ECONOMÍA

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Economía | Crecen las sociedades anónimas del Estado, pero no hay estudios concentrados en esta figura jurídica

Empresas públicas sin plan integral

Ministerio de Planificación pretende realizar evaluación, pero carece de recursos

Las empresas del Estado se encuentran en una encrucijada. Sin una visión de conjunto, con una mezcla de virtudes y limitaciones de la naturaleza privada y pública, enfrentan procesos de transformación en forma aislada.

Las seis sociedades anónimas en esta condición (véase el recuadro: “Estado, S.A.”) no son parte de un proceso de crecimiento ordenado: han sido fruto de experiencias aisladas que los diputados resolvieron con esta figura en diferentes momentos.

Sin embargo, es una tendencia en aumento. En los últimos 40 años se crearon las seis entidades que mantienen esa condición, pero solo en los últimos seis años se creó la mitad.

Esto a pesar de que hay señales de que el modelo puede generar problemas. En este año, Correos de Costa Rica S. A. solicitó una reforma a pesar de que su ley tiene solo seis años. “La idea de la ley era desarrollar herramientas para competir con empresas privadas, pero hay inconvenientes que no lo permiten”, indicó Susy Moreno, la gerenta.

Destacó que a su entidad se le fijan las tarifas y un canon, situación que no enfrentan las competidoras. “Se pretendía dar autonomía a la entidad, pero resultó un híbrido. Hay algunas lagunas que tratamos de aclarar sobre la marcha con la Contraloría y la Procuraduría”, expresó.

A pesar de eso, una consulta a la Contraloría y a la Procuraduría reveló que no hay un estudio sobre las empresas públicas, en conjunto, sino algunos informes individuales.

Otros en la palestra

La situación en otras de las empresas apunta a un panorama que puede cambiar.

En el caso de Racsa y de la Compañía de Fuerza y Luz, esperan la reforma al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ante la posibilidad de la apertura, dada la negociación en el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

En ese contexto, algunos –como el ingeniero Gerardo Fumero– plantean que Racsa no tendría razón de ser y que debería refundirse con el ICE.

También el caso de Recope puede obligar a ajustes. La entidad arrastra un atraso en las inversiones desde la década de los 90, pero para ello requería un incremento en los combustibles. Dado el comportamiento en los precios del petróleo, es una variable que se complica.

Adicionalmente, la empresa realizó en el 2000 una reforma para sus licitaciones, que ha generado algún nivel de polémica: el Sindicato de Profesionales y Técnicos pidió a la auditoría un estudio de por qué se reciben pocas ofertas para sus obras.

Falta visión conjunta

En este panorama resalta la ausencia de una visión de conjunto. El ministro de Planificación, Jorge Polinaris, indicó que la labor de esa cartera se encuentra en labor de recuperación.

“Mideplan apenas tiene diez funcionarios para evaluar todo el sector público y para el próximo año nos reducen el presupuesto en un 1%”, explicó.

Sobre las empresas públicas, Polinaris destacó que son una parte del entramado público que se evaluará con los criterios de la ley de presupuestos públicos.

Por otra parte, su creación no depende del Poder Ejecutivo.

Rodolfo Saborío, especialista en derecho público, comentó que el proceso arrancó como nacionalización de empresas (como los bancos, que se convirtieron en instituciones autónomas), pero que dio paso a un contrasentido, al transformar instituciones en empresas.

“Se creó una figura que no corresponde a la lógica internacional. No existe una regulación de esta forma jurídica, hay un gran vacío con reglas diferentes”, dijo.

A manera de ejemplo, Saborío destacó que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) brinda el mismo servicio que Jasec, en Cartago, pero la segunda no es empresa pública.

“Hay una anarquía, pero se vienen incorporando estas empresas dentro de la regulación del derecho público, con las leyes de Contratación Administrativa, la de Presupuestos Públicos y la de Control Interno”, manifestó.

Con esto se genera un conflicto entre su naturaleza privada y pública, aun sin resolver, pese a la tendencia de crear más empresas públicas.

La Municipalidad de Alajuela estudia pasar la administración del agua a un ente de este tipo, lo que ha generado oposición.

Y en la Asamblea Legislativa existe al menos un expediente para crear un banco de desarrollo con esta naturaleza.

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