OPINIÓN

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Alterra: uno más de la lista

Resulta interesante preguntarse por qué al Gobierno le cuesta tanto poner en práctica y sacar provecho de la concesión de obra pública, mecanismo diseñado para resolver el problema de la carencia de recursos en el Estado para la inversión en infraestructura pública.

El mecanismo es simple: como en las arcas estatales no se cuenta con recursos para invertir, y tampoco está en capacidad de endeudarse para realizar las obras, mediante una licitación busca un tercero que invierta y administre una obra que le pertenece al Estado.

Dicha herramienta es ya eficiente en muchos países. En Panamá se desarrollaron proyectos viales, como un puente gigantesco que cruza sobre el mar y llega al aeropuerto internacional, obra que permite reducir el embotellamiento en la ciudad.

No obstante, en Costa Rica es preocupante la incapacidad de los gobernantes para sacar adelante un proyecto bajo esta figura legal, por ejemplo Alterra y la construcción del aeropuerto Juan Santamaría. Este caso debe de preocupar a las autoridades del Estado y a aquellos que desde los sectores público y privado hacen esfuerzos por promover la inversión extranjera directa, el crecimiento de las exportaciones y el turismo.

Nuevo escollo

Ahora se presenta un escollo más en el empedrado camino del nuevo aeropuerto: las tarifas. En este tema Alterra es rehén de la irresponsabilidad y ligereza con que algunos funcionarios manejan la cosa pública. Primero, las múltiples formalidades legales y tardanza de ciertas oficinas para resolver aspectos claves del contrato hicieron que Alterra asumiera la operación del aeropuerto tres años después de lo previsto.

Con el paso del tanto tiempo es lógico que las proyecciones de costos y financieras, en general, quedaran obsoletas. Fue necesario introducir ajustes reconocidos por el propio Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac), que estudió y autorizó las tarifas cobradas en el aeropuerto.

Luego la Contraloría General de la República desconoce las tarifas cobradas en el aeropuerto (las autorizadas por el Cetac) y ordena al Estado el ajuste de estas hacia abajo; desconoce así lo actuado y acordado por el Cetac, representante del Estado en estas negociaciones. El argumento de la Contraloría para actuar así: que el Consejo nunca envió a ese organismo el acuerdo-estudio mediante el cual ajustaba la tarifa.

Es probable que la Contraloría tenga la razón, pero es un acto de negligencia de las autoridades correspondientes no seguir el trámite formal que corresponde a cada caso.

Es ilógico cuestionar ahora a Alterra por las tarifas que cobra. Estas no son antojadizas ni fuera de una lógica financiera; responden a los costos reales reconocidos por una entidad del Estado encargada de vigilar la materia.

¿Empresas vigilantes?

Si cada empresa que viene al país debe vigilar que las oficinas del Estado hagan bien las cosas, ¿quién querrá invertir aquí?

¿Cuál es la seguridad jurídica que podemos ofrecer al capital extranjero cuando, en un tema álgido como este, algunas autoridades de Gobierno se limitan a argumentar, en forma simplista, que si Alterra no acepta el ajuste tarifario, entonces cabe rescindir el contrato?

Debe el Gobierno recapacitar sobre su política y atender el tema con urgencia, equidad y prudencia. No se trata solo de resolver el problema del aeropuerto bajo un marco de legalidad, se trata también de cuál mensaje quiere enviar a los inversionistas.

Independientemente de los recovecos legales, el país no puede perder el tiempo en materia aeroportuaria; basta con ver el antes y el después de Alterra en el aeropuerto. La sala para retiro de equipaje, la sala de acceso o de chequeo; un edificio moderno y sobrio.

Aparte, el Estado recibe beneficios financieros. Alterra le transfirió cerca de US$100 millones en tres años, y recibirá la porción tarifaria que le corresponda según lo establecen los contratos, para beneficio de toda la sociedad.

El aeropuerto Juan Santamaría es la puerta del país al mundo. Las autoridades deben buscar ya una solución negociada, respetuosa de la normativa nacional y de los intereses razonables de todas las partes.

Solo así demostraremos seriedad frente a los costarricenses y frente a todos aquellos que invitamos a invertir en esta noble tierra.

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