EDITORIAL

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Alerta contra la inquisición

El hecho de que una misma persona ocupe altos cargos públicos de diversa índole en distintos gobiernos, ¿es de por sí un asunto reprochable y, por ende, una práctica a erradicar? Esta pregunta merece, a la luz de los actos de corrupción que han sido denunciados recientemente, una respuesta producto de la reflexión reposada y no una contestación apresurada fruto del apasionamiento, el simplismo y la demagogia; y es que el terreno del descontento político está tan bien abonado que esta interrogante puede prestarse fácilmente para poses y discursos populistas que no contribuyan en nada a las respuestas serias que Costa Rica requiere en momentos aciagos. Estemos claros en cuanto a que si bien una entronización en este tipo de funciones puede prestarse a la comisión de anomalías, cantidad de puestos no equivale automáticamente a un determinado nivel de corrupción.

¿Y de dónde surge la inquietud? Del informe especial que El Financiero publicó en su pasada edición. Según dicha publicación, una de cada cuatro personas que han sido nombradas o elegidas en altos cargos públicos en los últimos 18 años, ya había desempeñado algún otro puesto. Dentro de ese grupo, se encuentran 12 políticos que destacan como los que más continuidad han tenido en distintas funciones desde la administración Arias Sánchez (1986-1990) hasta hoy.

A partir de esos casos, y otros de los que dio cuenta nuestro reportaje, retomemos y replanteemos la pregunta inicial: ¿Es esa costumbre por sí sola un hecho reprochable y, en consecuencia, ha de ser considerada un vicio que debe ser extirpado del hoy postrado organismo político? Depende.

A simple vista, nuestra posición puede parecer ambigua, pero se debe a que no pensamos que esta interrogante admita una única y categórica respuesta, sino que debe ser contestada a la luz de cada caso; es decir, aquí no caben las generalizaciones, por lo injustas que pueden resultar, ni atacar dicha costumbre per se, pues esta también puede ser beneficiosa para la nación.

Si la carrera en la función pública de una determinada persona no ha sido fructífera para el país debido a incapacidad, nombramientos como pago de favores electorales, cálculo político para impulsar cambios impopulares pero necesarios, corrupción, excesivo afán de protagonismo, gestión al servicio exclusivo de determinados grupos o intereses y otros malos hábitos a los que desafortunadamente no han escapado este tipo de cargos, entonces nuestra respuesta a la pregunta es un sí rotundo; pero, reiteramos, un sí aplicado a ese caso específico.

Ahora bien, en caso de que el reiterado paso de un político por altos cargos de la función pública redunde o haya redundado –como sí ha ocurrido– en la acumulación de una experiencia que contribuya al desarrollo del país, la respuesta a la interrogante planteada no puede ser otra que un no contundente. Insistimos, un no solo en beneficio de este tipo de funcionarios ejemplares.

Y es que debemos velar para que el actual desencanto en determinados políticos y sus secuaces denunciados por actos de corrupción no conduzca a la acción extrema de ejecutar, en la hoguera moralista u oportunista que algunos están deseosos de encender, a una serie de conocidas y eficientes figuras públicas por el solo hecho de que han ocupado distintos puestos en diversos gobiernos. No es por cantidad de cargos desempeñados que se debe juzgar la trayectoria de un funcionario --aunque esto sí es indicio de lo cerradas que son las estructuras partidistas--, sino por sus aportes al desarrollo, capacidad, valores y cultura de rendición de cuentas.

Esto no quita, claro está, el serio e impostergable desafío que tienen los partidos políticos de abrirse verdaderamente a la participación de nuevas y valiosas figuras.

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