Pocas veces se encuentran consensos tan fuertes, en materia política, como el que señala que el aparato estatal costarricense no funciona como una herramienta que permita navegar hacia el desarrollo.
Durante las últimas dos décadas, al menos 27 documentos han sido creados por diferentes órganos y grupos ciudadanos para diagnosticar y proponer soluciones ante la ineficiencia en la gestión y aplicación de políticas que generen cambio, sin que, al menos a la fecha, se perciba un avance en la materia.
Para algunos, el problema se relaciona con el tamaño del Estado. Si este se mide según el tamaño e planilla estatal, la tasa de empleados públicos por mil habitantes ha crecido de forma importante, sin que, dicen los críticos a las dimensiones del aparato estatal, se avance . Es acá donde surge un cuestionamiento claro: ¿tiene Costa Rica un Estado de tamaño óptimo o subóptimo?
¿Un problema del multipartidismo?
Otros suman el hecho de que existen muchos partidos políticos en el presente, lo que se ha visto reflejado en una menor producción de leyes. Incluso, la aprobación de normas se ha hecho más lenta durante los últimos dos gobiernos . Sin embargo, una investigación de José Andrés Díaz González, politólogo, reta esa tesis. Su evidencia muestra que no hay una clara relación entre el número de partidos y las leyes aprobadas, o la distribución de poder entre el Ejecutivo y Legislativo.
“El problema está más relacionado con la cultura política, especialmente con la forma en que las élites políticas se han desempeñado, que con el multipartidismo”, detalló Díaz González. El especialista advierte que la labor del Congreso no se puede medir por producción de normativa. “A veces un diputado debe frenar un proyecto y no aprobarlo porque le parece inapropiado. Esa puede ser una labor necesaria”, agregó.
Otro indicador preocupante es la inestabilidad de los gabinetes de Gobierno. El actual ha vivido este problema. Ysobre el control entre poderes, persiste, por ejemplo, la percepción de que las consultas legislativas atrasan en exceso la labor del Congreso por una lenta labor del Judicial, sin que tal visión cuente con respaldo fáctico.