Al Gobierno le cuesta mucho negociar, incurre en errores políticos al creerse con mayoría legislativa y peca de impositivo. Así resume Víctor Granados su experiencia al cumplirse cuatro meses desde que asumió la Presidencia de la Asamblea Legislativa.
Granados, diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) resultó elegido para presidir el Congreso gracias a un acuerdo entre su bancada y el Partido Liberación Nacional (PLN) que le permitió a este último recuperar el control parcial de los órganos legislativos después de perderlo en el 2011 a manos de la extinta alianza parlamentaria "Por Costa Rica".
El pacto PASE-PLN, empero, no limita a Granados para criticar a Casa Presidencial por su débil capacidad negociadora. Él atribuye el avance de varios proyectos de ley polémicos durante su gestión a la conformación de mesas de diálogo en la que han participado los diputados de todos los partidos y los representantes de los sectores sociales involucrados.
Gobierno sordo
El botón que Granados utiliza como muestra es el proyecto de "Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos", que crispó por un momento la relación entre los agricultores y las municipalidades.
"Ese plan es uno de los mayores retos que he enfrentado por las amenazas de huelga, paros, movilizaciones, e incluso, por el respaldo que el Poder Ejecutivo le daba al modelo de exoneración 80-20. Pero la diferencia estuvo en que nosotros sí escuchamos a todos los sectores y logramos una negociación que satisfizo a todos los diputados, a los agricultores y a los municipalistas. Yo espero que el Gobierno imite ese tipo de acciones", sostuvo.
El diálogo será fundamental, según Granados, para que la presidenta Laura Chinchilla haga avanzar grandes temas en la recta final de su gestión. En la lista figuran los proyectos para aumentar y abaratar la producción de energía eléctrica, planes laborales y de infraestructura, la ley que permite la experimentación biomédica, la reforma al sistema de reparto del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, entre otros.
"Mientras nosotros intentábamos hacer avanzar el proyecto de los agricultores a punta de consensos, doña Laura Chinchilla decía en China que no le importaba que se entrabara el Congreso, por estar a favor del esquema de exoneración del 80-20. Eso es un error de calculadora, porque partían de que tenían la mayoría de 38 diputados para tramitar el proyecto hasta por la vía rápida y a fin de cuentas no existían esos votos. Al Gobierno le cuesta muchísimo negociar", opinó.
Mejor con Molina
Granados, quien visitó la sala de redacción de EF, dijo que mantiene una relación buena con el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides. No obstante, afirmó que el ligamen más fuerte entre el oficialismo y él es el jefe de fracción del PLN, Fabio Molina.
Esa distancia con Casa Presidencial, aseguró Granados, no se puede tomar como un enfriamiento del pacto entre el PASE y el Poder Ejecutivo. El jerarca legislativo parte de que Fabio Molina lleva bien los mensajes de Cuesta de Moras a Zapote y que está legitimado para hablar por la fracción del PLN, pese a las recientes diferencias con sus compañeros precisamente en el proyecto de ley agrícola, que lo pusieron al filo de renunciar a la jefatura de fracción.
Sin remordimientos por haberle dado una estocada a la alianza parlamentaria, a Granados sí le preocupa la fractura que sufre la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), el más importante de la oposición, con 11 diputados.
El temor del presidente radica en que el bando contrario a la jefa de fracción, Yolanda Acuña, empiece a torpedear sus decisiones, lo cual agravaría la dispersión política que vive el Parlamento. Según el diputado pasista, hasta ahora no se ha hecho necesario dividir esfuerzos para negociar temas legislativos con los dos bandos del PAC.
La facción del PAC que apoya la gestión de Víctor Granados se opuso desde el inicio al pacto que cerraron el PASE y el PLN en mayo pasado. Ese hecho, sin embargo, no ha afectado la labor del pequeño partido al frente del Directorio, subrayó Granados.
Empero, desde el Directorio sí se observa con detenimiento los acontecimientos diarios en la bancada rojiamarilla por las implicaciones que pueden traer para el trabajo legislativo.
Reforma al reglamento sería herencia
Aparte del diálogo multisectorial que dice haber impulsado desde la presidencia, Víctor Granados destaca el esfuerzo que ha realizado durante su gestión para poner a caminar un proyecto de reforma parcial al Reglamento Legislativo.
El diputado afirmó que su intención es heredar a los próximos diputados un cambio en los artículos 137 del Reglamento, para reducir sustancialmente los períodos que tienen los legisladores para presentar y reiterar mociones para modificar los proyectos de ley.
Ese instrumento se ha convertido en un arma que han utilizado los diputados para impedir el avance de los planes a los que se oponen.
Granados cree que bastaría, por ahora, con ponerle plazo fatal de votación a los proyectos de ley y reducir de 4 a 2 los períodos para presentar mociones vía 137.
Sin embargo, su intentona choca de frente con la oposición que ya le han anunciado varias fracciones, con más vehemencia la del Movimiento Libertario, reconoció.
El congresista también pretende que la comisión especial de Reglamento dictamine una reforma para que los informes de las comisiones investigadoras se conozcan en el Plenario dentro de un plazo determinado, pues ahora fenecen sin pena ni gloria.
Por último, el presidente espera que el Reglamento permita crear un registro de cómo votan los 57 diputados en los proyectos de ley, un cambio que permitiría a los ciudadanos enterarse de las decisiones que toman quienes los representan.
Según Víctor Granados en cuatro meses se conocerá qué tanto consenso acumulan esas reformas, cuando la comisión especial de Reglamento termine su plazo. Su propuesta es que, de prosperar, los cambios se empiecen a aplicar a partir de la próxima Asamblea Legislativa.