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En esta suplemento:

Necesaria coordinación ante los desastres

El país carece de un sistema nacional de prevención y mitigación de desastres naturales


Nidia Burgos

El rápido crecimiento de la población en los últimos 10 años y su ubicación en forma desordenada en las áreas urbanas, ha favorecido que muchas personas se vean afectadas por desastres naturales.

Entre 1993 y el 2003 se registraron 2.959 eventos, en los cuales predominan las inundaciones, que representan un 61%, seguidos por los deslizamientos con un 25,7% y los vendavales con un 4,2%.

Fotos/Infos:

  • Personas y viviendas afectadas por inundaciones, deslizamientos y vendavales. 1994-2003
  • Número de personas y viviendas afectadas por eventos dañinos, por provincia. 1994-2003
  • Dichas situaciones afectaron a 118.670 personas y 16.833 viviendas.

    Las zonas rurales enfrentan menos incidentes, pero con mayor intensidad, lo que ocurre en forma opuesta en las zonas urbanas del país.

    Esto se vincula con el crecimiento de la población, pero más aún con la forma en que esta se distribuye: concentrada en el centro y con una expansión urbana desordenada.

    San José y Limón aparecen como las provincias con mayores impactos, pues tuvieron un 32,1% y 15% del total.

    Mientras, Guanacaste, Heredia y Puntarenas son las que mostraron menos registros de eventos naturales.

    Sin embargo, en las provincias costeras, como lo son Guanacaste, Puntarenas y Limón, es donde resultó una mayor cantidad de población afectada, representando en conjunto un 74% del total de habitantes de dichos lugares.

    A nivel cantonal, Desamparados reafirma su condición de riesgo en diferentes eventos naturales como inundaciones y deslizamientos mostrada en los últimos años. Esto posiblemente por un conjunto de factores urbanos, como la alta densidad poblacional y la consolidación de asentamientos humanos en precario.

    Otros aspectos que habrían influido en esta condición es el colapso del sistema de alcantarillado, el estrangulamiento de las quebradas y ríos debido a basura que se deposita en ellos y ante los rápidos procesos de expansión en estos lugares.

    Por sectores, el agropecuario y el de transportes son los que aparecen como los más afectados por los eventos naturales. El primero se vio perjudicado especialmente por las inundaciones, mientras que el segundo sufrió las consecuencias de las fuertes lluvias en los destrozos en la infraestructura vial.

    Por otra parte, los escapes de sustancias peligrosas se han dado sobre todo en las provincias más industrializadas como Alajuela, San José, Cartago y Heredia.

    Por ello, se recomienda dar prioridad a la actualización del Reglamento de Zonas Industriales para la Gran Área Metropolitana (GAM) y el resto del país.

    Además establecerlo como un requisito para regular las condiciones de establecimiento y ubicación de estos sectores en todo el territorio nacional.

    Entre estos incidentes, denominados de tipo tecnológico, destacan los accidentes químicos como los derrames y escapes o fugas, cuyas principales sustancias fueron los gases amoníaco, LPG, cloro, hidrocarburos como diesel, bunker, aceites solventes y gasolina.

    Sin embargo, se destaca como el desastre tecnológico más grave de la historia del país, la sobre irradiación de cobalto que sufrieron al menos 109 personas que eran tratadas por cáncer en el Hospital San Juan de Dios.

    Organización

    En el país se han logrado una serie de avances en la atención de estos eventos naturales, sin embargo, no existe todavía un sistema nacional de prevención y mitigación.

    Este sistema marcó la pauta como una opción válida de alerta temprana con participación popular y ha tenido repercusiones a nivel interno y externo del país.

    Entre las acciones tomadas está el desarrollo de un plan de vigilancia y monitoreo de las inundaciones en las cuencas medias y altas de los ríos y la participación de la población local e indígena de Limón y Cartago.

    Asimismo, en 1999 se aprobó la Ley Nacional de Emergencias y se estableció una organización sectorial e institucional con miras a la construcción de un sistema nacional de prevención y atención de desastres.

    Otro hecho que se reconoce es que a nivel municipal se muestra una mayor participación que 10 años atrás, pues un 80% de estos gobiernos locales colabora en los comités de la Comisión Nacional de Emergencia.

    A pesar de estos logros dichas organizaciones no trabajan en forma coordinada para garantizar la eficiencia.

    Se espera que el Plan Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que aún no ha sido aprobado, venga a resolver algunos de estos inconvenientes.


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