EDITORIAL

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El arroz: ¿hasta cuándo?

El trato privilegiado que recibe el sector arrocero no es algo nuevo en la historia económica del país, pero fue en el año 1999 cuando se inició una nueva etapa de atropellos en contra del Estado de derecho y de la ciudadanía en general.

Es necesario recordar que ese año, el sector arrocero, impunemente y con el apoyo de varios diputados, entre ellos el entonces legislador Oscar Campos, decidió bloquear la carretera hacia Caldera y mantuvo cerrado por varios días el puerto de esa localidad, con el grave perjuicio para el comercio exterior y el turismo nacional pero, sobre todo, para la institucionalidad del país.

Sin duda, la respuesta pusilánime de la administración Rodríguez Echeverría abrió las puertas para que luego otros grupos se sintieran igualmente desafiantes, en una actitud que desembocó en los bloqueos del llamado combo del ICE, y que contribuyó con el fracaso de la gestión política del gobierno anterior.

Con esos antecedentes y en medio de una campaña electoral caracterizada por la ausencia de debates serios, nace el proyecto de ley que luego dio origen a la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), el cual fue apoyado sin recato por todas las fracciones políticas representadas en ese entonces en el Congreso, con excepción del Movimiento Libertario.

Fue gracias a las gestiones del exdiputado Otto Guevara que el proyecto fue remitido a consulta a la Sala Constitucional y que, aun cuando ese tribunal le dio su aprobación, esta advirtió que una mala aplicación de la ley podría dar lugar a serios vicios de inconstitucionalidad. Precisamente, por esas razones, la legislación se encuentra actualmente cuestionada ante esa instancia jurisdiccional.

Es al amparo de esta controvertida legislación, que se han dado las irregularidades y desvaríos que la Contraloría General de la República señala en un informe reciente.

Y es también invocando dicha ley que, en diciembre de 2002, la actual administración dictó el decreto ejecutivo que ha permitido que se den las inaceptables inequidades a favor de unos pocos.

No es que esta injusticia sea nueva, lo que sucede es que con el nuevo sistema es posible conocer con mayor certeza y transparencia quiénes se quedan con los dineros que paga el pueblo y quiénes son los aprovechados que se esconden detrás de los pequeños productores para engrosar sus billeteras.

Lo hemos dicho muchas veces pero es claro que el mensaje no ha calado hasta donde debería llegar y, ciertamente, no hemos aprendido la lección de los reiterados ejemplos vividos hasta ahora: los subsidios son siempre perniciosos para el bienestar de todos los costarricenses y están muy lejor de ser la solución para los problemas del sector agrícola.

Pero esa fallida política de subsidios se torna intolerable e inadmisible cuando, como en el caso del arroz, es financiada a costa de los consumidores más pobres y beneficia mayoritariamente a un pequeño grupo de grandes empresarios, sin que sean tangibles los favores para el interés público.

El informe del órgano contralor evidencia que Conarroz es un ente público manejado a su antojo por algunos poderosos y que no ha contribuido en nada al desarrollo del sector arrocero ni a que los pequeños y medianos productores alcancen mayores niveles de eficiencia y calidad a través de la investigación, la capacitación y la transferencia de tecnología, único camino legítimo para enfrentar los retos que tenemos por delante.

Lo peor del caso es que otros sectores han pretendido y pretenden que el país replique los errores cometidos con Conarroz. ¿Cuándo aprenderemos?

Los subsidios son siempre perniciosos y lejos están de ser la solución para los problemas de la agricultura.

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