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Gilberto Barrantes cree que se puede liberalizar el precio para evitar abusos.
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Arroz | MEIC espera los fallos pendientes de la Sala Constitucional

Valoran redistribuir subsidios arroceros


Alejandro Vargas Johansson

Jerarca apunta hacia la liberalización del precio

Atrincherado en dos pronunciamientos pendientes de la Sala Constitucional sobre la distribución de los beneficios del arroz importado y la validez de la ley que creó la Corporación Arrocera (Conarroz), el jerarca del MEIC, Gilberto Barrantes, reconoció la necesidad de redistribuir los cuestionados subsidios arroceros de alguna forma que no reveló.

El pasado 11 de agosto, la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la mitad del fondo de US$6,3 millones –procedentes a junio pasado de las utilidades del arroz importado– quedó en manos del 3% del total de arroceros (33 grandes firmas). Entre sus recomendaciones, pidió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) iniciar los trámites para anular el decreto.

Barrantes fue el último jerarca del MEIC en la administración Rodríguez y el segundo de la Administración Pacheco, tras la renuncia de Vilma Villalobos.

Dijo que el gobierno anterior solo sugirió un “mecanismo alternativo” en momentos en que el país había recurrido a una salvaguardia (elevación temporal de los aranceles) que molestó a Estados Unidos, uno de los principales exportadores.

La Sala IV no ha resuelto una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Conarroz y un recurso de amparo contra el decreto que creó el fondo, interpuestos por la Asociación de Consumidores Libres el 20 de diciembre del 2002.

Cuando la Sala aceptó el recurso para su estudio suspendió la aplicación del decreto, pero ante la apelación de Conarroz y el Ministerio de Agricultura la Sala levantó la prohibición mientras resuelve.

¿Se anulará el decreto que creó el fondo?

—Mientras la Sala Constitucional no defina no podemos anular ese decreto.

¿Ustedes tienen voluntad para anularlo?

—No puedo adelantar criterio. Recuerde que es un decreto firmado por cuatro ministerios. El día que venga el fallo, yo tendría que conversar con Hacienda, Comercio Exterior y Agricultura.

La ley de Conarroz no facultó la creación del fondo, sino que este surgió por decreto. Por eso, según la CGR, la distribución de estos recursos por parte de Conarroz fue improcedente. ¿Piensa usted igual?

—No sé, no podría darle opinión. Sí creo que en ciertos momentos el Gobierno tiene que tomar una decisión de redistribuir los ingresos.

¿Cómo se redistribuiría?

—No sé. Repito hasta que no vea el fallo de la Sala IV no voy a adelantar criterio.

El MEIC avaló los US$210 –precio al que Conarroz le vendería al industrial–. Según la CGR fue “poco preciso” porque incluyó gastos de secado cuando el arroz ya venía seco, y gastos de almacenaje cuando el arroz se distribuyó de inmediato.

–Es el mismo tema. Yo no voy a opinar.

La iniciativa de crear el fondo vino de la administración Rodríguez de la cual usted fue ministro. En una carta de Rodríguez a Abel Pacheco se le sugería un “mecanismo alternativo” para aprovechar el arroz importado sin perjudicar al consumidor ni al productor.

—Discúlpeme, me vuelve a preguntar sobre lo mismo. No voy a dar una respuesta porque no puedo dársela.

No le estoy preguntando sobre el recurso, sino sobre al antecedente del decreto.

—¡Nada! Es parte del problema. Esto no fue la administración Rodríguez, fue al principio de la de Pacheco. Yo no hice ninguna gestión ante el gobierno sobre ese tema. Hay un recurso en la Sala IV.

Pero sí recomendó un mecanismo que luego se encauzó hacia el decreto.

—Es una recomendación. El Gobierno hace y decide lo que quiere hacer.

Antes de dejar la gestión (2002), usted dijo a este semanario que el mecanismo debía beneficiar al mediano y pequeño productor. ¿Cómo valora ahora esas declaraciones?

—Sigo creyendo que el esfuerzo hay que hacerlo en tres vías: ayudar al productor, al comerciante y al consumidor.

¿Cree que se debe liberalizar el precio?

—Lo he pensado. No es el momento adecuado estando el precio tan alto. Pero sí es una alternativa. Hay que fortalecer a Conarroz. La Contraloría lo pide.

¿Y el costo político de esa medida?

—Depende cómo se haga. Se puede liberalizar el precio y poner bandas para evitar abusos. Hoy, a como está el precio, no es un tema para conversar.


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