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Apuestas electrónicas | Opciones limitadas para mantener negocios aquí

Gobierno busca vía para supervisar sportbooks

Bancos no abrirán cuentas; BCR las mantienen en operación

Joven trabajador de sportbooks o apuestas electrónicasLas casas de apuestas electrónicas brindan trabajo principalmente a jóvenes estudiantes.

El ministro de Seguridad Pública y Gobernación, Rogelio Ramos, confirmó que el Gobierno está buscando un modelo de supervisión para las casas de apuestas electrónicas ?más conocidas como sportbooks? de tal forma que se demuestren que el país tiene control sobre la actividad. Pero, reconoció que la labor no será fácil.

Esta sería una vía para lograr que los bancos no cierren del todo las cuentas corrientes a estas empresas, pues eso sería un golpe letal para su actividad, según representantes de las compañías.

El 10 de marzo anterior, los sportbooks se reunieron con representantes del Gobierno --entre ellos la ministra de la Presidencia Rina Contreras, el de Hacienda, Jorge Walter Bolaños, y Ramos--para exponer los problemas que enfrentan a raíz del cierre de sus cuentas corrientes por parte de los bancos.

El Banco Nacional ?que manejaba 52 cuentas con movimientos mensuales promedios de ¢16.142 millones, según publicó el diario Al Día? decidió cerrar sus cuentas el 4 de febrero pasado.

Los sportbooks han advertido que si la situación se mantiene tendrán que buscar otros países y dejarían sin empleo a 7.000 trabajadores que laboran para casi 200 firmas de este tipo.

Se calcula que estas compañías generan US$100 millones anuales a la economía nacional, principalmente en pago de servicios y de planillas.

Consultado por El Financiero, el jerarca de Seguridad confesó que la solución del problema no es nada fácil. Reconoció que la actividad ya fue legitimada con la Ley de contingencia fiscal (aprobada en diciembre anterior), pues les impuso un impuesto.

Dijo que conformó un grupo de trabajado con representantes del Ministerio de Economía, el de Seguridad y el Instituto Costarricense sobre Drogas para buscar un modelo de supervisión. Prevé que habrá una respuesta en cuatro semanas.

Bancos toman medidas

Agami indicó que algunos bancos han otorgado plazos de gracia para devolver los fondos a las empresas y que solo el Banco de Costa Rica (BCR) mantiene abiertas algunas cuentas.

El subgerente del BCR, Fabio Valverde, reconoció que el banco mantiene entre ocho y diez cuentas abiertas, pero que los volúmenes de transacciones son ?mínimos?. No obstante, dijo que no abrirán líneas a otras empresas.

El presidente de la junta directiva de esta entidad, Víctor Emilio Herrera, reconoció que se está estudiando una nueva política de atención a estas empresas dentro del Manual de Cumplimiento de la Ley 8204 sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y este documento será aprobado próximamente por la junta directiva.

El Banco Crédito Agrícola de Cartago indicó que está a la espera de lo que indiquen las autoridades de supervisión y del gobierno, según confirmó su gerente, Max Alvarado.

El Banco Nacional reafirmó que no volverá a abrir sus cuentas a estas empresas.

Por su parte, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) envió una circular a los bancos el 4 de diciembre anterior en la que les indica que es ?imperativo? cumplir con los requerimientos de la ley 8204.

?Nos encontramos pendiente de la realización de negocios de esta índole, a fin de dictar medidas correctivas y precautorias de ser procedente?, señaló la circular.

Agami insiste en que las empresas tienen voluntad de suministrar toda la información que necesiten los bancos.

El empresario aseguró que alrededor de 10 empresas ya han decidido trasladarse a otro país en lo que va del año debido a las dificultades para operar aquí, aunque no suministró nombres.

No obstante, los bancos sostienen que además de las leyes locales están presionados por cumplir con los requisitos del Acta Patriótica de Estados Unidos, que obliga a los bancos norteamericanos ?que ofrecen servicios de corresponsalía a bancos locales? a exigir información exhaustiva sobre los clientes con el fin de evitar movimientos de recursos a organizaciones terroristas o de lavado de dinero.

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