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La estadounidense dijo haber recibido amenazas para callar, pero negó haber reconocido a alguien.
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Entrevista | Señala a expresidente Rodríguez y su hijo Andrés

“Hubo injerencia política en favor del gestor”


Alejandro Vargas Johansson

Jill Jamieson vino la semana anterior a rendir testimonio ante el llamado de los árbitros privados que ven el caso de Alterra y el Estado.

Ella fiscalizó el contrato de gestión interesada que permite a Alterra Part- ners administrar el aeropuerto internacional por 20 años.

El pasado 14 de octubre, antes de salir para Estados Unidos donde reside y labora, conversó con El Financiero:

¿Hubo injerencia política en Alterra?

—La razón de mi renuncia fue la injerencia política en las decisiones técnicas.

“Renuncié dos veces. La primera vez en agosto del 2001, a raíz de una intervención directa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez en un asunto técnico. Él negoció a puerta cerrada con gente de Bechtel (dueño mayoritario de Alterra) US$12,4 millones a favor de Alterra”. (La segunda renuncia fue en diciembre de ese mismo año)

¿A qué atribuye esa injerencia política del expresidente Rodríguez?

—Es difícil decirlo. Hay mucha especulación principalmente en estos días. Algunos dicen que podría ser por razones filosóficas: “hay que salvar contratos de esta índole”. Pero hay un límite en todo esto.

“Otros, pueden tener algunas sospechas más siniestras. En múltiples ocasiones hubo intervenciones directas de la Casa Presidencial, de altos funcionarios de Gobierno para facilitarle las cosas a Alterra”.

¿Quiénes son los altos funcionarios?

–El ministro de Obras Públicas en aquel momento, Carlos Castro; el hijo del expresidente, Andrés Rodríguez. Todo esto no es nada nuevo. Consta en el informe de la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa (véase recuadro: “Recomendaciones congeladas”).

¿Tiene pruebas de comisiones para algunos políticos?

—Yo salí antes de hacer los análisis de los gastos del gestor. Mi recomendación sería investigar con muchísimo cuidado los famosos gastos de desarrollo. Allá sí se incluyen comisiones. No me corresponde decirle si son legales o ilegales. Además, recomendaría que investiguen muy cuidadosamente los subcontratos y a los subcontratistas.

¿Qué es una comisión legal y otra ilegal?

—Si no me equivoco, dentro de los US$18,5 millones (gastos de desarrollo, según Alterra) hay algunas que son comisiones de “éxito”. Esto es cuando uno gana una licitación. Es un premio que se paga. Esto no es compensable mediante un contrato público. Tampoco serían gastos de índice general.

¿Quién ganó ese premio?

—Entre las comisiones de éxito –no recuerdo bien– hubo para los representantes legales, en aquel momento, del bufete Daremblum y no se quién más.

¿Cuál es su interés al decir esto?

—Ninguno. Fui convocada al país por el tribunal arbitral a raíz del artículo que publiqué hace unas semanas en La Nación. Aquí dicen: “Quien calla otorga”. No puedo otorgar tan fácilmente.


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