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Temen cobro retroactivo de impuestos con reforma fiscal


Randall Cordero Sandí
Periodista

Bajo el supuesto de que el plan de reforma tributaria sea aprobado por la Asamblea Legislativa en febrero del 2005, existe preocupación por una eventual aplicación retroactiva en el nuevo cobro de impuestos, pues la Administración Tributaria podría exigir los nuevos tributos para el actual periodo fiscal que inició el 1° de octubre pasado.

Allan Saborío, director de impuestos de Deloitte, admitió hoy que esta “aplicación perversa” podría ser uno de los caminos que escogería el Ministerio de Hacienda para recaudar los ingresos fiscales que el gobierno espera recibir con la reforma tributaria (¢200.000 millones), cuyo plan está en periodo de revisión de mociones en el Congreso.

Esta vía tendría la complaciencia de la Sala IV, pues ya ha permitido el cobro revertido de impuestos en otras ocasiones.

El otro camino sería la “muerte súbita” del actual periodo fiscal cuando empiece a regir el nuevo esquema tributario, y comenzar una nuevo en el 2005 bajo reglas claras.

Saborío estuvo esta mañana en un seminario organizado por Ecoanálisis, en el Hotel San José Palacio, donde expresó que espera que el plan fiscal reciba primer debate en la Asamblea Legislativa en diciembre de este año. Posteriormente, se realizaría una consulta de constitucionalidad en la Sala IV que estaría resuelta en un mes, para aprobar la reforma en febrero.

Pero insistió en que aun existe mucha incertidumbre sobre la fecha exacta en que se aprobaría el plan fiscal, porque hasta ahora todo se trata de supuestos.

Sin camino alterno

El socio de Deloitte advirtió que el gobierno no cuenta con vías alternativas a la aprobación del plan fiscal para recaudar los ¢200.000 millones que espera ingresen a sus arcas el próximo año, o para mejorar el sistema de recaudación.

Según él, la Ley de Contingencia Fiscal aplicada en el 2003 solo permitió recoger unos ¢50.000 millones, de un máximo esperado de ¢65.000 millones.

Si se pensara en una nueva ley de este tipo para los próximos años, en caso de que no se apruebe la reforma fiscal, Saborío consideró que el máximo de recaudación sería unos ¢40.000 millones (esta nueva ley no contaría con amnistía tributaria como sí la tuvo la del 2003), o sea, habría un faltante del 80%.

Si se produjera un alza temporal del impuesto de ventas, del 10% actual a un 13%, solo se conseguirían ¢90.000 millones adicionales, es decir, un 45% de lo esperado.


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