensa deuda en materia de inversión en infraestructura.

Según los informes técnicos que realiza anualmente la Contraloría General, en el período 2007-2013 el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) contó con recursos presupuestados equivalentes a 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio (este monto incluye las transferencias que se realizan al Incofer, Conavi y otros consejos).

Con esas cifras, el país enfrenta una brecha anual en inversión de al menos 2,45% del PIB. Es difícil llenar ese vacío.

Por su parte, el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) ha acumulado recursos por un monto cercano a un 30% del PIB.

Un análisis de 28 fondos de pensión a nivel global presentado por la OCDE (2012), revela que los fondos de pensión en promedio invierten un 4,2% de sus recursos en proyectos de infraestructura (y como máximo un 20%).

Aunque se desconoce lo invertible, si se decide usar un 4,2% de sus fondos, equivaldría a un 1,26% de PIB, monto que no cubre la brecha.

Sostenbilidad y financiamiento