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Nuestro Tiempo: Abogando por el Cafta

Francisco Chacón G.

Uno de los efectos más importantes de la aprobación del Cafta será el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho en la política comercial y, en consecuencia, de la seguridad jurídica para los ciudadanos.

Abogando por el Cafta

Si algún gremio debe manifestarse claramente a favor del tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés), es el de los abogados.

Sus razones son muy distintas a las de los economistas o especialistas en temas comerciales, pues aunque los argumentos de estos últimos son sin duda contundentes, bien sabemos que esa discusión está muy lejos de formar parte del área del saber de la mayoría de los juristas.

El argumento de nosotros, los abogados, es más bien de carácter axiológico. Y es que, entre los valores jurídicos que imbuyen cualquier sistema legal, el de la seguridad ocupa siempre un lugar preponderante.

Ciertamente la justicia –en cualquiera de las acepciones que le demos– es el valor jurídico por excelencia, pero el de la seguridad es quizás el que tiene la conexión más íntima con el derecho.

ILUSTRACIÓN BYRON MORENO / PARA EL FINANCIERO / ARCHIVO

Por seguridad jurídica, se entiende la posibilidad de que el ciudadano conozca con certeza lo que está previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público. Gracias a aquella se sabe cuáles son las normas aplicables y que estas serán normalmente observadas por terceros, incluyendo el Estado, principal detentador del poder.

La seguridad jurídica implica, entonces, no solo una cuestión teórica de saber lo que se debe o se puede hacer sino también una cuestión práctica de saber que esto inexorablemente tendrá que ocurrir porque, de ser necesario, será impuesto incluso por la fuerza.

Pues bien, uno de los efectos más importantes de la aprobación del Cafta será el fortalecimiento institucional y del Estado de derecho en la política comercial y, en consecuencia, de la seguridad jurídica para los ciudadanos.

Esto puede ser analizado desde tres planos distintos.

El primero, el más obvio, es que pasaremos de un esquema de preferencias concesional, unilateral, inestable y sujeto a presiones políticas, a uno regulado por normas detalladas y precisas, que han sido negociadas por los países, que forman parte del régimen jurídico internacional, y que contará con un mecanismo para la solución de las diferencias.

Pero el Cafta mejorará también el manejo interno de los instrumentos de política comercial.

Este acuerdo vendría a reforzar el bloque de legalidad a que están sometidos los funcionarios encargados de aplicar las regulaciones comerciales y los sometería a un marco jurídico internacional que automáticamente pasa a formar parte del orden interno, obligando a una mayor transparencia, a respetar estándares y requisitos más estrictos y a cumplir con procedimientos establecidos antes de tomar cualquier decisión.

Es decir, el Cafta contribuirá a que las decisiones del Estado tengan una motivación fáctica real, una justificación técnica adecuada y a que su objetivo sea efectivamente satisfacer el interés público.

Se convertiría, así, en una garantía adicional para el ciudadano porque lo protegerá de acciones arbitrarias, sorpresivas o que solo pretendan responder a los intereses de los grupos de presión.

Finalmente, el Cafta nos obligaría a mejorar las instituciones encargadas de aplicar los instrumentos de política comercial y a que sus agentes tengan los conocimientos, destrezas y recursos necesarios para aplicar las normas de una forma efectiva, oportuna y correcta.

Y todo esto no es poca cosa para los abogados.

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