ECONOMÍA

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Legislación | Tratado podría variar modelo del país, pero se deberán evaluar potestades legales

Cafta deberá pasar examen constitucional

Magistrados de Sala IV tendrán última palabra

El tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (Cafta, por sus siglas en inglés) requerirá no solo de los votos de los diputados, sino de los magistrados de la Sala Constitucional. Diversos dirigentes externaron la posibilidad de que el acuerdo comercial tenga roces con principios constitucionales.

Al indicar su rechazo al texto, el dirigente Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC) consideró que el acuerdo podría representar el desmantelamiento del Estado social de derecho.

El diputado José Miguel Corrales, del Partido Liberación Nacional (PLN), consideró que lo que se discutirá con el Cafta es el modelo de país. ?Es imperdonable modificar el Estado de derecho con un tratado", expresó.

Henry Mora, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, opinó que aprobar el Cafta podría ser un golpe de estado técnico, por violentar potestades constitucionales y establecer restricciones radicales al mismo Estado.

Entre las imposiciones que riñen con disposiciones constitucionales, según Mora, está prohibir al Estado la emisión de moneda e imponer el encaje legal a los bancos comerciales; prohibir al Banco Central los préstamos al fisco, y al Estado la emisión de títulos valores; la nacionalización de instituciones financieras y la expropiación de sociedades.

Bajo la lupa

Un examen preliminar permite aproximarse a este debate ineludible (véase recuadro: ?Puntos para revisión legal"). Constitucionalistas consultados advierten que, en principio, no encuentran roces con la Carta Magna, pero resaltan que la Sala IV es la que deberá realizar la evaluación definitiva porque el texto deberá ser revisado por los magistrados. Rodolfo Saborío comentó que no había encontrado ningún roce constitucional en el acuerdo. ?He revisado los capítulos de telecomunicaciones, seguros y compras públicas, no veo problemas", indicó.

Saborío desechó la crítica de que el Cafta desmantela el Estado social de derecho. ?No es cierto que se pone en riesgo por la apertura de servicios de telecomunicaciones y seguros. El Estado social es mucho más que la prestación de esos dos servicios públicos comerciales".

Agregó que se trata de monopolios creados por leyes, que pueden ser variados por leyes. Además, la decisión final es de los diputados, que pueden aprobarlos o rechazarlos.

Criterio similar expresó Fabián Volio, quien advirtió que el Cafta puede modificar la organización del país. "Desde que Costa Rica firmó en 1960 el tratado del mercado común centroamericano, transfirió competencias en materia aduanera al Consejo Arancelario Centroamericano". Volio advirtió que por tener el tratado un rango superior a las leyes, puede acordar la disolución de entidades creadas por ley, aunque no por la Constitución. Es decir, podría cambiar el modelo del país.

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