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Columna Tributaria |

Una nueva etapa

La tramitación que en la Asamblea Legislativa ha tenido o sufrido (dependiendo del cristal que se utilice) el proyecto de ley del pacto fiscal y reforma fiscal estructural, ha sido lenta y a ratos agobiante en función de la necesidad de dicha legislación para la sanidad de las finanzas públicas.

El atípico mecanismo legislativo de conocer el proyecto en una "Comisión Mixta" con presencia de empresarios, sindicalistas, solidaristas, cooperativistas, representantes de sectores campesinos y otros grupos de la denominada "sociedad civil" deberá valorarse en función de la transparencia aportada al proceso y sobre todo deberá analizarse la conveniencia de que grupos con intereses particulares y a la vez disímiles, converjan en la formulación de una ley de la trascendencia de la que hoy nos ocupa. Pero este análisis deberá producirse en su momento oportuno y a la luz de lo que en definitiva sea aprobado en nuestro Congreso.

Hoy creo que se debe aprovechar la nueva etapa en la tramitación que recién se ha iniciado en la Asamblea Legislativa para profundizar temas  fundamentales del proyecto. Con relación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios se debe lograr un justo balance entre la necesidad de dotar de más y mejores instrumentos a la Administración Tributaria y al Tribunal Fiscal Administrativo, con la obligación de garantizar  todo el componente de derechos y garantías del contribuyente.

En materia de impuesto al valor agregado, la discusión no debería girar sobre cuales servicios y bienes deberían estar excluidos, partiendo de la "Teoría del Pobrecito", tan utilizada  en nuestro país, sino analizando esas exclusiones en función de cuanto afectarán la generalidad del tributo y sobre todo la neutralidad que debe perseguir el mismo.

En materia de impuesto sobre la renta, es tema vital el componente de renta mundial, donde las características de la modalidad que se apruebe, si es que llegara a aprobarse, no deberían responder a posiciones de carácter ideológico y mucho menos personales, sino más ser producto de nuestra realidad de país importador y necesitado de capitales; las posibilidades de fiscalización de la Administración Tributaria y del análisis de la experiencia de otros países en este campo. De igual manera se deberá definir hasta donde sacrificar la globalidad del impuesto y todo el componente de renta sobre la base de incrementos patrimoniales netos, solo en función de facilidad en la gestión de la recaudación.

Esperemos que en esta nueva y definitiva etapa en la tramitación del proyecto, se cumplan con todas nuestras expectativas de justicia, neutralidad y además su sentido de urgencia.

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