Finanzas

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Pensiones | Pérdidas cubrían más del 50% del patrimonio

Supen pide recapitalizar a 4 operadoras

Regulador prepara nueva normativa prudencial

La Superintendencia de Pensiones (Supen) solicitó a las operadoras de pensiones complementarias (OPC) INS-Bancrédito Pensiones, Popular Pensiones, Vida Plena y San José Confía incrementar su capital social, debido a que sus pérdidas cubrían más del 50% de ese rubro, algo que es cuestionado por el Código de Comercio.

De acuerdo con este reglamento, cuando las pérdidas de una empresa superan la mitad del capital social esta puede ser declarada en quiebra técnica por cualquiera de sus socios.

Sin embargo, el titular de la Supen, Javier Cascante, explicó que en el caso de las operadoras esta es una situación normal, ya que apenas tienen dos años de estar en el negocio y han tenido que incurrir en fuertes gastos operacionales desde su inicio. De ahí que es común que algunas presenten pérdidas.

En el caso del Popular Pensiones, la junta directiva aprobó un incremento de ¢477 millones (un 61% más del capital con que cerraron el 2002), INS-Bancrédito de ¢143 millones (un 44%) y Vida Plena de ¢149 millones (un 25%). No se obtuvo la cifra para San José Confía.

Todos esos recursos fueron tomados de la cuenta de aportes para incremento de capital, que se trata de recursos que los socios han aportado en periodos anteriores para cubrir contingencias. Dichos ajustes fueron comunicados la semana pasada a la Supen.

No obstante, para clarificar más este proceso, el Superintendente anunció que está preparando una nueva normativa prudencial para las OPC, la cual traerá otros cambios más administrativos.

De acuerdo con los estados financieros auditados, de las nueve operadoras en funcionamiento, solo estas cuatro tenían esa condición (véase gráfico aparte).

Cascante aseguró que la Ley de protección al trabajador establece un mínimo de capital social y de funcionamiento y que a la fecha ninguna operadora está violentando eso. No obstante, había un problema con el artículo 201 del Código de Comercio, por lo que solicitaron a las operadoras solucionar el problema.

?Es obvio que algunas de las operadoras van a presentar pérdidas debido a los múltiples gastos en que incurrieron en su puesta en marcha y por el proceso de afiliación masiva, a inicios del 2001. No es una situación de preocupación?, comentó el superintendente.

Agregó que la situación patrimonial de las operadoras no afecta los fondos de pensiones de los afiliados, pues son capitales separados. Se calcula que las operadoras deberían alcanzar su nivel de equilibrio en 5 ó 6 años.

Alejandro Solórzano, gerente de Vida Plena, insistió en que este tema no debe ser malinterpretado como una situación de insolvencia de las operadoras, ya que se trata de un negocio de largo plazo y los socios ya han hecho los aportes necesarios para seguir operando.

Nueva normativa

En cuanto a la nueva normativa prudencial, Cascante aseguró que incluirá el concepto de ?Patrimonio técnico?, con lo cual ese rubro podrá ser ajustado en función de los riesgos que tenga la operadora o en situaciones de descapitalización como las mencionadas arriba.

Dicha normativa ya se encuentra prácticamente lista y será enviada a conocimiento del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el próximo mes. De ser aprobada, será enviada a consulta las operadoras.

La regulación también traerá estándares mínimos de riesgo operacional para minimizar riesgos de fraude interno y externo, y elementos de riesgos tecnológico.

También definirá mejor las funciones de los fiscales en las juntas directivas y los requerimientos de información financiera para la aplicación de un modelo posterior de calificación y evaluación de la gestión.

Cascante espera que la normativa se empiece a aplicar en el tercer trimestre de este año o a principios del 2004.

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