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Domingo 29 de agosto, 2004 | |
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Agroindustriales renuncian a junta directiva de Conarroz Daniela Correa Los representantes del sector agroindustrial de la Corporación Nacional Arrocera (Conarroz) renunciaron este jueves a la junta directiva, aduciendo razones de obstaculización y politización de la entidad. José Joaquín Rodríguez, de la Compañía Arrocera Industrial, Eduardo Rojas, de El Canal Guanacasteco, Carlos González, de Demasa División Arroz y Rodolfo Soto, del Grupo Arroceros de Costa Rica, presentaron en conjunto su dimisión, según anunció el ex vicepresidente de Conarroz, Francisco Rodríguez, de la arrocera El Porvenir. De acuerdo con los agroindustriales, la renuncia la efectuaron como protesta porque eran minoría dentro de la junta directiva, comparado con la cantidad de productores quienes, según los que renunciaron, envían representantes que toman decisiones en contra de toda la industria arrocera. Agustín Navarro, presidente de Conarroz, fue señalado como uno de los responsables de la obstaculización por los agroindustriales, quienes añadieron que también renunciaron después de que la empresa Polianálisis (relacionada con el ahora vicepresidente de Conarroz, el exdiputado por Guanacaste Oscar Campos) intentara vender a la Corporación un estudio de asesoría a un precio muy elevado, a lo que ellos se opusieron. La renuncia se produjo a la junta directiva, pero no a Conarroz pues los representantes del sector seguirán formando parte de la asamblea de agroindustriales, órgano de base de Conarroz. Desde ahí, afirmaron, brindarán apoyo a la investigación que realiza la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la Corporación. De derecho público La Ley de creación de la Corporación Arrocera Nacional fue aprobada por la Asamblea Legislativa en el 2002, en medio de fuertes críticas por parte del Movimiento Libertario por considerarlo inconstitucional. Formó parte de un paquete de compromisos que el gobierno ante protestas y manifestaciones de los productores de arroz. Se trata de un ente de derecho público no estatal que sustituyó a la Oficina del Arroz, con el objetivo de establecer un régimen de relaciones entre productores y agroindustriales de arroz e impulsar la productividad del sector. Está facultada para importar arroz cuando el Consejo Nacional de Producción no pueda hacerlo y a distribuir el fondo de asignaciones no reembolsable -financiado con las utilidades de arroz importado y compensar a los industriales con base en cantidad producida localmente en un periodo determinado. La distribución de este fondo fue motivo de críticas recientes por parte de la Contraloría General de la República. Tanto este fondo con la ley de Conarroz fueron recurridas por la Asociación de Consumidores Libres ante la Sala IV, desde diciembre del 2002, cuyo fallo sigue pendiente. |
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