Gobierno de Costa Rica presentará plan de ordenamiento salarial este semestre

Iniciativa abordaría cambios en pago de anualidades, evaluación de desempeño y el tope de la cesantía.

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El Gobierno redujo sus expectactivas sobre el plan de ordenamiento salarial público.

La negativa de los sindicatos al diálogo lo obligó a priorizar en reformas concretas que impulsará como proyectos de ley simples.

Uno de los aspectos que destancan en la nueva lista de prioridades es la modificación al esquema de evaluación de desempeño de los burócratas.

Del resultado de ese examen depende el pago de pluses como las anualidades, a las que Zapote también les puso el ojo por su impacto en el presupuesto para el pago de la planilla del Estado, que fue de ¢1,7 billones para el 2012, según el Ministerio de Hacienda.

El ministro de Planificación (Mideplan), Roberto Gallardo, dijo que ahora la apuesta será el impulso de temas concretos.

Precisamente, la introducción de un nuevo sistema de evaluación de desempeño está entre las pretensiones más viables.

Según el jerarca, el actual esquema está obsoleto y carece de criterios objetivos para analizar los resultados del trabajo de los burócratas.

Gallardo añadió que el pago de anualidades debe depender de los resultados que arroje la evaluación de desempeño.

Según Olman Segura, jerarca del Ministerio de Trabajo (MTSS), hay entidades que en la actualidad carecen de evaluación de desempeño, como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mientras otras utilizan formularios obsoletos.

Anualidades a estudio

Tanto Gallardo como Segura mencionaron entre otros de los cambios con cierta potabilidad el aumento del porcentaje de las anualidades para los empleados públicos que ganan menos, a quienes no se les paga más de un 1,94% por anualidad.

Entre ese grupo están los maestros, profesores y policías.

Sin embargo, la intención es que, mientras la anualidad se le aumente a estos grupos, se recorte para otros cuyo porcentaje está por encima del 5%.

Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil, agregó que la carga que implica el pago de millonarias pensiones con cargo al presupuesto debería discutirse.

Para el 2013 ese rubro alcanzó los ¢688.100 millones, un 10,6% del presupuesto que asciende a los ¢6,4 billones.

Para agosto del 2012, el presupuesto autorizado para pagar pensiones fue de ¢625.288 millones, un 10,4% del plan de gastos.

Gobierno contra el tiempo

Empero, el problema fiscal del Gobierno para hacerle frente al pago de su planilla no es el único.

El tiempo que se agota para la administración de la presidenta Laura Chinchilla, a 13 meses de entregar el mando, es otra razón para preocuparse.

El jerarca del MTSS ve factible que el Poder Ejecutivo presente los planes de ordenamiento salarial en este primer semestre.

Gallardo ve con más urgencia el reloj y fija el actual periodo de sesiones extraordinarias, que finaliza el 30 de abril entrante, como el momento ideal para enviarles a los diputados los proyectos de ley.

Sea el arribo de los proyectos de inmediato o en unos meses, para el politólogo Francisco Barahona no hay mayores razones para pensar que tendrán éxito en su recorrido legislativo.

Los elementos, según el analista, se suman para vaticinar un fracaso. El año preelectoral que calienta el ambiente político en la Asamblea Legislativa, la agenda de proyectos rezagados que mantiene ocupados a los congresistas y el mal momento que atraviesa la imagen de la presidenta Laura Chinchilla, raquítica en apoyo popular, se confabulan para nublar el horizonte de la reforma salarial del sector público.

Barahona también cree que en el momento en que los planes avancen, el propio Partido Liberación Nacional (PLN) se encargará de frenarlos, por la inconveniencia electoral que representan para sus aspiraciones de ganar su tercer gobierno continuo, en el 2014.

“Al Gobierno le falta olfato y es casi un suicidio electoral para el PLN impulsar el plan a un año de los comicios”, sostuvo.

Los diputados de oposición tampoco parecen estar en la misma sintonía que el Poder Ejecutivo y apuntan hacia otra ruta.

Yolanda Acuña, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), el grupo opositor más grande del Parlamento, enfatizó que su divisa cree en empezar el ordenamiento salarial público desde arriba hacia abajo; es decir, iniciando por la evaluación de los 1.158 salarios más altos del Estado.

Ya el PAC presentó un proyecto de ley para recortar esas remuneraciones. Sin embargo, Acuña dijo que no hay certeza de que el Gobierno los respalde en esa intención.

Rodolfo Sotomayor, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que las circunstancias actuales no se prestan para impulsar una reforma al sueldo de los burócratas y añadió que su grupo verá con lupa los contenidos de los proyectos de ley que impulse el Gobierno para resguardar que no se cercenen derechos laborales y no debiliten las garantías sociales de los empleados públicos.

Así, el sector sindical se siente respaldado en el Congreso. Albino Vargas afirmó que confía en que los diputados más sensibles al tema salarial frenen las intenciones gubernamentales.

Los sindicatos, aseguró, no respaldan ninguno de los puntos que está impulsando Zapote.

Esto termina de complicar esta ofensiva por la reforma al empleo público, que Zapote inició de una manera ambiciosa pero tardía (casi al iniciar su último año), y está por conformarse con ganar aunque sea una batalla.

La voz sindical

La visión sindical choca con casi todos los objetivos de Zapote.

Pluses: No todas las remuneraciones adicionales son incentivos.

Dedicación exclusiva: Por su fin, no es incentivo salarial al desempeño.

Anualidades: Es quizás el único plus salarial que puede entenderse como un incentivo salarial.

Anteproyecto del MTSS: No busca la equidad salarial, sino rebajar los gastos en salarios, es fiscalista con disfraz de justicia salarial.

Diferencias salariales: Se origina por autonomía de entidades.

Fuente Contradiagnóstico sindical.

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