OPINIÓN

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FOTO erick córdoba / para el financiero / archivo

¿La verdad sobre Alterra?

Jill Jamieson cuestiona, en su artículo "La verdad sobre Alterra" (publicado por El Financiero en su edición N°489, del 15 al 21 de noviembre del 2004), si alguien me habrá asesorado en la elaboración de mi artículo "Mi versión sobre Alterra" -como si eso fuera relevante- o si mantengo en mis archivos copias de los oficios que ella enviaba al Cetac cuando fungió como inspectora general del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Le recuerdo a Jill Jamieson, y al estimable lector, que se trata de documentos públicos que están a la disposición de quien los desee consultar, y que en este caso en particular, copias de ellos se encuentran en diversos lugares, ya que han sido incluidos en los respectivos expedientes de las múltiples investigaciones que se han llevado a cabo en la Asamblea Legislativa y en la Contraloría General de la República en los últimos tres años.

Irresponsable de mi parte sería que, habiendo hecho Jill Jamieson acusaciones tan temerarias como infundadas, no hubiera investigado yo los expedientes públicos donde se encuentra la prueba que puede ayudar a mi descargo.

¡Pero ahora resulta que doña Jill Jamieson es la dueña de la verdad absoluta!

El problema es, ¿a cuál Jill le creemos? ¿A la que hoy niega haber recomendado al Cetac diferir parte de sus ingresos en el contrato de la gestión interesada hasta por un máximo de US$12,4 millones, o a la que hace tres años defendía a capa y espada el mecanismo, el monto, y el hecho de que no se trataba de un préstamo?

Recomendación de Jamieson

Consta en no menos de tres documentos que fue Jill Jamieson quien recomendó el mecanismo y el monto de los US$12,4 millones, y es extraño que existiendo esa prueba -oficios firmados por ella misma- venga ahora a negarlo. En el oficio OFGI-FG-01-119 Jamieson recomienda, textualmente:

"VII. Conclusiones y Recomendaciones (.)"

"Segundo: Con base en lo dispuesto en la cláusula 22.2 del Contrato de Gestión Interesada, aprobar la utilización de los mecanismos contractuales previstos para ajustes temporales, para que el Cetac difiera parte de sus ingresos distribuibles durante los primeros tres años del Contrato con el fin de mitigar el déficit en las fuentes del financiamiento, de acuerdo con los siguientes términos:

"1. Monto Máximo de Ingresos Diferidos: A criterio del CETAC, un monto entre US$7-US$13 millones."

En el oficio OFGI-FG-01-119b, Jamieson cambia la redacción del punto 1 de la recomendación segunda, quedando de la siguiente manera:

"1. Monto Máximo de Ingresos Diferidos: A criterio del Cetac, el monto necesario para cubrir todo o una parte del déficit de financiamiento establecido en el modelo financiero adjunto (US$7,5 millones), o en su caso, el déficit señalado por los acreedores."

En el mismo oficio OFGI-FG-01-119b, tres páginas antes, doña Jill manifiesta: ".el Cetac también podría tomar en cuenta a [sic] momento de establecer el monto máximo de los ingresos diferidos, el hecho de que el IFC ha señalado su estimación del déficit en US$13,7 millones.", con lo cual su recomendación efectiva es diferir entre US$7,5 millones y $13,7 millones. El documento es claro, a pesar de que ahora Jamieson pretenda negar que esa fue su recomendación.

Por último, en el oficio OFGI-FG-01-124, Jamieson dice textualmente:

"Si el Cetac decidiera diferir parte de sus ingresos con el fin de subsanar el déficit de capital patrimonial, el monto máximo de los ingresos diferidos necesario para este efecto sería de US$12,4 millones."

Decisión política

La decisión de diferir ingresos por US$12,4 millones fue de naturaleza política, eso nadie lo ha negado. Esa decisión la tomó el entonces Presidente de la República, con base en las recomendaciones de doña Jill, como lo he demostrado.

El Presidente entonces comunicó su decisión al presidente de Bechtel Enterprises, con el objetivo de darle carácter de firme y evitar que los representantes locales de Alterra buscaran una negociación diferente.

Ello por cuanto en una primera instancia, según se desprende del oficio OFGI-FG-01-111 de la misma Jamieson, los representantes de Alterra buscaron un acuerdo en que el Cetac difiriera sus ingresos hasta por US$43 millones.

Jamieson habla en su artículo de intervención política en la ejecución del proyecto.

He demostrado que en el caso que nos atañe dicha intervención fue en respaldo de y con absoluto apego a las recomendaciones técnicas.

Tratándose de una de las principales y más estratégicas contrataciones que tenía en ese momento el Estado costarricense, sería iluso esperar que el Presidente de la República no se interesara por la misma.

Lo más intrigante

Lo más intrigante de este caso es que fue la misma Jamieson quien solicitó una cita conmigo para explicarme los alcances del mecanismo del diferimiento de ingresos, buscando a través mío apoyo político para fortalecer sus posiciones en lo que ella misma calificó de una muy complicada negociación con Alterra.

Y la decisión que finalmente tomó el Presidente, reitero, acuerpó en su totalidad las recomendaciones de Jill Jamieson, como ha quedado demostrado.

Doña Jill, son dos las cosas en que coincidimos: en la necesidad de que se investigue este proyecto con detenimiento, y en que el país merece conocer la verdad.

Sin embargo, no es con sus afirmaciones falsas y temerarias como se logrará dilucidar la verdad real del asunto.

Encuentre la información que dio origen a esta polémica ("Piden investigar gastos de Alterra" y "Hubo injerencia política a favor del gestor"), así como los artículos que han formado parte del debate en el sitio www.capitalfinanciero.com.

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