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Domingo 15 de junio, 2003 | |
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Inversión Pública | Pobre análisis de capacidad financiera de empresas Inseguridad jurídica amenaza al país Wilberth Quesada CéspedesEl Financiero Expertos critican aplicación de leyes en materia de inversiones La falta de recursos económicos no es el único escollo que afronta el Estado costarricense para financiar obras públicas. La inseguridad jurídica es otro de los mayores problemas que enfrentan el Gobierno y sus instituciones en la tarea de brindarle un clima de confianza a los inversionistas para que estos provean financiamiento para desarrollar obra pública. Las experiencias en telefonía celular con Millicom, y con los generadores eléctricos privados, pesan sobre los hombros del país como un mal signo de las grietas que exhibe nuestro marco legal. A esto se suma el pobre análisis financiero que se ha realizado de las empresas privadas a las que se les ha encargado efectuar obras públicas; esta ha sido una de las principales causas de la fallida concesión de obras viales. (véase recuadro: ?Lecciones no aprendidas?). La situación es delicada si se consideran las reducidas posibilidades que tiene el Estado para financiar obra, lo que le obliga a buscar nuevos mecanismos de financiamiento, más allá de los impuestos y empréstitos. (Véase nota: ?Nuevo esquema de financiamiento reta al Estado?). Inseguridad Que el país pueda adquirir una mala imagen en el exterior por inseguridad jurídica y eso empañe el panorama de quienes tengan deseos de invertir en Costa Rica, es una de las principales preocupaciones que expresaron a El Financiero , abogados, economistas, banqueros (comerciales y de inversión) y empresarios. Ya en un estudio sobre seguridad jurídica e inversiones, publicado en el 2000 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se indicó que ?el país presentaba cierta inseguridad jurídica?. El PNUD define la seguridad jurídica como la certeza sobre qué está a derecho en cada momento y sobre lo que, previsiblemente, será en el futuro. Fabián Volio y Jorge Volio , especialista en derecho público y presidente de Volio Capital, respectivamente, dijeron por separado que la mayoría de las leyes costarricenses relacionadas con la inversión son adecuadas y que el problema es su aplicación y el respeto que las autoridades den a lo acordado. El presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada , Samuel Yankelewitz , fustigó el hecho de que a una empresa que gane un contrato de forma transparente, después se lo cambien. Recordó que a raíz del caso de los cogeneradores de electricidad privados algunas instituciones financieras internacionales y multilaterales enviaron a esa cámara cartas advirtiendo que podrían desacreditar al país como un lugar seguro para invertir.
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