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En esta sección:

Enseñanzas del Anglo se han aprendido a medias


Édgar Delgado Montoya

A 10 años del cierre, ha habido avances en legislación y supervisión

Aunque el sistema financiero ha aprendido buena parte de las lecciones que arrojó el cierre del Banco Anglo Costarricense, aún quedan temas pendientes por resolver.

El próximo 14 de setiembre se cumplirán diez años del cierre del que era el banco más antiguo del país (fundado en 1863), hecho que demostró gran cantidad de vacíos legales y de supervisión, los cuales todavía no han sido cubiertos en su totalidad.

Además:

  • Reformas siguen pendientes
  • 10 años de historia
  • El principal avance ha sido la creación de un aparato de supervisión técnico e independiente, así como la aplicación de una batería de regulaciones con un enfoque preventivo.

    No obstante, una tarea pendiente es la de la supervisión consolidada a aquellas entidades que no realizan intermediación –como arrendadoras y empresas de factoreo– y la banca offshore.

    Al repasar las principales causas técnicas que llevaron al gobierno de José María Figueres a clausurar la entidad (véase recuadro: “Causas de la intervención”), se puede determinar cuánto se ha avanzado en términos de la supervisión bancaria.

    Según el último informe del interventor del Anglo, Rodrigo Bolaños Zamora, al momento del cierre, el Banco Anglo tenía pérdidas por ¢19.200 millones (US$102 millones), que al tipo de cambio actual sumarían ¢45.100 millones.

    Más de la mitad de esas pérdidas ocurrieron debido a la caída de los bonos de deuda externa venezolana, los cuales se adquirieron a través de su subsidiaria AVC (véase recuadro: “10 años de historia”).

    Aparato supervisor

    • Una de las causas que motivó la intervención del Banco fue la imposibilidad que tuvo la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) –previa a la Sugef– para supervisar a la AVC, la cual se utilizó para brincarse limitaciones legales de la época.

    Por eso, se considera que el gran avance hasta ahora ha sido la creación de un aparato supervisor técnico e independiente, que puede regular de forma directa a las entidades financieras.

    En 1995 se creó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) tras las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central y a la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional.

    Dicha legislación también elevó las sanciones para una serie de delitos como la intermediación financiera ilegal, la alteración de documentos y proporcionar informes falsos a Sugef.

    Incluso, ese aparato de supervisión se reforzó con la Ley Reguladora del Mercado de Valores (de 1998), que creó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), órgano director que tendría a su cargo las tres superintendencias.

    El otro gran cambio se dio al pasar de una enfoque de auditoría de cuentas a una supervisión prudencial, el cual se sustenta en las casi 33 normas que ha aprobado la Sugef desde 1996. Estas regulan prácticamente todos los riesgos propios de la actividad y hacen una evaluación cualitativa de su gestión.

    Tarea pendiente

    • Otras de las causas del cierre fue que la AVC fue adquirida por el Anglo para realizar operaciones netamente bancarias –lo cual hoy sigue siendo prohibido por ley–, pero la AGEF no tuvo potestad para supervisar y consolidar sus cifras con el Anglo.

    Aunque ahora el Conassif y las superintendencias tienen potestad de regular los bancos, los puestos de bolsa, los fondos de inversión y las operadoras de pensiones, está pendiente un gran capítulo de la supervisión consolidada: la de las entidades que no realizan intermediación –como las arrendadoras, las empresas de factoreo– y la banca offshore (véase nota en pág. 12).

    En intervenciones recientes, como la del desaparecido Banco Bantec, quedó demostrado la gran cantidad de operaciones de apalancamiento existentes entre entidades subsidiarias que no son supervisadas.

    Avances a medias

    • Siempre se ha dicho que la compra de títulos de la deuda externa venezolana y la posterior caída de esos valores fue la gran causa de la desaparición del Anglo, pues borraron en cuestión de semanas el capital de la entidad.

    Sobre este punto, la Ley Orgánica del Sistema Financiero señala que los bancos solo podrán adquirir valores para conservar su inversión y deberán hacerlo en títulos de absoluta seguridad y liquidez.

    Precisamente, ahora los bancos del Estado mantienen más de la mitad de su activo productivo en títulos valores, pero del sector público (Hacienda y Banco Central). Pero, sus puestos de bolsa son los únicos autorizados a adquirir y vender bonos.

    • Otro hecho que llevó a la caída del Anglo fue la autorización de sobregiros en cuentas corrientes, buena parte de ella sin contar con garantías suficientes.

    Aún hoy este aspecto todavía queda a discreción de los bancos, pues depende de ellos definir las condiciones de uso y vigilar a qué tipo de clientes se les otorga. Todo ello, no obstante, es parte de la gestión interna de la entidad, algo que la Sugef ha vigilado más de cerca desde el 2001 con su normativa de evaluación cualitativa.

    • Precisamente, en el Anglo se detectaron serias debilidades administrativas, como la ausencia de reglamentos formales de otorgamiento de crédito y de gestión de cobro. No obstante, la calificación cualitativa de la gestión de los bancos hoy tiene un peso importante dentro del modelo de calificación conocido como Camels.

    • Otro aspecto que llevó a la quiebra del Anglo fue el descuido en su cartera de crédito. Entre enero de 1993 y abril de 1994, la cartera de crédito del Anglo creció un 94% y su morosidad a más de 90 días un 657%, préstamos que hoy todavía generan dolores de cabeza.

    Según el último reporte del fideicomiso Banco Central-Banco Popular –que administra la cartera del Anglo– a mayo anterior los deudores aun debían ¢23.681 millones, de los cuales más de ¢17.000 están en cobro judicial.

    La Sugef implementó desde el 2000 su normativa 1-95, la cual califica el nivel deriesgo de los créditos otorgados y exige un nivel mínimo de provisiones. Dicha regulación se encuentra actualmente en proceso de modificación.

    No obstante, algunos consideran que es necesario mejorar el nivel de autosupervisión de los bancos, de manera que tenga una política sana de reservas, que genere recursos más allá de los exigido por la regulación. La reciente intervención del Banco Elca demostró que a pesar de las normativas, las entidades pueden tener deterioros considerables en sus carteras, lo cual puede afectar su solvencia.

    Causas de la intervención

    Estas son las principales razones que motivaron al gobierno de José María Figueres a intervenir y cerrar el Anglo en 1994:

    Compra de la subsidiaria Almacén de Valores Comerciales (AVC). Dicha empresa fue utilizada para captar recursos sin encaje, sin límites de apalancamiento, otorgar créditos, emitir certificados y contratar empréstitos externos sin autorización. A través de ella, también el Anglo adquirió los bonos de deuda externa venezolana. Esta empresa pertenecía a los hermanos José Luis y Mariano López Gómez. Posteriormente, se supo que el Anglo compró AVC con sobreprecio (US$500.000 de más).

    Compra de bonos de deuda externa venezolana entre junio de 1992 y marzo de 1993. El precio de esos bonos empezó a caer estrepitosamente a partir de enero de 1994 y para mayo el Banco registraba pérdidas por ¢1.600 millones, cifra que era mayor al capital del Banco. Al final, las pérdidas por la caída de los bonos superaron los US$50 millones (¢8.300 millones).

    El Anglo autorizó sobregiros en cuenta corriente por ¢4.737 millones (saldo a mayo de 1994), de los cuales casi ¢500 millones no tenían garantía y 12 eran por monto superiores a lo autorizado por ley. De ellos, casi el 50% estaban vencidos.

    La cartera morosa del Banco creció estrepitosamente entre enero de 1993 y abril de 1994. La cartera total del Anglo creció un 94%, pero el saldo atrasado a más de 90 días aumentó un 600% y representaba el 13% de la cartera total. Eso implicaba que la entidad tenía que hacer estimaciones por ¢5.838 millones y su capital apenas era de ¢1.600 millones.

    El Banco sufrió retiros masivos durante su proceso de intervención (entre junio y setiembre del 1994) que comprometieron su estabilidad y obligaron al interventor a solicitar créditos de redescuento con el Banco Central, lo cual incrementó sus pérdidas. A setiembre, había perdido la tercera parte de sus depósitos y había solicitado créditos al Central por ¢26.000 millones.

    El gasto de operación del Anglo prácticamente representaba el 92% de sus ingresos, lo cual ocasionaba bajas utilidades de operación. Cuando cerró tenía 1.760 empleados y 37 sucursales.

    El Banco carecía de políticas generales y reglamentos formales de otorgamiento de crédito y de los proceso de cobro, trámites de cobro judicial, etcétera.


    Sector financiero | Supervisión consolidada, seguro de depósito e información clave

    Reformas siguen pendientes


    Édgar Delgado Montoya

    Aunque han habido grandes avances en el tema de la supervisión financiera luego de la quiebra del Anglo, especialistas en los temas financieros coinciden en que faltan asuntos por mejorar, algunos más urgentes que otros.

    Empero, hay cierta confianza de que una debacle financiera del tamaño de la del Anglo es difícil de que ocurra hoy gracias al aparato de supervisión que existe.

    “Es muy difícil que un fraude de la magnitud del Anglo se pueda producir actualmente”, señaló Luis Diego Vargas, presidente del Conassif.

    “Con las regulaciones actuales sería más probable que (las dificultades financieras) se originen en el riesgo comercial implícito al que está expuesta cualquier entidad en competencia”, dijo Eduardo Ramírez, director legal del Banco de Costa Rica.

    Pero, se reconoce que hay aspectos que mejorar.

    Quizá el más urgente es el de la supervisión consolidada de los grupos financieros, dado que ahora las superintendencias solo pueden supervisar las entidades que hacen intermediación financiera (excepto el banco offshore), pero no las arrendadoras, las empresas de factoreo y las inmobiliarias.

    “Una verdadera supervisión consolidada haría más difícil que algo como lo del Anglo se repita”, señalo Rodrigo Bolaños, expresidente del Banco Central e interventor del Anglo (véase recuadro: “¿En qué se debe avanzar?”).

    Al respecto, Vargas confirmó que el Conassif está preparando un proyecto de ley para otorgarle a las superintendencias mayores potestades, el cual sería llevado al Congreso a finales de año.

    Vargas apuntó la necesidad de eliminar algunas distorsiones en el mercado que impiden una mejor competencia entre los bancos públicos y privados, como la falta de un seguro de depósitos.

    Lo anterior también llevaría a discutir si es necesario que el país cuente con tres bancos estatales comerciales realizando las mismas labores y que no compiten en igualdad de condiciones con los bancos privados.

    Autocontrol y directivas

    Otro aspecto que se debe mejorar es el autocontrol, es decir, la iniciativa de las entidades de no solo cumplir con la regulación existente.

    “Los bancos por sí mismos, en algunos campos, deben ir más allá de los mínimos que les pide Sugef y concretamente me parece que eso es necesario en el fortalecimiento de la cuenta patrimonial, pues hay que aprovechar las épocas de vacas gordas para capitalizar la entidad para cuando vengan las épocas de vacas flacas”, dijo el expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano.

    Lizano hizo hincapié en la urgencia de que los bancos hagan reservas adecuadas, no solo para los créditos deteriorados, sino para los que estén al día, pues son los primeros que se deterioran cuando hay remezones en la economía.

    Lizano también mencionó la necesidad de que los bancos cuenten con juntas directivas de calidad y que los directivos nombren a gerentes de calidad.

    “El mejor activo de un banco es estar en buenas manos”, señaló.

    Con él coincidió el extitular de la Sugef (1999-2003), Bernardo Alfaro.

    Otros especialistas explicaron que ese punto es difícil de cumplir en los bancos estatales, dado que los nombramientos en la junta directiva dependen del Gobierno de turno.

    La exdirectora del Banco Central Martha Arrea indicó que precisamente el tema de la gestión del banco –que es responsabilidad directa de sus jerarcas– es algo difícil de evaluar para los supervisores y en eso hay que mejorar.

    Otro punto importante en mejorar es el nivel de información que reciben los inversionistas, pues a la fecha buena parte de la información que Sugef utiliza para medir la estabilidad de una entidad no es pública (como el nivel de suficiencia patrimonial y su calificación de gestión, por ejemplo).

    “La información a los inversionistas sigue siendo mala. Cómo van a crear una cultura financiera en la sociedad si no se le da información”, señaló el exgerente del Banco Nacional (1992-1995), Omar Garro.

    ¿En qué se debe avanzar?

    Algunos banqueros y especialistas señalan aspectos financieros en los que aún es necesario mejorar.

    Eduardo Lizano: “Es clave que los bancos avancen en el tema del autocontrol”.

    Rodrigo Bolaños: “Todavía falta mejorar en la supervisión consolidada de los grupos”.

    Bernardo Alfaro: “La calidad de la junta directiva es clave en cualquier banco”.

    Luis Diego Vargas: ”Aún subsisten distorsiones a nivel de mercado que hay que evitar”.


    10 años de historia

    10 años de historia

    El 13 de junio de 1994 el Consejo de Gobierno acuerda intervenir el Banco Anglo, acogiendo una recomendación del Banco Central. Como interventor es elegido el entonces director de la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF, hoy Sugef), Rafael Díaz Arias. Díaz nombra como ejecutor de la intervención a Rodrigo Bolaños Zamora.

    El 29 de junio de 1994 se presenta el primer informe de la intervención, el cual confirma las anomalías detectadas por la AGEF a principios de junio. Del interventor hubo cuatro informes posteriores. La intervención concluyó en diciembre de ese año.

    El 14 de setiembre de 1994 el Consejo de Gobierno acuerda el cierre del Anglo. Tenía 1.760 empleados y 37 sucursales.

    El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea Legislativa aprobó la ley de disolución del Anglo, nombró una junta liquidadora (presidida por Marco Hernández) y una comisión investigadora. El 28 de julio de 1997, el plenario legislativo aprobó el informe de los diputados liberacionistas de dicha comisión, que recomendaba la inhabilitación de 28 personas para ejercer cargos públicos y exigía la destitución de cinco directivos bancarios.

    El 27 de setiembre de 1994 el juez cuarto de instrucción, Bernán Salazar, dictó un acto de procesamiento contra 14 funcionarios y directivos del Anglo y con ello abrió la causa penal por el caso.

    El 9 de octubre de 1997 el exgerente general del Anglo, Carlos Hernán Robles Macaya, fue condenado a 4 años de prisión por peculado, en relación a la compra de una pantalla electrónica. Robles salió de prisión el 8 de junio de 1999.

    El 10 de agosto de 1998 el Tribunal de San José elevó a juicio la causa relacionada con la compra de bonos de deuda externa.

    El 11 de setiembre de 1999 la autoridades costarricenses confirman que los hermanos chilenos José Luis y Mariano López Gómez, dueños de la firma ATF –comisionista en la compra de los bonos–, huyeron hacia su país natal. Fueron localizados por la Interpol el 25 de setiembre de ese año, pero el 9 de mayo del 2000 la Corte Suprema de Justicia de esa nación confirmó el rechazó a la petición de extradición por parte de Costa Rica.

    El 27 de setiembre de este año las autoridades detuvieron a su hermano Enrique López Gómez, pero fue liberado una semana después.

    El 19 de octubre de 1999 arrancó el juicio por la compra de los bonos de deuda externa.

    El 18 de junio del 2001, tras año y ocho meses de juicio, el Tribunal Penal de San José condenó a Robles Macaya a 25 años de prisión y a cada directivo a 15 años.

    El 22 de setiembre del 2003 la Sala Tercera ratificó la condena, pero reduce la pena de Robles a 24 años y las de los directivos a 12.

    El 5 de julio del 2004 Robles admite haber autorizado 70 sobregiros bancarios entre 1993 y 1994 y se somete a un proceso abreviado. Fue condenado a 8 años de cárcel.


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