OPINIÓN

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Entre Paréntesis: El infierno y nosotros

En el ámbito internacional Costa Rica está siendo admirada por la actuación contra los involucrados en los premios, comisiones y “consultorías”, en los casos de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Claro que estamos en el principio. La verdadera prueba para la justicia y la democracia costarricense está por venir.

Sin duda esperamos que el Poder Judicial y el presidente de la República, Abel Pacheco, y su sucesor, se mantegan firmes. Sabemos que hasta el momento actuaron por reacción, después de las denuncias de La Nación y Telenoticias.

Pero hay más lagunas. Una de ellas es la misma actitud de Pacheco en el caso de las donaciones a su campaña presidencial, donde alegó tener desconocimiento. ¿Puede un capitán ignorar una avería argumentando que eso le corresponde al encargado de la sala de máquinas de su embarcación? ¿Puede un gerente general desconocer los ingresos y los costos de su empresa diciendo que eso es tarea del gerente de finanzas?

Otra laguna se da con la determinación de las responsabilidades de las autoridades en esas instituciones.

En el ICE, por ejemplo, arguyen ignorancia sobre lo que estaba pasando en las compras de la institución o que recibieron el mandato de la Contraloría General de la República de no tramitar las denuncias de diferentes proveedores, pues sería dar paso a una preapelación.

Pero no se puede postergar penitencias para el purgatorio: ¿Qué pasa cuando las irregularidades se dan en el diseño “a la medida” de los carteles? ¿Quién lo investiga y cuándo: hasta que se apela la adjudicació?

No creo que la responsabilidad de un directivo sea adjudicar conociendo que se cometieron posibles irregularidades. ¿Usted –estimado lector– adjudicaría a sabiendas de poner en peligro su propio nombre y patrimonio?

Dos cosas podrían estar sucediendo: los directivos se están sometiendo a la administración pública o hay un completo laissez-faire, laissez-passer.

No basta empatar con declaraciones y el show judicial. El país espera que se castigue a quién se compruebe actos ilícitos. También espera que actúe el Tribunal de Elecciones, que la Asamblea Legislativa deje de ser un pantano político, como en el caso del Contralor actual, así como que los partidos y el Presidente respondan por sus actuaciones y omisiones. De no ser así, será una señal apocalíptica. Será darle vía libre a la rapiña. Entonces, tendríamos un país en caída libre hacia su propio infierno, como lo viven Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela y México, entre otros.

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