Los taxistas subieron el tono de sus palabras para iniciar este martes una protesta contra Uber en las principales carreteras del país. Tomarán las vías a partir de las 5 a. m. y se manifestarán en sus carros.
Los ánimos se calentaron en los diferentes bandos.
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Por un lado el presidente de la República, Luis Guillermo Solís anunció que la Fuerza Pública no tolerará bloqueos en las vías del país, y por el otro, los dirigentes de los taxistas afirman que esta vez no van a doblar el brazo hasta que Uber deje de operar en Costa Rica.
Gilberth Ureña, vocero del Foro Nacional de Taxis, aseguró que el movimiento de este martes no es algo pequeño como ha pasado en las manifestaciones anteriores donde han llevado 200 carros afuera de Casa Presidencial.
De acuerdo con Ureña, el movimiento de este martes será grande y tendrá la participación de 71 organizaciones de taxis en diferentes zona del país.
Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, aseveró que la protesta de este martes se llevará a cabo en las carreteras más importantes del país para que el Gobierno tome acciones concretas contra Uber.
Estos son los principales puntos donde se manifestarán los taxistas este martes
"Vamos a atacar 220 puntos en carreteras de todo el país. De verdad que le damos las gracias al presidente Luis Guillermo Solís, porque logró en dos años lo que ningún Gobierno había logrado antes, que es unir a todo el gremio de taxistas por una sola causa", agregó Vargas.
Los taxistas insistirán en que el Gobierno debe bloquear la aplicación Uber en el país, aunque Marcelo Jenkins, ministro de Ciencia y Tecnología, dijo que esa opción queda descartada por completo.
La protesta en carretera de este martes, será el sétimo movimiento de los taxistas contra Uber. Las anteriores protestas incluyeron cierres de carreteras, tortuguismo y bloqueos en diferentes puntos de la capital.
La policía se prepara para levantar bloqueos por la fuerza este martes en caso de ser necesario.
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Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, explicó en un debate en Telenoticias, que por orden del presidente Solís están organizados para garantizar la seguridad y el libre tránsito de los conductores este martes, pese a las manifestaciones de los taxistas.
Además de protestas con bloqueos en carreteras, los taxistas acudieron a instancias judiciales. En junio de este año el Tribunal Contencioso Administrativo aceptó una denuncia presentada por ese gremio contra Uber.
El proceso presentado ante el Tribunal Contencioso por los taxisas pretende bloquear la apliciación que usa Uber para conectar a los clientes con los conductores, el documento pide a los jueces que emitan una orden judicial para detener la operación de esa empresa estadounidense en el país.
La demanda también busca que se respete el criterio emitido por el Consejo de Transporte Público (CTP) en el que calificó la operación de Uber en Costa Rica como "ilegal".
Los taxistas piden en el documento que se sancione con multas de tránsito a los conductores socios de Uber y se retiren las placas de los vehículos que son utilizados para brindar servicios de transporte ilegales.
En febrero de este año, la Sala Constitucional acogió para estudio una acción presentada por los diputados del Movimiento Libertario y la Asociación de Consumidores Libres, lo que detuvo las multas contra los choferes de Uber hasta que el Contencioso resuelva su proceso legal.
"Esta resolución de trámite, tiene como efecto, solamente la suspensión del dictado de la resolución final de los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de lo cuestionado, mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del caso", informó la Sala Constitucional mediante un comunicado.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, explicó que "a partir de ese momento (cuando la Sala IV acogió para estudio la acción), pueden hacerse multas o abrirse un expediente, pero no cobrarlas ni dictar resoluciones, porque están suspendidas".
Uber: ¿El gran ganador?
Mientras los taxistas cierran calles, atrasan a miles de personas que deben llegar a sus trabajos y enlodan su reputación como servicio de transporte público con bloqueos. Uber permanece al margen del problema. Silencioso.
Mientras los taxistas protestan y la policía los enfrenta para evitar presas, Uber aprovecha la coyuntura y regala viajes a sus clientes. Así lo hizo durante las últimas tres manifestaciones de taxistas.
Por ejemplo, el 1.° de febrero, Uber activó el código "CostaRicaNoPara" mediante el cual obsequió viajes de hasta ¢15.000 a sus clientes. Ese día, los taxistas se manifestaron en Circunvalación y cerraron el paso en las cercanías de Casa Presidencial, en Zapote.
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Ese día algunos taxistas que participaron en la protesta tiraron huevos a otros choferes de taxi que decidieron trabajar con normalidad.
El 17 de marzo, un grupo de taxistas se manifestó frente a la Antigua Aduana para pedir que Uber abandonara una feria de empleo que se realizaba en ese lugar.
Los taxistas irrumpieron en las instalaciones de la feria con pancartas y gritos, hasta que Uber decidió abandonar la actividad y cerrar su estand.
"Lamentamos los actos de un grupo minoritario de taxistas que continúa intentando intimidar y amedrentar a costarricenses que buscan ganarse la vida de forma honesta, emprendiendo su propio negocio mediante la plataforma de Uber. Se trata de una minoría inconforme que alude a la agresión en vez de a la competencia, dejando de lado los intereses de los consumidores", señaló Uber mediante un comunicado.
Polémico
Uber inició operaciones en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 sin contar con permisos del Consejo de Transporte Público (CTP) o del Gobierno.
El CTP emitió un criterio jurídico el 21 de setiembre del 2015, en el que confirma que los servicios de transporte que opera Uber en el país son "ilegales". La empresa aduce que trabaja bajo la figura de comunidad de autoabastecimiento.
"El servicio de transporte que ofrece Uber, a través de una aplicación app, mediante el móvil, es un servicio de transporte remunerado de personas ilegal dado que no cuenta con las autorizaciones correspondientes", señaló el dictamen del CTP.
El 11 de febrero, tras una reunión de tres horas y media en Casa Presidencial, el Gobierno se comprometió con los taxistas a hacerle frente a Uber.
"No tenemos herramientas administrativas que permitan bloquear aplicaciones de Internet, esto en Costa Rica podría lograrse mediante una orden judicial y por lo tanto, no es una cosa que tengamos a mano, estamos buscando herramientas para enfrentar la situación de ilegalidad", manifestó Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, al final de la reunión.
Los taxistas aseguran que dieron mucho tiempo al Gobierno para que tome acciones contra Uber y bloquee la aplicación en el país, pero hasta la fecha no han recibido acciones concretas que le pongan un freno a las actividades de esa empresa estadounidense en Costa Rica.
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En tanto, Sao Paulo, Brasil, es una de las ciudades de América Latina que regula el servicio de Uber mediante una normativa municipal.
El ayuntamiento autorizó solo 5.000 vehículos para brindar servicios de transporte con Uber, debido al faltante de taxis formales que se presenta en esa ciudad.
Uber debe pagar a la municipalidad de Sao Paulo una comisión de 0,10 reales de Brasil (equivalentes a ¢13 de Costa Rica), para poder operar sus servicios de transporte.
Oposición a las protestas
El anuncio de que los taxistas tomarán las calles desde la madrugada de este martes para protestar contra Uber generó oposiciones y reacciones.
Franco Artuto Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), dijo que si bien las manifestaciones son un derecho, no deben generar problemas al resto de la población.
"Todos los sectores tienen derecho a expresarse y manifestarse, no apoyamos manifestaciones donde se prive la libertad de tránsito pues es un derecho constitucional del cual no podemos ser privados esta no es la forma de resolver las cosas en Costa Rica", agregó Pacheco.
El jerarca de Uccaep indicó que según datos del último informe del Estado de la Nación, el congestionamiento vial representa una pérdida de $590 millones de dólares al año, lo que se traduce en el 2% del PIB.
"Si vemos el impacto por día, y por mañana, podria ascender a más de $2 millones. El impacto estaría entocnes para sectores como el exportador, especificamente de productos perecederos, donde el producto urge que llegue a los puertos y que no se pierdan", concluyó Pacheco.
Montserrat Solano Carboni, defensora de los habitantes, consideró que el Estado tiene la potestad de asegurar que esa manifestación sea pacífica.
"Repudio cualquier llamado e incitación a la violencia. La Sala Constitucional ha sido muy clara en que una manifestación como la que se ha anunciado tienen que haber vias alternas y los manifestanes tienen que contribuir a eso. no se debe permitir el bloqueo absoluto de las calles", aseveró Solano.
Colaboraron los periodistas Andrea Rodríguez y Daniel Salazar Murillo.