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Legislación | Sala IV anuló acto que le dio concesión de mina

Minera esperará criterio del Minae para actuar

Industrias Infinito utilizaría todas las vías legales para continuar con explotación

Bajo la política de aguardar y luego actuar, la empresa Industrias Infinito, cuya concesión para la explotación y exploración de oro fue cuestionada por la Sala IV, esperará la posición que asuma el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) antes de valorar las acciones legales que tomará.

El pasado 26 de noviembre los magistrados resolvieron a favor de un recurso de amparo interpuesto por Carlos Murillo Ulate y sus hijos en marzo del 2001.

La decisión fue anular una resolución del Minae del 2001 donde se le otorgó la concesión a esta minera de capital canadiense, filial de Vannessa Ventures, para explotar oro, plata, cobre y otros minerales en el proyecto denominado Las Crucitas en Cutris de San Carlos, Alajuela.

Lo impugnado

Los demandantes argumentan que la concesión otorgada es ilegal porque parte de la propiedad donde se estaría efectuando la extracción está dentro de un área de amortiguamiento (protección) establecida por el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, que crea a su vez el Sistema Internacional de Áreas Protegidas para la Paz (Siapaz) .

"Aunque es solo un acuerdo de voluntades, el Siapaz en particular sí adquirió un marco jurídico y, por tanto, asume el carácter de tratado internacional", dijo Diana Murillo, una de las recurrentes.

Pero el presidente de Industrias Infinito, Erich Rauguth, dijo a El Financiero que no existe convenio ni tratado de orden bilateral o multilateral que pudiera impedir el desarrollo de este proyecto. Afirmó que nunca fue ratificado por el Congreso.

En efecto la Sala aclaró en 1998 que el primero carece de vigencia jurídica pero el segundo sí fue aprobado en el Congreso en 1994, pero detalló en aquel fallo, que tiene una vigencia posterior a los permisos otorgados a la empresa.

Rauguth adjudica el fallo a un error de interpretación pues ya la Sala IV había resuelto a su favor con los mismos argumentos que hoy se cuestionan (véase recuadro: "Seis años de lucha").

Al iniciar el gobierno actual se firmó un decreto que prohíbe la explotación minera a cielo abierto, pero Industrias Infinito y Ríos Minerales -también de origen canadiense- quedaron excluidas por haber obtenido el visto bueno tiempo atrás.

Otro de los puntos alegados se refiere a que Industrias Infinito logró la concesión sin contar con el aval de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), permiso aún sin concretar. Rauguth insistió en que la compañía está amparada a una legislación anterior donde el requisito inicial era obtener la concesión y luego el permiso ambiental y así se hizo.

Evitó referirse a las eventuales acciones que tomarán porque recordó que el fallo condena al Estado y al Minae, no a ellos, pero de ser necesario utilizarán todos los mecanismos y vías legales posibles.

Rauguth dijo que la noticia impacta a unos 3.000 inversionistas que aportaron dinero y dieron un voto de confianza por el proyecto y por el país.

Por su parte, Ríos Minerales obtuvo el aval ambiental desde el 2001 para su proyecto Bellavista en Miramar de Puntarenas, el cual está en construcción. Prevé obtener 500.000 onzas de oro durante ocho años.

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