Turrialba mantiene en vilo al agro

Hace cuatro meses, Martín Solano trasladó su planta productora de queso de las faldas del volcán Turrialba a un pueblo ubicado a 20 kilómetros del cráter.

La erupción que registró el coloso el 30 de octubre del 2014, la más grande desde 1866, fue el detonante para tomar la decisión. Sin embargo, la constante actividad volcánica ya lo había convencido a migrar mucho tiempo antes.

Datos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasa), registran que solo desde octubre, los productores de leche de la zona contabilizan una pérdida diaria equivalente a ¢17.400, provocado en mayor medida por la caída de lluvia ácida y ceniza, en periodos eruptivos más intensos.

Si bien la actividad que muestra el Turrialba en los últimos nueve meses es de una relativa estabilidad, productores y expertos tienen claro que este no será necesariamente su comportamiento definitivo.

“En algún momento va a llegar una etapa eruptiva más fuerte que las registradas, el problema es que no podemos determinar el cuándo, puede llevarle poco o mucho tiempo, y en ese periodo podemos tener estos altibajos”, subrayó Mauricio Mora, experto en sismología volcánica.

De ahí la necesidad de plantear medidas menos reactivas y cada vez más definitivas, que permitan la seguridad de los habitantes de las zonas aledañas y la continuidad de los procesos productivos de las fincas vecinas.

Uso del suelo bajo restricción

Un estudio elaborado por la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (Fundevi) en 2012, denominado “Preparación de mapas de peligros volcánicos y restricción de uso de la tierra en el volcán Turrialba”, evidencia un primer reto.

El informe señala directrices que deberían aplicarse en cuanto a restricciones de uso del suelo en la periferia del volcán.

El estudio identifica anillos de 2 y 5 km de diámetro como espacios de alto y moderado peligro por bombardeo balístico, lava, caída de ceniza y lluvia ácida frecuente.

Justamente, estos anillos de seguridad fueron tomados como referencia por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) en la erupción de octubre del 2014. A la fecha, aún se conserva el radio de 2 Km como zona de alerta.

Para ese espacio (2 km), el documento sugiere que los productores recurran, de manera permanente, a especies y cultivos que soporten mejor el embate de la lluvia ácida, la cual puede estar presente por años o hasta décadas.

Más aún, Lidier Madrigal, del área de investigación y análisis de riesgo de la CNE, recordó que este espacio ni siquiera debería reportar actividades económicas, pues coincide con un 80% con la zona destina al Parque Nacional Volcán Turrialba.

“Todavía hay fincas con uso privado que no han sido pagadas por el Estado. En algún momento conversamos si se podía priorizar la compra de estas fincas pero ya viene un tema jurídico legal más complejo. Lo ideal seria la reubicación definitiva y permanente de esas fincas, por el momento seguimos promoviendo que la mayoría siga desarrollando fuera de ese radio”, agregó Madrigal.

Por otra parte, para el radio de 5 kilómetros, Fundevi sugiere que esas áreas conserven su vocación forestal y no se promuevan actividades turísticas con alta concentración de personas.

Asimismo, se aconsejó que las áreas de ganadería y cultivos en los sectores suroeste, sur y sureste, mantengan áreas de vivienda de baja densidad.

De octubre a la fecha, las fincas dentro de esos anillos han dejado de producir 12 kilos diarios de queso, unos ¢21.600 menos por día en fincas de 20 vacas, detalla el Senasa. La afectación del pasto por la lluvia ácida y la ceniza contribuyeron a la caída.

A nivel de cultivos, las consecuencias llegaron a productos como la papa, lechuga, repollo y zanahoria, aunque se contabilizan pérdidas minoritarias.

“Estos anillos hay que entenderlos también como un asunto dinámico. Si el volcán hace una erupción más grande pues podrían moverse esas zonas de restricción, pero por el momento, eso debería ser lo mínimo”, dijo Gerardo Soto, vulcanólogo e investigador de Fundevi.

A lo anterior se une la recomendación de elaborar un estudio que defina el impacto socioeconómico de lo que representa la actividad del volcán, pues a la fecha, solo se tienen números aislados que no permiten definir de manera más certera las restricciones reales del comportamiento del volcán, según el informe.

Invernaderos como respuesta

Como segundo reto, Senasa destaca la necesidad de construir invernaderos que protejan los cultivos y los animales de las emanaciones del volcán, especialmente de la ceniza.

De acuerdo con la institución, se mantienen conversaciones para desarrollar este tipo de instalaciones en cantones como el de Alvarado de Turrialba, pero aún no tienen fecha definida para su ejecución.

“Se deben hacer cambios en los sistemas de producción si se quiere seguir produciendo bajo la presencia del Turrialba y hasta de las mismas lluvias, por ejemplo. El Gobierno puede aportar algunos de ellos, pero no todos, eso es claro”, comentó Allan Sánchez, director de la Región Central, de Senasa.

Las negociaciones contemplan que asociaciones del mismo cantón lleguen a facilitar préstamos para que los productores puedan costear la construcción de sus propios invernaderos, pero también es una acción que vendría en camino.

“Ya tenemos invernaderos temporales para que el ganado no esté a la intemperie, pero no podemos obviar que se necesitan más”, reforzó Madrigal.

Por el momento...

Bajo la consigna de que, al haber una amenaza latente, con altas posibilidad de impactos profundos, la parte preventiva es señalada como fundamental por las instituciones como la CNE y el mismo Senasa.

Para una erupción como la de octubre, la Comisión llegó a destinar fondos por ¢29 millones. El monto se invirtió en la compra de poco más de 658 sacos de concentrado y cerca de 6.600 pacas de heno para la alimentación del ganado.

La emergencia dejó como saldo la necesidad de atender a un total de 443 animales.

Con ello, se debió plantear una estrategia de vigilancia de enfermedades, por lo que se aumentaron las coberturas de los programas sanitarios.

“Se mantienen seis convenios con grupos organizados de la zona para que los productores pueden pagar muestreos y mantengan en vigilancia a sus animales. Eso fue algo que se implementó para octubre pero que aún se mantiene”, comentó el director regional, Allan Sánchez.

Por su parte, el seguimiento al estado y afectación de las fuentes de agua así como de los caminos de acceso al volcán y sus cercanías, son otros de los puntos vulnerables que se han mantenido bajo el foco de atención de las autoridades.

Productores como Solano decidieron entonces ver de largo las próximas manifestaciones de poder que podría reportar el volcán Turrialba, pero como bien lo señala: “No todas las personas tienen la misma oportunidad que tuvimos nosotros, de tener otra tierra y seguir produciendo. Entonces los accesos, como mínimo, deben mejorar”.