EDITORIAL

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El Poder Judicial merece nuestra confianza

Los gravísimos hechos de corrupción dados a conocer recientemente han provocado dolor y consternación entre la ciudadanía y, sin duda, contribuyen al desencanto y falta de credibilidad de una ya desgastada clase política.

No obstante ello, en medio de la crisis, existen razones para mantener el optimismo, pues el país ha sabido responder ante el duro golpe recibido: por un lado, una prensa incisiva e independiente ha actuado mayoritariamente con denuncias oportunas, investigaciones serias e información equilibrada y fundamentada. Por el otro, la destacada labor del Ministerio Público nos promete acciones firmes y decididas en el cumplimiento de sus delicadas funciones.

En una democracia madura como la nuestra, las instituciones deben conocer con exactitud el papel que les corresponde y los ciudadanos exigir que cada uno actúe dentro de los límites respectivos. Así ha sido hasta ahora y así debe continuar siendo. En el tanto las instituciones reaccionen adecuadamente y cada una de ellas cumpla con su deber, hay esperanza.

En este sentido, debemos recordar el mandato constitucional que dispone que al Poder Judicial le compete conocer de las causas penales cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan. Además, en nuestro sistema, le incumbe también al Poder Judicial, a través del Ministerio Público, la función de requerir ante los tribunales la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de acción pública.

En su accionar, tanto el Ministerio Público como los tribunales de justicia deben actuar apegados a los procedimientos legales establecidos, respetando los derechos de los ciudadanos, fundándose en pruebas y demostrando la culpabilidad de los involucrados. Esa es la manera en que debe funcionar un Estado de Derecho, en el que ningún ciudadano está por encima de la ley y ninguna autoridad actúa fuera de ella.

Por esa razón, es importante que los costarricenses entendamos que, para evitar la impunidad de los malhechores y alcanzar la justicia, es esencial que las autoridades judiciales continúen trabajando con cuidado e inteligencia, sin presiones externas ni motivadas únicamente por la indignación que hoy nos embarga. El Poder Judicial se merece nuestra confianza y es allí donde los acusados deberán ser juzgados y eventualmente condenados, conforme a la ley.

Al mismo tiempo, debemos ser suspicaces de aquellos oportunistas que pretenden aprovechar la situación para enlodar el nombre de todos quienes hayan participado en política o abogado por las reformas que el país necesita. La verdad es que la mayoría de quienes han trabajado en el pasado o trabajan hoy en la función pública o en la empresa privada lo han hecho con entrega y compromiso, y son igualmente víctimas de las intolerables actuaciones de unos cuantos desalmados. Tampoco es cierto que los actos de corrupción denunciados obedezcan a una orientación ideológica liberal. La corrupción tiene raíces más profundas y, por el contrario, se facilita, en mucho, por la existencia de un Estado grande y omnipresente en la actividad económica.

No dejemos, entonces, que el turbio ambiente de hoy nos confunda. La lucha contra la corrupción la debemos dar con firmeza, desde todas las trincheras y cualesquiera que sean nuestras creencias políticas, con fe en nuestro sistema judicial y utilizando los canales institucionales. Sí así lo hacemos, saldremos fortalecidos de este bache.

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