Administración Solís tiene hasta el 13 de diciembre para sumar 38 en el Congreso y aplazar la decisión de levantar el veto impuesto por Laura Chinchilla

Por: Andrea Rodríguez V. 8 diciembre, 2014
 La noción de servicios escenciales, que incluyen la salud, se utiliza para prohibir o bien para regular de manera restrictiva el derecho a la huelga. (Foto con fines ilustrativos).
La noción de servicios escenciales, que incluyen la salud, se utiliza para prohibir o bien para regular de manera restrictiva el derecho a la huelga. (Foto con fines ilustrativos).

La posiblidad de extender el derecho a agremiarse, organizarse e irse a huelga para trabajadores de sectores esenciales, ha llevado al sector empresarial nacional a oponerse a la eliminación del veto a la reforma de Procesal Laboral.

El sector asegura se debe reformar el proyecto de ley vetado,y abrir más y mejores espacios de discusión para afinar el documento ante una eventual votación en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el gremio empresarial, la aceptación del proyecto tal y como está redactado, generaría desde una caída en la inversión extranjera directa al país, hasta menos puestos de trabajo disponibles.

Para la Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas y Afines, el proyecto debe corregirse y se deben establecer los mecanismos que permitan la contratación de trabajadores temporales que operen servicios suspendidos, y mecanismos ágiles de ingreso de profesionales extranjeros que sustituyan a los huelguistas.

"Respetamos el derecho constitucional de los trabajadores a la huelga y de los patronos a paro. No obstante, el sector ha sido del criterio que el ejercicio de estos derechos debe darse bajo los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, sin que afecten a la ciudadanía", se lee en un comunicado emitido por la Cámara que agrupa a 5.700 micro, pequeñas y medianas empresas.

La Cámara de Importadores, Distribuidores y Representantes de Costa Rica(Crecex), por su parte, considera que la atracción de inversiones se vería aún más limitada ante la amenaza de interrupción de las cadenas de abastecimiento, por la facilidad de realizar huelgas en servicios públicos.

"Un error en un tema tan delicado no podría ser corregido posteriormente, requerimos entonces que no se levante el veto y, de esta manera, generar los espacios de tiempo que permitan un análisis profundo y con calma", adviertió el presidente de la Junta Directiva, José Manuel Quirce Lacayo.

A criterio de los comerciantes, la reforma Procesal Laboral contiene disposiciones que minan la confianza del sector empresarial privado nacional y extranjero para invertir en el país, atentando contra la generación de empleo, en momentos en los que el desempleo se mantiene por encima de los niveles históricos.

"Ante un eventual levantamiento del veto, el sector comercial no comprende, cómo podrá el gobierno ofrecer en sus misiones en el exterior un ambiente propicio para la atracción de nuevas empresas al país", agregó Ruíz.

Con la propuesta se permitiría, además, la convocatoria de huelgas con solo un 16% de los trabajadores totales de una empresa en la que no haya sindicato. Para la Uccaep, esto se convierte en un serio obstáculo a la seguridad jurídica de las compañías, y considera que para que un paro sea legítimo se requiere el voto favorable de al menos el 50% de los trabajadores de la empresa.

Por otra parte, la reforma contempla el que los trabajadores que participen en huelgas ilegales no podrán ser sancionados debido a que el proyecto de ley, tal y como está planteado, les confiere la posibilidad de incorporarse hasta dos días después de notificada la ilegalidad de la huelga.

"La reciente situación en los puertos de Limón, administrados por Japdeva, pone de manifiesto el ejercicio abusivo de este derecho y el uso de la violencia como medio de coacción para reclamar privilegios laborales excesivos", alegan los comerciantes.

Otras reformas

La reforma no se queda en legalizar huelgas en los servicios públicos esenciales.

Según explicó la firma de abogados Arias & Muñoz, las reformas propuestas contemplan además el brindar defensores públicos a todos aquellos trabajadores que reciban un salario menor a los ¢800.000, aproximadamente. Este monto se fija de conformidad con el salario correspondiente, a la fecha respectiva, al puesto de Auxiliar Judicial Uno.

"Se prevé que, al contar los trabajadores con este nuevo recurso, las demandas laborales aumentarán", cita el bufete.

Además, cambiaría el recurso de casación. Actualmente, solo se revisa el fondo del proceso; con el cambio, entraría a revisarse si el proceso fue acorde a lo establecido en el código o si hubo vicios que es necesario sanar.

Por último, otorgaría la posibilidad a un juez laboral de conceder extremos laborales no solicitados por el trabajador, pero que forman parte de sus derechos irrenunciables.

"Esto podría variar las consecuencias económicas de los procesos laborales en relación con el monto del pago final de la liquidación laboral del trabajador", alertan los abogados de la firma.

Pulso Político

La reforma al Código Procesal Laboral fue presentado desde setiembre pasado por las fracciones legislativas del Partido Acción Ciudadana, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana.

El proyecto de reforma había sido aprobado durante la pasada administración, sin embargo, la entonces presidenta Laura Chinchilla lo vetó, por el mismo articulado que legalizaría huelgas en servicios públicos escenciales, como seguridad y salud.

Sin embargo, el gobierno de Luis Guillermo Solís, anunció su intención de no dejar morir el proyecto y revertir el veto impuesto por Chinchilla, una promesa que se hizo al Frente Amplio el 1° de mayo, en las negociaciones para que Acción Ciudadana (PAC) obtuviera la presidencia del Directorio Legislativo.

La decisión para mantener con vida el proyecto en el Congreso se debe tomarse antes del 13 de diciembre y debe contar con el apoyo de al menos 38 diputados.