El reto de ordenar los cantones

Gobierno pretende reducir a la mitad el tiempo que tardan instituciones en aprobar planes reguladores

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El proceso para aprobar un plan regulador cantonal se convirtió en una densa tela de araña para las municipalidades.

Proceso que, ahora, el Gobierno Central pretende agilizar por medio de un decreto.

“Nos pedían cosas tan absurdas como que ningún edificio en el centro fuera más alto que el fortín, porque no se podía tapar el centro histórico. ¿Y a dónde me meto a la gente en diez años?”.

José Manuel Ulate, dueño de este relato y alcalde de la municipalidad de Heredia, ha visto pasar ya cinco años de retrocesos en el camino para aprobar su primer plan regulador cantonal que debió tener desde 1968, según la Ley de Planificación Urbana.

Esta regulación le marca la cancha a los cantones sobre dónde y cómo construir, explican los ingenieros de ProDus, oficina de la Universidad de Costa Rica, que elabora planes reguladores.

En buena teoría, ordenan el territorio y evalúan el impacto ambiental del desarrollo y, para eso, necesitan permisos de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara).

También dependen de la revisión de un puñado de instituciones más como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); y de financiamiento o convenios con universidades y ministerios.

Los trámites que tienen que sufrir las municipalidades en cada una son tan largos como los nombres de las instituciones.

Durante medio siglo, la normativa para aprobar los planes se volvió tan estricta y la maraña de trámites tan densa que solo un 38% de las municipalidades han logrado un éxito parcial o total.

La falta de planes no solo afecta a los pobladores de la zona por la disponibilidad de los recursos, sino también a los posibles inversores, que evitan construir en zonas que les generen algún tipo de inseguridad jurídica.

Los empresarios del país incluso han dejado de recomendarle a los inversionistas que compren en estas condiciones.

“A falta de plan, lo único que es seguro es que no hay claridad de qué se puede construir”, dijo el presidente de la Cámara de Hoteleros, Gustavo Araya.

“Ellos necesitan esa seguridad jurídica. Las inversiones se atrasan”, dijo el presidente de la Agencia para el Desarrollo de Limón, Luis Guillermo Rodríguez.

infografia

La nueva filosofía

En medio de los gritos de auxilio casi ahogados de las municipalidades, el Gobierno Central adoptó una filosofía de “echar a andar con lo que se tiene”, aunque eso implique aprobar planes con información incompleta.

“Es mejor tener un plan regulador con alguna información, que no tener nada”, dijo el titular de Vivienda y Asentamiento Humano (Mivah), Rosendo Pujol.

La carencia de información deberá subsanarla el Gobierno Central con mapas de agua, de amenazas naturales y de suelos por parte de las instituciones encargadas. Estas lo harán “siempre que cuenten con los recursos”, indica el decreto Nº 39150.

Con el decreto, que se publicó el jueves, el Gobierno pretende reducir al menos a la mitad el tiempo que tardan las municipalidades en aprobar sus planes.

En promedio, los municipios tardan unos dos años en completar los pasos, aunque hay casos especiales como el de Heredia, que doblan ese tiempo, explicó Daniela Ávila, contraparte del Mivah en la Comisión que elaboró el decreto.

La reducción de fracasos esperan lograrla mediante una serie de herramientas de las que podrán valerse los municipios durante los próximos cinco años.

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, por ejemplo, flexibilizará las metodologías para los Índices de Fragilidad Ambiental (IFA), que según las municipalidades y los consultores son el primer obstáculo con que se topan los planes reguladores.

Este es uno de los puntos más controvertidos para los ambientalistas, que advierten de un vicio de inconstitucionalidad.

“Debieron establecer una metodología general con ciencia y técnica y no como quedó, que parece que queda en manos de los consultores”, dijo el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

Pujol ya tomó en cuenta la posibilidad de que el decreto pase por el filo de los ambientalistas.

“Setena y el Invu ya están listos para hacerlo lo más rápido posible para que aunque hayan problemas legales para que entre en vigencia el decreto, puedan arrancar”, dijo el ministro.

Herramientas

Las municipalidades contarán ahora con cinco herramientas de agilización para sus planes reguladores:

Hidrogeológica: permite iniciar trámites ante Setena aunque no tengan aval del estudio hidrogeológico de Senara. Aplica para la mayoría de cantones, excepto 11.

Patrimonio Natural del Estado: ya no será necesario para continuar con el proceso del plan regulador.

Uso de suelos: municipios podrán utilizar mapa ya generado en 1992. Si es insuficiente, tendrá que hacer otros estudios.

Amenazas naturales. CNE no debe aprobar planes, solo guiarlos.

Variable ambiental: establece herramientas para aligerar procesos.

Fuente Decreto Nº 39150.

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