ECONOMÍA

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Agricultura | 30 de junio vence precio de sustentación para arroceros

EE. UU. objeta barreras en arroz

Quieren un canon fitosanitario ?razonable? y objetan mecanismo de importación

Negociaciones Cafta-grupos de trabajoEl Grupo de Trabajo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias no es una mesa de negociación. Su labor es atender las solicitudes de las partes sobre las barreras no arancelarias que impiden un acceso real a los mercados.

Estados Unidos considera que los permisos y el control que el Gobierno de Costa Rica tiene en las importaciones de arroz no es consistente con la Organización Mundial del Comercio (OMC), razón por la cual pidió a las autoridades de comercio reducir barreras no arancelarias para permitir una importación arrocera más ágil, más automática en sus trámites, que no se preste para establecer trabas.

Alan Hrapsky, agregado agrícola de la embajada de EE. UU. en Costa Rica, dijo a El Financiero que su gobierno pide dos cosas en materia de arroz: un canon fitosanitario ?razonable? y reducir barreras no arancelarias a la hora de importar el grano.

?El problema es que aquí el Gobierno controla la importación de arroz y también usa un sistema de permisos de importación. Nuestra opinión es que esto no es consistente con las reglas de OMC, porque no es un requisito dentro de las medidas que existen en ese organismo?, dijo Hrapsky (véase recuadro ?En Centroamérica también)?.

Los controles gubernamentales a los que se refiere Hrapsky se relacionan con la declaratoria de desabastecimiento que hace el Gobierno y la facultad que dio, por ley, a la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) para realizar esas importaciones y recibir ingresos por ello.

También se refiere a los aranceles que existen en el país para importar el grano, y otras medidas, como por ejemplo el canon fitosanitario de US$19 por tonelada métrica que impone a las importaciones del grano.

Este canon sirve para financiar la certificación de semilla de arroz, prevenir la propagación del arroz rojo en las plantaciones y financiar los muestreos y análisis del material importado.

Según Hrapsky, el canon fitosanitario es muy costoso, fuera de los niveles internacionales.

Agustín Navarro , presidente de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz), piensa todo lo contrario. ?Japón tiene canon fitosanitario de US$100, y tiene la bendición de la OMC. ¿Por qué con Japón Estados Unidos no se mete, y sí lo hace con un país chiquitico como el nuestro?, dijo Navarro.

Para el presidente de Conarroz, a su sector también le preocupa la intención de ese país de lograr que el arroz se considere como uno de los productos de acceso inmediato en el tratado de libre comercio (conocido como Cafta, por sus siglas en inglés), sin pagar aranceles. ?Si eso se acepta, llevaremos a la ruina a más de un millón de productores de arroz en Centroamérica?, dijo el arrocero.

Sobre este tema, Renzo Céspedes , asesor de los arroceros, señaló que los estadounidenses tienen mucho interés en eliminar regulaciones arroceras porque exportan 476.000 toneladas métricas en granza a la región. ?Ellos tienen subsidios pavorosos. Pasaron de US$237 millones en 1998 a más de US$787 millones en el 2001. Nuestro sector no se va a exponer a la competencia desleal?, dijo Céspedes.

La posición gubernamental

La petición de Estados Unidos se discute en el Grupo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias creado en el marco del Cafta.

Álvaro Monge , negociador de Costa Rica en este grupo, dijo que EE. UU. no se ha referido expresamente al tema del canon fitosanitario aplicado al arroz en forma individual, pero sí ha expresado su interés por analizar todos los requisitos fitosanitarios de importación que se le aplican al arroz.

Esto se realizaría a partir de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias prevista el 9 y 10 de julio en Washington, D.C.

?Con respecto a la posición de país sobre este tema, estamos analizando todas las prioridades presentadas por Estados Unidos para determinar su status quo y poder dar respuestas en los casos que corresponda?, dijo el negociador.

Subsidio

Pero el Cafta no es la única negociación en la que los arroceros deben pensar. Esta semana vence el mecanismo de precio de sustentación que el sector negoció con el Gobierno en noviembre del año pasado.

Este mecanismo permite estabilizar el precio al productor en US$260, cifra que según los arroceros apenas cubre sus costos. Para lograr este pago, Conarroz reconoce a los industriales los dólares adicionales que pagarían al productor por encima del precio internacional, y por otra parte, reparte entre los productores un monto adicional para que ajusten sus ingresos.

Conarroz obtiene estos recursos de las importaciones por desabastecimiento ?las cuales no pagan aranceles? y de recursos obtenidos por el pago de impuestos a la importación de arroz, los cuales paga cualquier empresa que decida importar arroz, en cualquier momento del año.

Mientras los arroceros y el Gobierno se sientan a negociar una posible reactivación de este mecanismo de sustentación, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aumentó el precio del arroz al consumidor final en un 14% (¢218 el kilo al consumidor final) para permitir a los productores mejorar sus ingresos, justo ahora que se desactiva el mecanismo para garantizarles un precio de US$260 por tonelada métrica.

El MEIC justificó la medida por la recuperación del precio internacional, y la consecuente necesidad de equilibrar la estructura de precios local para mantener la competitividad del sector. Sobre este tema, Navarro dijo que el aumento de precio permite al productor recibir cerca de US$246 la tonelada métrica, cifra inferior a los US$260 que requiere, pero que da un poco de oxígeno mientras se negocia con el Gobierno un nuevo mecanismo de sustentación.

Cuestionan a Conarroz

Entre tanto, la Asociación de Consumidores Libres, denunciará a Conarroz ante la Contraloría General de la República. Según Juan Ricardo Fernández , presidente de esta asociación, Conarroz repartió el dinero de la reasignación no reembolsable en marzo del 2003, a pesar de que la Sala IV había suspendido la aplicación de los decretos en febrero de ese año. Al respecto, Agustín Navarro había dicho a El Financiero que tal repartición se hizo antes de que Conarroz fuera notificada oficialmente.

La Asociación de Consumidores Libres también tiene otras críticas a Conarroz, porque, según ellos, Conarroz debe aplicar criterios de contratación administrativa en el manejo de los fondos que perciben de los industriales y productores del arroz. Sin embargo, hay diferencias de interpretación legal en este sentido. La Asociación hablará más de este tema durante la semana.

Colaboró Kattia Bermúdez.

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