En busca de una ruta legal para Uber


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Uber entró a Costa Rica con el prejuicio heredado de otros países donde ya opera: los taxistas se manifestaron incluso antes de que la empresa entrara formalmente al país.

De hecho, la expectativa ha sido la más grande de toda la región, dice Rocío Paniagua, vocera de Uber para Latinoamérica.

Desde su trinchera, se han proclamado como una comunidad de autoabastecimiento, en la que los usuarios satisfacen sus necesidades con el servicio de sus pares.

La Procuraduría General de la República se pronunció sobre el autoabastecimiento en junio de este año, ante una consulta emitida por el Ministro de Ambiente y Energía sobre el autoconsumo de electricidad.

La procuradora adjunta, Magda Rojas, explicó que este criterio únicamente aplica para el tema específico de la consulta y en referencia a la Ley No. 7.200 y no podría utilizarse como base legal para servicios que estén contemplados en otras leyes. “Son marcos generales”, explicó.

“Sí, son una fuente normativa, pero en la mayoría de los casos aplica solo para el consultante”, agregó la abogada Ana Elena Carazo, de PriceWaterhouseCoopers.

EF consultó a la Procuraduría si existen otros dictámenes relacionados con el autoabastecimiento, pero la vocera explicó que es difícil encontrarlos sin contar con el número de oficio.

Al cierre de esta edición, Uber no entregó estos datos.

Sea o no una comunidad de autoabastecimiento, los abogados consultados coincidieron en que, por ahora, sería difícil concebir a Uber como un servicio regulado, pues la legislación actual deja por fuera el uso de la plataforma tecnológica. Hay un vacío legal, explicaron los abogados del bufete Arias &Muñoz.

También los protegería la Constitución Política, que permite el ejercicio libre de las actividades comerciales, siempre que no estén prohibidas expresamente en la ley.

Según la postura del Gobierno, Uber debe ajustarse a dos normativas: la Ley 7.969 de taxis y la 8.955 del servicio especial estable de taxi (anteriormente porteadores).

En ese caso, los conductores deberán ajustarse a las regulaciones, pero la Aresep ha dicho que no pueden comenzar a regular este servicio hasta que el Consejo Nacional de Transporte Público (CTP) no lo declare como público.

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