INFORME ESPECIAL

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Economía | Viraje de Figueres rescató paquete tributario

Gobierno varió composición y pasó del choque al pacto

La economía de Costa Rica enfrentaba incendios internos y externos en los primeros meses de 1995: el gobierno de José María Figueres veía desbordarse las metas de 1994 en la inflación (19,8% en lugar de 18%) y el déficit (8% del PIB en lugar de 6,6%), mientras la oposición bloqueaba el paquete tributario que debería dar ingresos por ¢40.000 millones.

Por ello las posibilidades de un acuerdo con los entes internacionales de crédito se volvían cenizas: en marzo se perdieron US$100 millones del Banco Mundial, del Programa de Ajuste Estructural (PAE III), mientras el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedía un ajuste severo.

Ante este dantesco panorama, el presidente Figueres dio en el primer trimestre de 1995 un giro en su estrategia que le permitió recuperar algo de la gobernabilidad que reclamaría en mayo como casi perdida: pasó de la confrontación al pacto.

Primero puso “orden” en Zapote, y varió el esquema de los cinco coordinadores (gobernabilidad con Elías Soley; reforma estatal con Rodrigo Oreamuno; desarrollo sostenible con Carlos Espinach; desarrollo económico con Carlos Manuel Castillo; y desarrollo social con Rebeca Grynspan), a un esquema de dos ejes a cargo de los vicepresidentes: Oreamuno a la relación con sectores y Grynspan a la coordinación económica y social.

Fue más que un cambio de esquema. Soley y Castillo salieron del gabinete, mientras se consolidó el grupo ATD (Asesoría para la Toma de Decisiones), en el que se ubicó a Grynspan, junto con los ministros Eduardo Doryan, Fernando Herrero, Leonardo Garnier, Florisabel Rodríguez y el asesor Roberto Hidalgo.

Con ello se evidenciaron discrepancias dentro del gobierno, que el mandatario procuró zanjar con el reacomodo, cinco días después de que el Banco Mundial indicara que no habría prórrogas al PAE III.

Pacto y nuevo aire

En este contexto, la dirigencia empresarial mostraba temores de una crisis económica similar a la que había enfrentado México (todavía se sentía la resaca del efecto Tequila por la devaluación de la moneda azteca), por lo que solicitaban con carácter de urgencia “un pacto nacional”.

Pero en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se vaticinó que la salida de Castillo y Soley anticipaba un recrudecimiento de las posiciones duras en el Gobierno. Ocurrió lo contrario. Figueres procuró apagar los fuegos y obtener un acuerdo, con sectores pero principalmente con la oposición.

Los contactos con el expresidente Rafael Angel Calderón y el diputado y virtual candidato Miguel Angel Rodríguez marcarían una nueva línea de la administración, que debería culminar el 28 de abril con el llamado Pacto Figueres-Calderón.

El acuerdo se forjó como un intento de frenar la ingobernabilidad y consensuar una agenda de reforma del Estado, pero no lograría concretar varios de sus puntos, como el cierre de instituciones (Incofer, IFAM, Dinadeco) y una profunda reducción del aparato público. En cambio, logró salvar el paquete tributario, que el PUSC bloqueaba mediante la presentación masiva de mociones.

La propuesta del Gobierno (elevar de 10% a 15% el impuesto de ventas, crear un impuesto del 1% a los activos de las empresas) era rechazada por el PUSC, por considerar que no se necesitaban nuevos tributos, sino cobrar mejor los que existían, reducir el gasto público y plantear antes una reforma integral. Por su parte, el Gobierno destacaba que se requerían nuevos recursos para frenar la inflación y el crecimiento del déficit.

Uno de los efectos colaterales del pacto fue precisamente el levantamiento de las estrategias parlamentarias rojiazules contra los impuestos. Eso permitiría que en agosto se aprobara la reforma, tras intensas maniobras parlamentarias.

Los impuestos permitieron también el control del incendio externo: eran un requisito del FMI para que no se consumieran créditos que restaban del PAE III, así como un convenio con el FMI logrado en febrero, en el cual se exigía un ajuste.

Pero el pacto sería un talismán de poderes reducidos: la fuerte impopularidad del Gobierno (la encuesta Unimer registró en enero un aumento de las opiniones negativas de 12,8% a 36,6%), reforzada por medidas polémicas como el plan de despidos y la unificación de regímenes de pensiones, enfrió el ánimo en el PUSC de mantener la colaboración.

Además, la sombra del escándalo por el cierre del Banco Anglo afectaba la credibilidad de los políticos, mientras la comisión legislativa que indagaba el caso mostraba problemas para lograr un informe de consenso.

Figueres había logrado maniobrabilidad con el cambio de estrategia, pero tuvo que sacrificar sus metas de una reforma profunda.

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