La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) dio a conocer su oposición a las intenciones del Poder Ejecutivo de gravar con el impuesto sobre la renta a las cooperativas que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic) no haya declarado como micro, pequeñas o medianas empresas.
Actualmente todas las cooperativas del país, sin distingo de tamaño, están exoneradas del pago del impuesto sobre la renta. Sin embargo, en el borrador del proyecto de reforma a ese tributo que presentó hace una semana el Gobierno, Hacienda propone poner a tributar a aquellas cooperativas que hayan alcanzado un tamaño que les permita competir en el mercado con otras grandes empresas.
El anuncio de su oposición a ese punto de la reforma de renta lo hicieron los diputados del PLN ante un grupo de cooperativistas con los que se reunieron el lunes, cita a la que además asistieron la diputada libertaria Carmen Quesada, Víctor Morales Zapata y Javier Cambronero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Gonzalo Ramírez, del Partido Renovación Costarricense.
“En Liberación Nacional estamos claros de que a medida que aumenten las cargas tributarias a las cooperativas, las sacarían completamente de la posibilidad de competir en el mercado y muchas se quedarían en peores circunstancias que las empresas de capitales privados”, afirmó la diputada Paulina Ramírez, del PLN.
Consumo e IED en peligro
Entretanto, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (Amcham), advirtió sobre los perjuicios que la transformación del impuesto sobre las ventas al impuesto al valor agregado (IVA) causaría al consumo local.
Hacienda pretende en el proyecto de reforma a ventas aumentar la tarifa del IVA de un 13% actual a un 15% dos años después de la entrada en vigencia de la reforma.
Según Elías Soley Gutiérrez, vicepresidente de Amcham, el eventual incremento de la tarifa desincentivaría el consumo, pues se encarecería el precio final de bienes y servicios.
"Conllevaría a una desaceleración del consumo, lo cual impacta directamente el crecimiento de las empresas", estimó Soley.
El jerarca también advirtió que las intenciones de Hacienda de crear un tramo adicional de renta de un 25% sobre los salarios tendrá un efecto directo sobre el consumo de la clase media.
"Podemos anticipar cierto nivel de contracción económica, sin pretender profetizar al respecto. Las reglas de capitalización delgada, y en particular la forma en que están planteadas, impactan también directamente a las empresas, pues se imponen limitaciones sobre la posibilidad de deducir gastos financieros", sostuvo.
Soley también mostró preocupación por la decisión de Hacienda de gravar con una tasa del 15% la renta mundial sobre ingresos pasivos, pues, afirmó, atenta contra la Inversión Extranjera Directa (IED) en Costa Rica.
Soley, los economistas y abogados tributaristas más destacados del país, así como los diputados de varias fracciones, consideran que el primer paso que debería dar el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís es recortar el gasto público en vez de optar por iniciar por la vía del aumento en la recaudación a través de más impuestos.
Los proyectos de ley de reforma a ventas y a renta llegarían a la Asamblea Legislativa a mediados de abril entrante.