| Archivo | Indicadores | Domingo 27 de abril, 2003 | Escríbanos |
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Supervisión | Gestor renuente a presentar nuevo ajuste Fiscalizador y Alterra chocan por tarifas del aeropuerto Nelson Murillo MurilloEl Financiero Diputado Carazo exige más controles en el Juan Santamaría
La tensión aumenta en el aeropuerto internacional Juan Santamaría porque el órgano fiscalizador solicitó al gestor interesado ?Alterra Partners- un nuevo ajuste tarifario, tras rechazar la solicitud presentada el 24 de marzo pasado por considerarla ?incompleta?, pero la empresa sostiene que no elaborará otro plan porque actuó a derecho. Tras admitir que el enfrentamiento que mantiene con Alterra es fuerte, el fiscalizador del aeropuerto Federick Thome indicó que realiza gestiones ante el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) para explicar por qué rechazó el ajuste de las tarifas aeronáuticas y no aeronáuticas, con el fin de esa entidad entienda la raíz del problema y tome una determinación, si fuera ese el caso. Alterra, por su parte, enfatizó a El Financiero que la propuesta que elaboró contiene la aplicación correcta de la metodología para la fijación de tarifas establecida en el contrato. Así lo manifestó el gerente general de esa compañía, Al Romeu, quien abogó por una mayor claridad a la hora de canalizar los costos adicionales que genera la remodelación del aeropuerto. Enfatizó en que el órgano fiscalizador debe contractualmente revisar y hacer recomendaciones al Cetac, pero ?no le corresponde, por lo tanto, devolver las propuestas (de tarifas)?. Además Romeu destacó que el informe de la Contraloría está dirigido al Cetac, y no a Alterra. Precisamente el órgano contralor abrió el 7 de abril un proceso administrativo ordinario a Eliécer Feinzaig, exviceministro de Obras Públicas y Transportes y expresidente del Cetac, para determinar si en el Gobierno anterior incurrió en faltas graves en cuanto a la aplicación de metodologías tarifarias. El Financiero trató de obtener el criterio de Feinzaig, mas no fue posible porque se encuentra en Nueva York, Estados Unidos. No respondió a un mensaje que se le hizo llegar por el correo electrónico. Si se le comprobara alguna anomalía, el exjerarca quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos. Thome en el Congreso Tras comparecer durante las tres últimas semanas en una comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia la concesión de la administración del aeropuerto, Thome aseveró que la propuesta de Alterra no aportó inicialmente los detalles sobre la actualización de los costos ni las recomendaciones de la Contraloría para garantizar el apego a la Ley de Administración Pública. Sin embargo, destacó que posteriormente Alterra presentó al Órgano Fiscalizador y al Cetac una lista sobre los costos de las inversiones por la remodelación que se realiza en esa terminal, como las rampas, salas de abordaje y la bahía de espera, entre otras. Esto por cuanto el valor de muchas obras deberán ser transformado en tarifas, como consecuencia de la expansión del aeropuerto. ?El documento está en estudio?, señaló Thome. Uno de los diputados de una comisión especial del Congreso que analiza las obras por concesión, Rodrigo Alberto Carazo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que ?por primera vez? una entidad pública le rechaza un documento a Alterra. Subrayó que anteriormente los órganos públicos encargados de velar por el cumplimiento del contrato -suscrito por 20 años- no hacían mayores cuestionamientos, de ahí que demanda nuevos controles. Consultado sobre la ?propuesta incompleta? que a juicio de Thome presentó Alterra, Carazo expresó que esa compañía, de capital británico, cree que ?vive en otro país?. ALA condiciona El problema adquiere una mayor dimensión porque la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) adelantó que no aceptará la aplicación de un nuevo plan tarifario si antes las instancias correspondientes (Alterra y el Estado) no efectúan la devolución del dinero a las compañías aéreas por las tarifas excesivas aprobadas para el período 2002-2003 (unos US$2 millones). Según el presidente de ALA, Tomás Nassar, un informe emitido el 5 de marzo por la Contraloría General de la República, estipula la reducción de las tarifas aeronáuticas (2003-2004), pues no se justifica que los costos adicionales repercutan fuertemente en las aerolíneas. ALA pretende que se devuelva el dinero cobrado de más a las aerolíneas. La cantidad exacta aún no ha sido confirmada, de acuerdo con el Cetac y el órgano fiscalizador. Las nuevas tarifas deberían aplicarse a partir del 1 de junio. Pese a la incertidumbre que prevalece en el aeropuerto todavía no se había definido quiénes honrarán el dinero cobrado de más a las aerolíneas, ni por qué medios, pues ese álgido tema está en estudio. Consultada sobre la devolución del dinero que solicitó ALA, la viceministra de Transportes, Karla González, expresó que la medida le parece ?lógica? desde el punto de vista de las aerolíneas. Pero afirmó que lograr esa devolución no será una tarea fácil, en alusión a los trámites administrativos que será necesario realizar. Otro de los problemas es que el Estado debe aproximadamente US$7 millones a Alterra como consecuencia de irregularidades o falta de fiscalización que se dieron en el pasado, o por el atraso de algunas obras. Por ejemplo, US$1,8 millones de ese total corresponden a las tarifas que no ha honrado la Cooperativa de Servicios Aeroportuarios (Coopesa) por el espacio que utiliza en la terminal aérea. Tanto el Cetac como el Órgano Fiscalizador estudian la solución del problema. ?Tenemos todo documentado para efectuar los reclamos?, advirtió Romeu.
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