Opinión

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El caso Cocesa

?En un Estado de Derecho y en un país democrático, como Costa Rica, la última palabra la dicen los Tribunales de Justicia?.

Como abogados de la empresa Cocesa y del señor Hernán Guerrero y obligados por la información ?Quiebras han sido pesadilla para banca?, que publicó El Financiero en la edición 406 (7-13 de abril), en honor a la verdad y al estado de los procedimientos, hacemos la siguiente aclaración pública:

1. Después de tres años de investigación, absolutamente nada en la realidad de los procedimientos judiciales tiene que ver con la información de El Financiero sobre el cierre ilegal y el despojo de una empresa valorada en US$30 millones y con ventas demostradas por ¢750 millones mensuales, como es el caso de Cocesa.

2. Pareciera que el director de la banca corporativa del Banco Interfín no ha leído los informes oficiales de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Departamento de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o que está muy mal informado en el caso Cocesa. La verdad real que se refleja en una amplia y profunda investigación de tres años y que está a punto de ser resuelta en derecho por las autoridades judiciales, con base en pruebas técnico contables, es diametralmente distinta al informe y a sus declaraciones en El Financiero.

3. En un Estado de Derecho y en un país democrático, como Costa Rica, la última palabra la dicen los Tribunales de Justicia. En este caso y por tratarse de materia penal y financiera, lo determinante es el contenido real y definitivo de los informes actuariales del OIJ y de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Todo ello consta en un legajo de más de 12 tomos y casi dos mil páginas, tramitados en instancia judicial en Alajuela y en San José. Ahí está la verdad verdadera.

Responder judicialmente

4. Los responsables de las ilegalidades en el caso Cocesa deberán responder judicialmente por qué después de tres años de investigación no han logrado demostrar cómo ?se sustrajeron fraudulentamente casi ¢3.000 millones del ahorro público?, como afirmó el apoderado judicial del banco en la denuncia original en Alajuela. A este respecto, los informes 045-DEF-03, 113-DEF-03 y 115-DEF-03 de la Sección de Delitos Económicos y Financieros, de fechas tan recientes como el 21 de febrero y el 27 de marzo del 2003, son de tal contundencia y de una claridad tan meridiana que mejor haría el Director de la banca corporativa del banco Interfin en no seguir haciendo declaraciones por la prensa y en concentrar su energía en la defensa técnica de lo que originalmente denunció su representada y en explicar correctamente, en estrados judiciales, por qué el banco era acreedor de Cocesa por US$600.000 y realizó cobros y recuperaciones por una suma del orden de los US$2,8 millones, o sea, cuatro veces lo que se debía, sin incluir una Letra de Cambio cuya autenticidad ha quedado plenamente demostrada por US$5,5 millones. De esos hechos, basados en pruebas y documentos fehacientes, trata la querella que se tramita en San José ante la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Corrupción. Esas son verdades y no declaraciones de prensa.

5. O tal vez, alguno de los responsables del cierre y el despojo de Cocesa pueda explicar cómo es que la Sugef, en informe oficial del 5 de diciembre del 2002 entregado a un juez, da cuenta de dos líneas de crédito por ¢120 millones y ¢122,8 millones perfectamente canceladas por Cocesa y con copia fiel de los documentos en que se demuestra dicho pago y que, sin embargo, un banco privado que no es Interfin intentó cobrar dos veces. Si se quiere podemos dar otros ejemplos de ilegalidades que constan en los expedientes, las que también la Sugef, obligada por el artículo 152 de la Ley Orgánica del Banco Central, deberá investigar y sancionar conforme corresponda en beneficio del Sistema Financiero Nacional y de la transparencia y legalidad en las relaciones entre los bancos y las empresas privadas.

6. Si los ejecutivos de algunos bancos quieren abrir públicamente la Caja de Pandora de los informes oficiales de los C.P.A. y de las pruebas, nosotros como abogados estamos preparados para ello. Absolutamente todo consta en los expedientes. Al cabo de tres años, estamos en capacidad de demostrar no solo que ?aún no ha habido fallo? contra don Hernán Guerrero, como lo dice en su información El Financiero , sino de que las autoridades competentes deben pronunciarse sobre las conclusiones objetivas y profesionales de los informes de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Departamento de Investigaciones Criminales. Otra cosa será el daño moral y otra cosa, muy distinta, la enorme responsabilidad de quienes han incurrido en una estafa procesal sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. De eso trata precisamente el caso Cocesa y no de ?quiebras? o ?pesadillas? de algunos bancos privados. Estamos en la hora de las verdades judiciales.

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