Pulsos dejan en vilo a ley mordaza

Al menos tres cambios para ley de delitos informáticos pujan por imponerse en corriente legislativa

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El consenso acompañó durante meses a la Ley de delitos informáticos . Y ahora amenaza con evitar que se disipen las dudas que provocó la llamada ley mordaza.

Ahora ese consenso por la necesidad de cambios en la recién publicada ley, ha hecho surgir varios proyectos para solucionar el entuerto. El pulso que se vislumbra es quién logrará hacer prevalecer su solución por encima de otras, que podría traducirse en que el ajuste quede en el limbo.

Es un problema añejo. La mayoría de legisladores estuvo de acuerdo en aprobar la reforma de varios artículos del Código Penal para incorporar 15 nuevos delitos, como la suplantación de identidad por Internet.

Pocos días después, el consenso seguía existiendo en la Asamblea. Pero ahora en contra de la recién aprobada legislación y en pro de reformar las reformas.

La posibilidad de que algunas de los cambios aprobados se conviertan en un obstáculo para el ejercicio del periodismo, levantó un coro de indignación que puso a los diputados a correr para cambiarse de bando.

Múltiples caminos

Desde que el Colegio de Periodistas alzó la voz para señalar sus inquietudes con respecto a los cambios, entre otros, la misma Presidencia aceptó la necesidad de cambiar la redacción “poco feliz” del artículo 288, que elevó de cuatro a ocho años de prisión la pena para quien “procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas”.

El tema estará entre sus prioridades para el próximo periodo de sesiones extraordinarias, junto a un menú variado de acuerdos comerciales y leyes de investigación biomédica, según precisó el Ministerio de la Presidencia.

“Ya tenemos el borrador de texto listo con el propósito de hacer las precisiones y aclaraciones pertinentes. Se presentará a través de nuestra fracción legislativa con quien el Poder Ejecutivo ya ha tratado el tema”, aseguró Francisco Chacón, ministro de Comunicación y Enlace.

Sin embargo, todavía no trasciende al público la propuesta que hará el Ejecutivo a través de los diputados liberacionistas en la Comisión de Derechos Humanos, la encargada de estudiar el tema.

Presentados por Jorge Angulo, Óscar Alfaro y Luis Antonio Aiza, los verdiblancos dominan el foro de siete legisladores. Además, Justo Orozco, legislador del partido Renovación Costarricense y presidente de la Comisión, ha mostrado una continua cercanía con el Gobierno.

Propuestas alternativas

Pero la propuesta de Zapote no es la única que se estudiará en Cuesta de Moras. Los diputados Carmen Muñoz y Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentaron la semana pasada un proyecto de ley que pretenden modificar los artículos 196bis y 295 del Código Penal.

La propuesta elimina la expresión “informaciones políticas secretas”, y elimina el inciso b) del artículo 196 bis, que agrava las penas “cuando los datos sean de carácter público o estén contenidos en bases de datos públicas”. Además, reduce las penas impuestas en ambos artículos.

“Todos tenemos que hacer un mea culpa porque cuando se pasó el proyecto no nos dimos cuenta, pero no veo la necesidad de que el Poder Ejecutivo tenga que sacar un proyecto nuevo cuando podrían estar trabajando sobre los que ya existen”, aseguró Muñoz.

Secretos en regla

Otra alternativa es el proyecto presentado por el diputado Luis Fishman que pretende poner en claro los límites de la figura del secreto de Estado.

El secreto de Estado, creado pero no definido por la Constitución, no cuenta con una ley que lo regule, sino que algunas normas han establecido temas que quedan bajo su protección.

La Ley general de policía prevé la posibilidad de que los informes de la Dirección de Estado sean declarados secretos, y la Ley de aviación civil hace lo mismo con los casos de defensa nacional.

En general, al igual en que en varios países, se considera que pueden quedar cubiertas por el secreto de Estado informaciones sensibles de la seguridad nacional y las relaciones exteriores.

“El secreto de Estado puede definirse en estos temas. Pero solo cuando se trate de verdaderos estados de necesidad”, comentó Luis Ortiz, abogado constitucionalista de BLP Abogados.

“Creo que con esta propuesta resolvemos el diferendo existente actualmente, eliminamos la llamada Ley mordaza , y dándole potestades a la Sala Constitucional de resguardar el interés nacional, sin estrujar la libertad de información”, aseguró Fishman.

La mucha voluntad no siempre asegura que los proyectos caminen de manera expedita por los pasillos del trámite legislativo. Mucho menos asegura que el resultado del proceso sea la mejor ley posible, como nuevamente lo atestigua la Ley de delitos informáticos .

Puntos polémicos

Estos son algunos de los artículos del Código Penal, que modificó la vigente Ley de delitos informáticos.

Artículo 196 bis: Castiga con prisión de tres a seis años a quien, en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique,..., desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados ... a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas, o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.

Artículo 288: Será reprimido con prisión de cuatro a ocho años al que procure u obtenga indebidamente informaciones secretas políticas o de los cuerpos de policía nacionales concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la nación, o afecte la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado.

Fuente Presidencia de la República.

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