La administración y ejecución de las obras en el aeropuerto Juan Santamaría es punto de negociación entre el Estado y la firma estadounidense Alterra, ganadora por 20 años del Contrato de Gestión Autorizada. El diálogo ocurre luego de que los árbitros privados se declararon incompetentes para resolver la situación:

Problema: Buscar un modelo financiero que garantice los flujos de ingresos a las partes. La empresa pide el reconocimiento de la diferencia de más US$14 millones como gastos de desarrollo y operación. La Contraloría General de la República (CGR) se opuso. Además, los bancos internacionales que financiaron a Alterra se adelantarían a recurrir al fideicomiso al que llegan los ingresos del proyecto.

Propuesta: Una mezcla de opciones que combinaría aumento del plazo hasta por cuatro años más del contrato, una redistribución del flujo de ingresos que reciben las partes, así como una posposición en el inicio de algunas obras pendientes, dijo Quirós.

Plazo: Los bancos hablaron del 15 de enero, pero la CGR se tomaría hasta 45 días para dar el visto bueno al acuerdo que negocian las partes. Al menos se les comunicaría a los bancos el acuerdo tomado, previo pronunciamiento del órgano contralor.

El proyecto de la concesión de la carretera San José-Caldera tuvo un traspié a pocas semanas de que se iniciara la construcción del tramo Ciudad Colón-Orotina.

Problema: La empresa canadiense Lavalin, una de las del consorcio ganador en el que también está la argentina Cartellone, negocia con el MOPT su salida del proyecto. La empresa ya retiró la carta que había presentado al Poder Ejecutivo en la que indicó que el Estado incumpliría. Si el Gobierno hubiera contestado daba pie a una maraña legal que hasta el momento logró evitarse.

Propuesta: Que haya una cesión del contrato a favor de otra empresa interesada que asuma el lugar de Lavalin.

Plazo: El 8 de enero debería iniciar la obra. Si Lavalin no encuentra otra firma interesada, se repasaría la situación de los compromisos de las partes. El Estado debe responder por las ocho expropiaciones pendientes. Lavalin debe presentar los estados financieros Cabe extender el plazo hasta el 8 de abril, dijo el ministro Quirós.

La revisión técnica vehicular se encuentra en un proceso de evaluación.

Problema: El movimiento cívico nacional considera a Riteve como monopolio y podrían volver las protestas en las vías públicas, particularmente luego de que la Contraloría avaló su posición. Pero el contrato firmado ha sido avalado por la Sala IV. Además, hay diferencias en el tema de las tarifas, con una solicitud de revisión planteada por Riteve.

Propuesta: Se creó un órgano externo para analizar si existen vicios de nulidad en el contrato, que realizará una audiencia en diciembre. Si al final del proceso se considera que hay vicios, se enviará a la Contraloría. En caso contrario, el Movimiento Cívico debería limitarse a la vía contencioso-administrativa, afirmó Quirós.

Plazo: El MOPT espera un pronunciamiento de este órgano para enero a más tardar. Con respecto a las tarifas, el Consejo de Transporte Público valorará la petición de Riteve. Se espera su pronunciamiento para la segunda quincena de diciembre.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) enfrenta una investigación de la Contraloría y críticas de diferentes sectores por el manejo de las reparaciones de las carreteras.

Problema: Conavi enfrenta estudios que cuestionan la calidad de sus acciones (Laboratorios de la UCR y el Colegio de Ingenieros cuestionaron materiales que usó) y enfrenta problemas presupuestarios (en el 2002 se anuló el 41% de su presupuesto, en el 2003 el 17%).

Propuesta: El ministro Randall Quirós comentó que hay un problema por apelaciones excesivas y por problemas administrativos (hay obras atrasadas que deberán esperar al 2007), pero enfatizó que no ha encontrado dolo en la entidad. Indicó que se buscará un balance entre lo que se requiere y la realidad económica del país.

Plazo: Esperan resultados de estudio de la Contraloría. Entre tanto, se buscará un equilibrio durante el fin de año, para lo cual también deberán procurar la venia de los gobiernos locales.

Aunque los contratos de concesión portuaria para los servicios de remolcadores, terminal para granos importados y administración del puerto en Caldera solo requerían del refrendo de la Contraloría General de la República (CGR), estos fueron rechazados en octubre anterior:

Problema: Los contratos incumplían en 126 puntos los señalamientos del cartel original. La CGR estimó que eran prácticamente insalvables. Como reacción inmediata, Enrique Montealegre, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, afirmó que rebatiría las objeciones de la CGR.

Propuesta: Ajustarse a todos los puntos que señaló el ente fiscalizador. Falta conocer la posición de los colombianos del Consorcio Portuario Caldera y de la Agencia Aéreas y Marítimas S.A.

Plazo: La presentación de los contratos de nuevo ante la CGR estaba programada para principios de diciembre pero hubo atrasos, reconoció el ministro Quirós.

La adjudicación de la última consultoría que daría pie a la concesión del Tren Eléctrico Metropolitano (TREM) fue frenada en noviembre pasado por el presidente Abel Pacheco:

Problema: Ante denuncias del diputado José Francisco Salas, el mandatario pidió investigar ese proceso. Esa última consultoría no se ha adjudicado. El trabajo son los estudios ambientales, legales y la recomendación de la firma que administraría por 20 años el tren de Heredia a San José.

Propuesta: Informe detallado ante la junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones sobre el procedimiento seguido.

Plazo: El informe estaba previsto para noviembre pasado pero se conocerá en junta directiva del Consejo Nacional de Concesiones hasta enero próximo, confirmó el Ministro.