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Banca | Contraloría investiga origen de recursos administrados por Asociación Bancaria Costarricense

Cuestionan fondo de garantía de bancos


Édgar Delgado Montoya

A setiembre pasado tenía un patrimonio de US$23 millones

La Contraloría General de la República investiga el origen y la naturaleza jurídica de un fondo de garantía que protege a los inversionistas de los bancos privados y que es administrado celosamente por la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Dicha investigación se produjo luego de recibir una denuncia -el 24 de agosto anterior- del abogado Vinzenz Schmack, quien asegura que los recursos que originaron dicho fondo son públicos, pues fueron parte de los dineros girados por la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) al Banco Central entre 1982 y 1984 (véase recuadro: "Lo que prestó...).

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  • Estados financieros del fondo
  • No obstante, en 1989 el Central dejó el control absoluto del fondo a la ABC y ahora esta organización insiste en que el Central les giró parte de esos recursos para que ellos otorgaran créditos y que las entidades sacrificaron parte de su margen de intermediación para formar ese fondo, por lo que los recursos son privados.

    Pero la denuncia de Schmack encontró eco en un grupo de diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes exigieron al contralor, Alex Solís, fiscalizar el fondo con "carácter de urgencia".

    "Es un caso típico de desviación de recursos. Esos son fondos públicos, pues lo fueron en su origen, ya que la AID trabaja con fondos públicos en Estados Unidos.

    "Los fondos fueron propiedad del Banco Central y regulados por reglamentos, pero en determinado momento decidieron pasarlos a una entidad que los administra sin darle cuentas a nadie. (La ABC) determina cómo indemniza y eso es contrario al interés público", dijo el legislador del PAC, Rodrigo Alberto Carazo.

    Aunque la estructura financiera del fondo de garantía no es pública y la ABC declinó dar las cifras, este semanario supo que a setiembre pasado el patrimonio del fondo ascendía a ¢10.581 millones y generó excedentes por ¢1.119 millones (véase recuadro: "Estados financieros del fondo").

    Esos dineros se han utilizado para cancelar las inversiones de clientes (con ahorros menores a US$10.000) de bancos intervenidos.

    El origen del fondo

    Entre 1982 y 1984, el Gobierno firmó varios convenios de asistencia con la AID, por un monto cercano a los US$100 millones, que fueron administrados por el Central conforme a varios reglamentos.

    En 1985, el Reglamento para la utilización de los recursos de los convenios de asistencia AID, indicó en su artículo 7 que de la diferencia entre la tasa que el Central cobra a los bancos por los recursos y la tasa que cobraran los bancos a los usuarios de los créditos se separarían cuatro puntos porcentuales para constituir el fondo. No obstante, en ese momento, se estimó que dicho fondo se mantendría depositado en el Central y se utilizaría conforme a las reglas propuestas por la ABC, pero aprobadas por el ente emisor.

    En noviembre de ese año, la ABC propuso al Central crear un fideicomiso para administrar los recursos, iniciativa que fue respaldada por Banco Central, dado que su departamento financiero no tenía personal suficiente para manejarlos.

    En agosto de 1989, el Central modificó nuevamente el artículo 7 y decidió entregar control absoluto del fondo a la ABC.

    El expresidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Félix Delgado -quien en 1989 era subgerente del Central-, dijo no recordar porqué se tomó la decisión y remitió la consulta a los funcionarios del Central.

    Empero, un memorando de febrero de 1989, elaborado por el entonces director legal del banco, Fernando Hernández, y dirigido a Delgado señaló que el ente emisor no está autorizado legalmente para administrar fondos de terceros y que los recursos eran de la ABC.

    "El Banco Central concedió a los bancos cuatro puntos menos de tasa para que fueran destinados a ese fondo. Ellos no sacrificaron nada. Se trata de un fondo público", refutó Schmack.

    "Son fondos privados"

    El asesor legal de la ABC, Mario Gómez Pacheco, detalló que los puntos del margen que los bancos privados destinaron al fondo les pertenecían y, por lo tanto, son recursos privados. Aportó tres votos de la Sala IV que confirman lo anterior. Explicó que fue el Central el que obligó a los bancos a destinar parte del margen para crear el fondo y darlo en propiedad a la ABC.

    Sobre el hecho de que en un principio el Central vigilara el uso de los fondos y después no, Gómez dijo que era comprensible que la entidad vigilara por un tiempo que los bancos cumplieran con las condiciones pactadas, pero que una vez que los bancos pagaron los préstamos, dejara de intervenir en su administración.

    Ese criterio es compartido por Oscar Rodríguez, presidente de la ABC en 1989 y actual titular de la Superintendencia General de Entidades Financieras, quien manifestó que los bancos donaron parte de su margen a la creación del fondo. "Son fondos privados, sin duda", dijo.

    Lo que prestó la AID

    Durante el Gobierno de Luis Alberto Monge, el país firmó tres convenios de asistencia con la AID.

    AID 515-K-037:Firmado el 14 de julio de 1982, giró una asistencia financiera no reembolsable por US$5 millones y un préstamo al Banco Central de US$15 millones.

    AID 515-K-040: Firmado el 9 de diciembre de 1982, contenía una asistencia financiera no reembolsable por US$8 millones y un préstamo al Banco Central por US$56,5 millones.

    AID 515-K-043: Firmado el 7 de mayo de 1984, establecía un préstamo al Banco Central por US$12 millones.


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