PIB crece a un ritmo más acelerado que los ingresos de los costarricenses

Por: María Fernanda Cruz 29 noviembre, 2015
Si su empresa se desenvuelve en el sector agropecuario o necesita maquinaria, ahora tiene opciones específicas para conseguir financiamiento.
Si su empresa se desenvuelve en el sector agropecuario o necesita maquinaria, ahora tiene opciones específicas para conseguir financiamiento.

La actividad económica del país creció casi tres veces más rápido que los salarios mínimos de los costarricenses en los últimos 15 años, una brecha que coincide con un aumento de la desigualdad y la pobreza en el país.

Mientras el Producto Interno Bruto (PIB), que es la riqueza del país, tuvo un incremento de 44 puntos porcentuales, el salario mínimo solo llegó a aumentar 16.

La brecha le preocupa a los especialistas porque, con ella, se deteriora la distribución de la riqueza.

Prueba de ello es que los ingresos del 20% más pobre de la población cayó en el último quinquenio mientras los del 20% más rico más bien aumentó.

El Gobierno logró un acuerdo desde el 2012 con los empresarios y los legisladores para aumentar el salario mínimo de acuerdo con la inflación y el crecimiento del PIB de los últimos cinco años.

Las personas que reciben salarios mínimos reales, de hecho, han aumentado su capacidad de compra desde ese momento por la baja en la inflación.

El decreto lo aplaude hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero enfrenta a varios retos.

El primero de ellos es que la fórmula puede dejar de incluir el rubro del PIB en el momento en que el desempleo supere el 8%. Algo que ya está viviendo el país.

Este año, el Ministerio de Trabajo (MTSS) logró un acuerdo con empleadores para no desactivar la fórmula, pues con la inflación a la baja los salarios no habrían aumentado nada.

Es parte de lo que el Ministerio debe revisar de la fórmula.

Otro de los retos por vencer es que la brecha entre los salarios y el crecimiento de la actividad económica todavía no se ha cerrado.

Sin embargo, la discusión sobre un aumento extraordinario en el salario mínimo, en este momento, es un campo minado entre empresarios y políticos.

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El campo de batalla

Desde su izquierda, el Frente Amplio (FA) teje un proyecto de ley para aumentar esta remuneración básica de manera escalonada durante los próximos cinco años, hasta llegar al 35% de aumento. Con la propuesta, el salario pasaría de ¢283.799 a ¢457.000, según los cálculos del partido.

“Con ese dinero, los trabajadores tendrían una vida digna”, afirmó Patricia Mora, jefa de la bancada.

Más hacia la derecha, otros legisladores aceptan que es necesario incrementar ese ingreso, pero no dan cifras.

“Los salarios mínimos sí tienen que aumentar, pero debe ser producto de una negociación y no de una ley para que sus componentes sean flexibles”, dijo Sandra Piszk, diputada de Liberación Nacional (PLN).

Los empresarios se han mantenido anuentes a incluir el aumento en la producción del país dentro del salario mínimo, a pesar del creciente desempleo, pero no les hace gracia el incremento que propone el FA.

“Hacemos hincapié en el golpe financiero que ello representaría”, opinó la Cámara de Industrias a petición de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

El Gobierno, mientras tanto, prefiere hablar de un plan para que los patronos realmente cumplan con lo que les toca.

El incumplimiento del salario mínimo es algo que sucede cada vez más: en el último quinquenio, la cantidad de hogares impactados por la violación a sus derechos laborales creció en un 14%.

Una situación que impacta más a los hogares pobres, pero que cada vez se extiende más a las familias que no viven en condiciones de pobreza.

Entonces, la balanza siempre puede volcarse y jugar en contra, dijo la investigadora del Estado de la Nación, Natalia Morales.

“Por un lado, necesitamos salarios mínimos que crezcan en términos reales y que ese aumento vaya acorde con la productividad. Pero, por otro lado, también tenemos que mejorar el cumplimiento”.

¿Por qué el PIB crece más?

La economía del país ha crecido más en los últimos años que incluso los ingresos del 20% más rico del país.

Eso quiere decir que hay una parte de la riqueza de las familias que se escapa del ojo de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), instrumento que mide el ingreso de las familias costarricenses.

¿Cómo se explica esto?

Para el exministro y economista Leonardo Garnier, el crecimiento más acelerado del PIB responde a unas ganancias de capital (lo que producen las empresas año con año) que los empresarios no le reportan a los encuestadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

“Esas ganancias no se pueden ver en la distribución de los percentiles porque nunca nadie le va a decir a un encuestador del INEC cuánto son las ganancias que recibe como capitalista o empresario”, dijo.

La brecha entre el quintil más rico y el PIB, entonces, puede explicarse como la diferencia entre esas ganancias de capital y los ingresos que sí reportan los hogares a los encuestadores.

En cualquier caso, sigue siendo mayor el crecimiento del PIB que el ingreso de los más pobres.

¿Una solución?

El incremento en los salarios básicos de la población es una de las soluciones más expeditas para reducir la desigualdad entre las personas remuneradas.

Sobre todo si ese aumento se da en el menor de todos los salarios existentes, el de los empleados domésticos, que es el que menos crece en comparación con el PIB.

El XXI Informe del Estado de la Nación advierte que la desigualdad total solo disminuirá si el aumento en los salarios responde a un aumento en la productividad del país.

En cambio, las consecuencias de aumentar los salarios sin tomar en cuenta el mercado pueden ser contraproducentes.

Para un empresario, elevar su gasto por trabajador puede significar el despido de otros colaboradores o un motivo para caer en la informalidad.

No es una posibilidad lejana.

Por cada compañía formal en Costa Rica en este momento hay 2,4 que son semiformales.

Una empresa semiformal tiene patente de la municipalidad pero incumple otros rubros como estar inscritos como patrono en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Aunque no existen números concretos, los especialistas estiman que muchas de ellas lo hacen porque no pueden estirar tanto sus ingresos como para pagar las cargas sociales.

De hecho, el Informe reveló que, a menor índice de desarrollo humano de los cantones, mayor es la tasa de semiformalidad de las empresas allí establecidas.

Si la premisa es cierta, explica el economista Jorge Cornick, los incrementos en los salarios mínimos aumentarán esa informalidad y la medida terminará por afectar el salario del promedio de los trabajadores.

Para la CICR, las más perjudicadas serían las microempresas, las pequeñas y las medianas (Mipymes), que son a las que más les cuesta cumplir con los derechos laborales.

Y en este momento, ni el desempleo ni la informalidad están en números tan negros como para jugar ese chance.

Eso lo aceptan todos los actores. Incluso el FA aduce que reducirá esta posibilidad por lo escalonado del aumento que plantean en el proyecto del Ley del Salario Mínimo Vital.

“Los ciudadanos pueden estar tranquilos de que esa no es nuestra intención”, adujo la diputada Mora.

A pesar de esa tranquilidad que trata de imprimirle la legisladora, la discusión se torna cada vez más pesimista y turbia.

¿Qué puede hacer el Estado para disminuir, entonces, la desigualdad entre los asalariados y la brecha de los ingresos con el PIB per cápita?

Educación en la fórmula

El aumento de la desigualdad puede explicarse, paradójicamente, con una buena noticia: las empresas buscan cada vez más trabajadores calificados, con un buen nivel académico.

La oferta de estos empleados calificados es más baja y eso presiona los salarios al alza.

Entre el 2010 y el 2014, el peso relativo de los salarios de los trabajadores calificados en el Gini (indicador que mide la desigualdad) creció en tres puntos en el caso de los empleados públicos y dos en el de los privados, según el Informe del Estado de la Nación.

Ambos salarios suman el 60% del peso total de la desigualdad.

Mientras tanto, las opciones para los trabajadores con bajos niveles de estudio y poca especialización más bien disminuyen.

“Hay escasez relativa de mano de obra altamente calificada y exceso de la poco calificada lo que distorsiona los salarios, elevando en exceso unos y deprimiendo otros”, explicó el exministro y economista Leonardo Garnier.

Atacar este problema no es sencillo, pero puede fomentarse una educación más “relevante” para el mundo del trabajo en colegios técnicos y carreras con mayor demanda, comentó el economista Cornick.

Muy de la mano de estas ideas, el informe propone que se mejore la recaudación del impuesto sobre la renta para que los trabajadores independientes y quienes perciben renta de capital tributen como deben.

Si la recaudación se utiliza en nueva política pública, es posible que disminuya la desigualdad.

La suma de un salario mínimo que coincida con el PIB y de políticas que impulsen esa productividad pueden ser la respuesta para lograr un salario que se acerque a lo que pretende el proyecto de ley del Frente Amplio, sin aumentar la informalidad.

Otra posibilidad que apunta el Informe del Estado de la Nación es darle apoyo productivo al sector informal desde el Estado, pues tiene un potencial impacto en la redistribución de la riqueza.

Pero la respuesta, todavía, no está escrita en una receta. No es tan fácil.